Paciente en tratamiento de diálisis. Foto: Flickr/shanelkalicharan.
Por David Tuller y Harriet Rowan
Este año, las clínicas de diálisis de California, y sus ganancias, se encuentran en la mira de un poderoso sindicato.
El 6 de noviembre el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW ), espera lanzar un golpe punzante con una medida en la boleta electoral diseñada para limitar las ganancias de las clínicas.
La Proposición 8, o la «Ley de Precios Justos para Diálisis», limitaría las ganancias de las clínicas de diálisis al 115 por ciento de los costos de la atención al paciente, con ganancias superiores a esa cantidad que se reembolsarían principalmente a las aseguradoras.
Medicare y otros programas gubernamentales que pagan precios significativamente más bajos por la diálisis no recibirían reembolsos.
Ha sido una campaña costosa que sugiere grandes apuestas para ambas partes. El sindicato, que patrocinó la iniciativa y representa a más de 150 mil enfermeras y otros trabajadores de la salud en California, ha invertido hasta ahora casi 17 millonesde dólares en el esfuerzo.
Dos compañías nacionales con fines de lucro, líderes en diálisis, DaVita y Fresenius Medical Care, dominan el mercado de California y están peleando duramente, contribuyendo con más de 40 millones de dólares y 22 millones, respectivamente, para hacer fracasar la medida. En total, las empresas de diálisis han recaudado más de 72 millones de dólares para oponerse a esta iniciativa.
En California, cerca de 70 mil pacientes necesitan diálisis, que esencialmente realiza la función renal de manera regular en pacientes cuyos riñones están fallando. DaVita y Fresenius controlan el 70% del mercado nacional. Entre las dos empresas, reportaron más de 4 mil millones de dólares en ganancias operativas el año pasado.
Defensores dicen que la iniciativa estimularía a las clínicas a reducir los salarios de los ejecutivos, aumentar la inversión en la atención del paciente y bajar los precios para los pacientes con seguro privado.
«Permitirá que estas compañías obtengan buenas ganancias, pero no las ganancias obscenas que tienen ahora», dijo Steve Trossman, portavoz del sindicato y de la campaña «Sí a la 8».
Los opositores argumentan que el tema es demasiado complicado para decidirse en las urnas, y que podría reducir el acceso de los pacientes a la atención, lo que provocaría que la gran mayoría de las clínicas perdieran dinero y obligaría a muchas a cerrar.
Fresenius y Davita remitieron preguntas sobre la iniciativa a la campaña «No». Pero en una llamada sobre ganancias el mes pasado, el director ejecutivo de DaVita, Kent Thiry dijo que la aprobación de la iniciativa en California tendría principalmente efectos «insostenibles» en los centros de diálisis.
La iniciativa es parte de la amplia campaña del sindicato para forzar cambios en la industria de la diálisis. En agosto, los legisladores de California aprobaron un proyecto de ley promovido por el sindicato, que habría limitado efectivamente las tasas de reembolso para las clínicas de diálisis. El gobernador demócrata Jerry Brown lo vetó el mes pasado.
Hace unos años SEIU-UHW comenzó a organizarse entre los trabajadores de las clínicas de diálisis, expresando preocupación por el saneamiento deficiente, las altas tasas de infección, la falta de personal, los precios exorbitantes para las personas cubiertas por seguros privados, y otros problemas. El sindicato incrementó sus esfuerzos para poner la medida en la boleta electoral, después que los intentos legislativos por abordar algunos de los problemas se estancaran el año pasado.
Según Thad Kousser, profesor de la Universidad de California-San Diego, la estrategia de usar las elecciones para ejercer presión política es una práctica estándar y no es exclusiva de SEIU-UHW. Incluso si la iniciativa de diálisis es derrotada, Kousser dijo que «fortalece la mano del sindicato para futuras negociaciones».
El sindicato dice que utiliza la votación para mejorar las condiciones de salud de todos los residentes del estado, no sólo de sus miembros. «Tomamos la decisión como sindicato hace algunos años de que, para tener éxito, no podíamos simplemente estar preocupados por nuestros propios miembros y nuestros propios intereses, y tener anteojeras», dijo Trossman.
Tonterías, dicen los críticos.
«El giro del SEIU-UHW es que el sindicato está en una cruzada por una California más saludable, sin intentar una vez más obtener influencia sobre los empleadores de atención médica», declaró un editorial el año pasado en el San Diego Union-Tribune. “Los californianos con insuficiencia renal tienen suficientes preocupaciones. No deberían ser peones políticos».
Citando hallazgos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la campaña “No a la 8” señala que las clínicas de California tienen una tasa más alta que las de otros estados en cuanto a medidas de calidad de atención, como evitar transfusiones innecesarias, prevenir infecciones y mantener los niveles apropiados de calcio en sangre.
Pero otra investigación, como un estudio de 2014 sobre beneficiarios de Medicare en todo el país, encontró que los pacientes atendidos en clínicas con fines de lucro tenían tasas de hospitalización más altas que los de los centros sin fines de lucro.
Defensores tienen un fuerte apoyo de la fuerza laboral y del Partido Demócrata. La Asociación Médica de California y algunos otros grupos médicos, junto con muchos veteranos y organizaciones empresariales respaldan la campaña «No», argumentando que el cambio pondría en riesgo a los pacientes de diálisis.
No todos los pacientes de diálisis apoyan la propuesta. DeWayne Cox, un cineasta independiente de 55 años y conductor de Uber en Sherman Oaks, dijo que su oposición va en contra de su inclinación natural a apoyar a los trabajadores. Pero teme que los cambios mandatorios obliguen a las clínicas a cerrar y dificulte que pacientes como él reciban diálisis.
«Vengo de una familia de sindicalistas, creo en los sindicatos, pero en este caso cuestiono sus motivos [SEIU-UHW]», dijo Cox■
