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De la redacción

El gobierno tendrá que demostrar ahora, de manera más concreta y específica la comisión de un crimen que fue cometido de manera violenta para que éste produzca una deportación, debido a una decisión que dictaminó la Corte Suprema este martes, tras votar 5 a 4 en el caso Dimaya v. Lynch, estableciendo que para etiquetar ciertos tipos de crímenes simplemente como «crímenes de violencia», es “demasiado vago para provocar un proceso de deportación”.

En un comunicado del Foro Nacional de Inmigración, su directora de Políticas y Defensa, Jacinta Ma declaró que «Ahora, antes de deportar a alguien, incluido un residente permanente legal, el gobierno tendrá que demostrar que un ‘crimen de violencia’ en realidad fue violento… La Corte Suprema dictaminó que tal determinación debe basarse en hechos, no en afirmaciones generales… Es un buen paso para abordar los problemas con nuestras leyes de inmigración, pero al final, necesitamos que el Congreso apruebe mejores leyes».

La agencia Reuters reporta por su parte que la ley requiere ahora que la deportación de un inmigrante convicto por “ciertos crímenes” de violencia es simplemente “inconstitucional». Esta decisión, “podría obstaculizar la capacidad de la administración Trump para intensificar la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales”.

Al realizar la votación de 5 a 4, el juez conservador, nominado a la Suprema por el presidente Trump, Neil Gorsuch se unió el voto de los cuatro jueces “liberales”, dice Reuters, invalidando la disposición previa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La jueza Elena Kagan, quien escribió la decision, fue criticada por la administración federal, tras haber ordenado la deportación de Dimaya después de que éste hubiera sido condenado en dos asaltos domiciliarios en California, en 2007 y 2009. “Ningún robo involucró violencia”, diría la magistrada.

El escrito de Kagan señala que “la ambigüedad en torno a la provisión de crímenes de violencia”, creó confusión en los tribunales inferiores. “¿El robo de autos califica como un delito grave violento?», se pregunta Kagan en su escrito. «Algunos tribunales dicen que sí, otros dicen que no”.

El fallo del tribunal no afectará una serie de crímenes graves, incluidos los delitos de asesinato, violación, falsificación o terrorismo, que se mencionan específicamente en la ley de inmigración como motivos para la deportación, dijeron a la fuente varios abogados del ramo. “Eso podría limitar su impacto, aunque el gobierno no proporciona datos sobre qué delitos desencadenan la mayoría de las deportaciones”.

El periódico San Francisco Gate publicó por su parte que con esta sentencia, acerca de un caso del área de La Bahía, “con el voto crucial del juez Neil Gorsuch el Tribunal Supremo anuló una ley federal de inmigración que exigía la deportación de cualquier ciudadano no condenado por un delito que representara un ‘riesgo sustancial’ de violencia”.

El fallecido juez Antonin Scalia, miembro destacado del ala conservadora del máximo tribunal de justicia de la nación, había escrito la sentencia en 2015. Gorsuch, quien fue designado por Trump el año pasado precisamente para suceder a Scalia, había sido “un inquebrantablemente juez conservador en sus decisiones hasta este martes”, afirma el SF Gate. Pero, invocó a su predecesor en una opinión enérgica que proporcionó a los jueces más liberales del tribunal una quinta votación decisiva.

«Las leyes imprecisas invitan al poder arbitrario», dijo Gorsuch, citando la historia legal desde el momento de la fundación de la nación, como a menudo lo había hecho antes Scalia. «El silencio de la ley (al definir los crímenes que requieren deportación) deja a los jueces a sus intuiciones, y a la gente a su suerte».

Mientras que la opinión de Kagan aplicaba el estándar de vacío o de vaguedad sólo a una ley de inmigración que hacía obligatoria la deportación, Gorsuch sugirió que el mismo estándar debería aplicarse a las leyes no criminales “que pueden costarle a los ciudadanos sus licencias comerciales o sus hogares, o incluso su libertad…”, dice la fuente.

En una opinión disidente, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo ayer martes que la disposición en cuestión, de la ley de inmigración, debería haber sido confirmada. Roberts señaló, de acuerdo con Reuters, que “el fallo tendrá ramificaciones significativas porque la definición del mismo delito de violencia se usa en muchas otras leyes, incluido el uso o portación de armas de fuego durante un crimen violento, y podría poner en duda las condenas bajo ellos”.

El Tribunal Supremo escuchó los argumentos en el referido caso, Dimaya v. Lynch el 2 de octubre, en el primer día de su actual período de nueve meses. “Inicialmente, el tribunal escuchó los argumentos en enero de 2017 cuando faltaba un juez, pero se decidió en junio pasado después de que Gorsuch fortaleciera la corte para que se volviera a discutir el caso, lo que colocó a la Suprema Corte en posición de emitir el voto decisivo, concluye la fuente■