Campesinos mexicanos y centroamericanos en los campos agrícolas de Yakima, Washington, con la esperanza de que esta vez se consume la reforma migratoria. Foto: https://yakimadiocese.org/.

Como se recordará, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas anunció recientemente nuevas directrices para el cumplimiento de la Ley de Inmigración, que ordena, entre otros a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, enfocar mejor los recursos del DHS en la captura y expulsión de los no ciudadanos sólo cuando éstos sean una amenaza para la seguridad pública a nivel nacional, y para la seguridad de las fronteras.

De la redacción

Los agentes de ICE ahora tendrán como prioridad garantizar una evaluación justa y caso por caso de una persona para determinar, primero si debe ser detenida, y si representa realmente una amenaza para la comunidad. Y es que en los últimos seis meses el Secretario Mayorkas mantuvo “múltiples compromisos con la fuerza laboral y el liderazgo de ICE en todo el país, así como con una variedad de partes interesadas, incluidos líderes policiales, cívicos y comunitarios a fin de informar sobre la nueva guía”, dice el DHS en su página web.

Al respecto, hoy el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, NILC, dio la bienvenida a estas nuevas reglas sobre sobre la aplicación de la referida Ley de Inmigración en los lugares de trabajo, donde laboran miles de inmigrantes indocumentados.

La directora ejecutiva NILC, Marielena Hincapié emitió la siguiente declaración en respuesta al nuevo memorando del DHS: “El anuncio de parte de la administración de Biden señala cambios fundamentales en el futuro, que harán que los lugares de trabajo en todo el país sean más seguros y más equitativos para todos los trabajadores y, finalmente, pondrán fin a las redadas profundamente dañinas en dichos sitios de trabajo”.

Las nuevas medidas del DHS también “garantizarán que los inmigrantes que trabajan en escuelas, fábricas, plantas empacadoras de carne, hospitales, sitios de construcción y otras industrias esenciales puedan hacer su trabajo de manera segura y hablar en contra del trato injusto sin temer a la intimidación, arresto o deportación solicitada por el empleador”.

Las redadas en el lugar de trabajo, dice Hincapié en un comunicado de su oficina, “han devastado comunidades enteras y han amenazado la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores”. En los últimos años, agrega la destacada abogada y también activista, “NILC y nuestros socios legales en el caso Zelaya v. Hammer han estado peleando en la corte junto con inmigrantes valientes cuyos derechos fueron violados cuando la administración anterior allanó violentamente la planta procesadora de carne de Southeastern Provision en 2018”.

Y recomienda asegurarse de que el anuncio de Mayorkas, de poner fin a redadas similares, se cumpla con acciones significativas. “Todos los trabajadores, sin importar el lugar de nacimiento, tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y digno con un salario justo. Esperamos continuar asociándonos con sindicatos, socios de derechos de los trabajadores y la administración de Biden para garantizar protecciones fundamentales a los trabajadores, que fortalecerán los estándares laborales para todos los empleados y crearán un sistema de inmigración más justo e inclusivo que reconozca la humanidad y las contribuciones de todos los inmigrantes”.

Hincapié agregó: “Aplaudimos al Secretario Mayorkas por dar este paso transformador que representa un cambio de paradigma, que deja de apuntar a los trabajadores indocumentados y responsabiliza a los empleadores sin escrúpulos que son los responsables de deprimir las condiciones laborales de todos los trabajadores”.

Las nuevas pautas de aplicación de la Ley de Inmigración anunciadas el 30 de septiembre, aclaran que “la presencia ilegal no convierte a alguien en una prioridad para la deportación”. Además, el DHS anunció hoy una revisión interna de las políticas de cumplimiento en el lugar de trabajo, “lo que indica un cambio loable de las redadas de inmigración en los lugares de trabajo a favor de la creación de políticas que enfaticen la responsabilidad del empleador”.

Las agencias encargadas de hacer cumplir el orden público, que dependen del DHS, también “establecerán procesos para prevenir el abuso por parte del empleador”, del sistema de verificación del estatus migratorio del trabajador, conocido como E-Verify, “para brindar protecciones afirmativas a los trabajadores inmigrantes involucrados en disputas laborales”■