Al centro, Norma Angélica, Fátima y Yuleni Avélica, esposa e hijas respectivamente de Rómulo Avélica . Foto: www.wsws.org
De la Redacción
En medio del endurecimiento y la opacidad en la política de migración de la actual administración federal, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se declara “zona segura” y prohíbe a su personal dar información a los agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para proteger la integridad de los estudiantes, al tiempo que toma medidas para asistir a familias inmigrantes, reporta el periódico losangelino, La Opinión.
La noticia de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de los Ángeles, LAUSD, no es menor, pues se trata del segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos, con 640 mil estudiantes en sus salones de clases, cuya información personal tiene un alto valor para las autoridades escolares de esa megalópolis der suroeste del país, que propone con esta medida proteger la integridad de los datos personales de sus estudiantes.
A los miembros de la referida Junta Escolar les preocupa la persecución que los agentes de ICE realizan contra los inmigrantes en las inmediaciones de las escuelas, donde tanto La Opinión como la prensa de otras regiones del país han dado cuenta cotidianamente de casos de aprehensión de padres o madres de familia que al llevar a sus hijos a la escuela han sido detenidos por los agentes migratorios para su posterior deportación, muchas veces de manera expedita.
Al parecer, los autores de la medida, Mónica García y el Dr. Ref Rodríguez se apartan de la terminología “de moda” sobre las políticas que definen a las ciudades santuario, y llaman a dicha resolución una política de “zonas seguras”, para brindar protección no sólo a los estudiantes y sus familiares sin documentos legales de migración, sino para desmarcarse de las políticas antinmigrantes que emanan de la Casa Blanca.
A estas alturas, la medida no es ya sólo preventiva ni hipotética. Como es sabido, entre muchos otros casos ocurridos en otras zonas del país, el 28 de febrero pasado, en las cercanías de una escuela chárter (Avance, en Lincoln Heights), Rómulo Avélica, padre de una estudiante que llevaba a su hija a la escuela ese infortunado día fue aprendido por agentes de ICE.
La Opinión afirma que este hecho prendió las luces de alarma “para muchos padres y estudiantes… respecto a la posibilidad de que las escuelas son un lugar de riesgo para las familias inmigrantes en la era de Trump”.
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU ha tomado cartas en el asunto, y Sylvia Torres Guillén, su directora de igualdad educativa en California afirmó que “la resolución patrocinada por García y Rodríguez está modelada en las mejores prácticas” aconsejadas por esta organización, que versan sobre extremar precauciones.
Y aunque el secretario de Seguridad Nacional (DHS), JOh Kelly ha reiterado que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) sigue respetando las reglas internas que prohíben a sus agentes entrar en lugares ‘sensibles’ como escuelas, iglesias y hospitales, la verdad es que esto no es así; o por lo menos no siempre es así, dice el periódico losangelino. Y agrega que “el arresto de Avélica impulsó la creación de una nueva coalición comunitaria para proteger al estudiantado”.
La organización civil denominada, ‘Las Escuelas de California son Santuario’, CASAS (California Schools are Sanctuaries), formada por activistas y maestros, “trabajó con la ACLU del sur de California para diseñar la nueva política de LAUSD, que servirá para articular claramente y además castigar cualquier violación a las reglas por parte de cualquier persona dentro del distrito”.
Torres Guillén subrayó por su parte que en su organización están convencidos de que “en este país las escuelas deben ser santuario de aprendizaje, descubrimiento y libertad, y el miedo acaba con todo eso… Esta medida –de LAUSD- permite ir un paso más allá de lo que hacía el Distrito y continuar protegiendo a nuestras familias”.
La nueva política parece estar dotada de ‘dientes’ esta vez, pues “castigaría a cualquier miembro del personal de una escuela que revele información personal de cualquier estudiante a una entidad externa”, sostuvo la abogada de ACLU, Sylvia Torres Guillén.
Otro de los componentes de la nueva medida de LAUSD contempla el entrenamiento a maestros y personal escolar para saber cómo manejar la presencia de ICE en los planteles educativos, dice la fuente. Además, “que las escuelas y otros centros relacionados al distritos provean información y recursos para la defensa de los inmigrantes, y que se formen alianzas con grupos comunitarios para realizar sesiones informativas y dar acceso a recursos legales”.
Y el superintendente escolar también juega un papel. Éste tiene que crear una red de respuesta rápida para asistir a estudiantes y familiares que hayan sido detenidos. Y “regular la información de los estudiantes y la comunicación con cualquier autoridad externa, incluyendo autoridades migratorias de la siguiente manera:
La fuente cita estos seis puntos:
- Prohíbe que las autoridades escolares pidan o registren información del estatus migratorio o lugar de nacimiento sobre el estudiante o su familia y prohíbe que se comparta tal información, si la tienen.
- Se prohíbe que la escuela informe a agentes federales de información personal relacionada al estatus migratorio, asistencia pública, identidad sexual y record disciplinario escolar, entre otras.
- Se prohíbe entregar información a agentes migratorios hasta donde sea posible dentro de la ley federal.
- Establece un proceso de revisión por autoridades superiores y legales del distrito en caso de haber una solicitud de información u orden judicial de parte de autoridades migratorias.
- Ningún empleado del distrito, incluyendo la policía de los campos escolares, colaborará con órdenes de arresto de ICE y, en caso de haberlos, los referirá a superiores distritales y a los abogados del Distrito.
- Ordena a la policía escolar mantenerse al margen de la aplicación de leyes migratorias, no participar en el trabajo de las autoridades federales y no permitir que ICE utilice ninguna escuela para realizar arrestos.
En la conferencia de prensa donde se anunció la medida estuvieron presentes las hijas pequeñas de Rómulo Avélica, Fátima y Yuleni, y Norma Avélica, esposa del inmigrante deportado. Ambas dijeron a La Opinión que el cambio de política, que afecta a todas las escuelas del Distrito, ayudará a que otros estudiantes “no vivan lo que vivimos nosotras”■
