Mujeres q’eqchi de Sepur Zarco fueron obligadas a la esclavitud sexual durante la guerra civil de Guatemala. El juicio contra los perpetradores terminó con la condena de altos oficiales militares el año pasado. Foto; ONU Mujeres / Ryan Brown.
Esta semana el congreso de Guatemala dio el penúltimo paso en la aprobación de una controversial ley de amnistía para oficiales militares. De ser aprobada, la amnistía dejaría libres o suspendería juicios contra militares acusados de genocidio, desaparición forzada y tortura, cometidos principalmente contra indígenas mayas durante la sangrienta guerra civil de los años 60. La propuesta legislativa ha causado un clamor público nacional e internacional. Con el reporte, desde Antigua, Guatemala, María Martin.
Con motivo de conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala organiza un homenaje. Foto: MiMundo.org.
Se escucha el sonido de una marcha callejera…
Cientos de sobrevivientes y familiares de las víctimas de más de 35 años de guerra civil marchan por el centro histórico de la ciudad de Guatemala. La mayoría son indígenas mayas. Cargan flores y fotografías de sus familiares asesinados o desparecidos durante la guerra civil, que calcula más de 200 mil víctimas. Los acompaña Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y cuyo padre y otros indígenas fueron quemados vivos en la embajada de España en Guatemala en 1980.
“Es el veinte aniversario del informe de la memoria histórica de la ONU también; es el día que decimos, ‘No a la Ley 5377’, que pretende reformar la Ley de Reconciliación”, dice Rigoberta Menchu.
Familiares de desaparecidos en el conflicto armado que hubo en Guatemala entre 1960-1996 preguntan ¿dónde están sus seres queridos? Foto: www.investigaction.net.
La Ley de Reconciliación es parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, que pusieron fin a la guerra civil más prolongada del continente. Según el reporte de las Naciones Unidas, ‘Memorias del Silencio’, se cometieron crímenes como tortura y genocidio y el Ejército fue responsable por más del 90 por ciento de estas atrocidades.
El Congreso de Guatemala, dominado por políticos conservadores quiere modificar dicha ley, para que se prohíban futuras investigaciones; se libere a más de 30 militares ya convictos, y se suspendan los juicios pendientes de otra docena.
Víctor Julio Cochoy, de 53 años de edad es uno de los sobrevivientes y dice que no está de acuerdo:
“En mi comunidad, Santa Lucía Utatlán, muchas víctimas inocentes fueron victimadas por esta violencia, y en este momento no hay ni un solo caso donde se ha aplicado la justicia…”
Cochoy recuerda que tenía 14 años cuando el ejército ocupó su comunidad. Asesinaron y desparecieron a docenas de personas, y él se salvó de milagro pero… asesinaron a cinco de sus familiares. La masacre fue documentada en el libro, ‘Voces Rompiendo el Silencio en Utatlán’. Fue sólo una de las más de 600 masacres cometidas durante la guerra. La mayoría siguen impunes. Por eso Cochoy se opone a la ley de amnistía:
Los diputados del Congreso guatemalteco hicieron un exhorto por medio del cual negaron el genocidio de miles de indígenas guatemaltecos y llamaron a una «reconciliación nacional» a través de la aprobación de un voto resolutivo. Foto: www.todanoticia.com.
“Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que asumir su responsabilidades… y sí estoy de acurdo con la reconciliación, es un proceso hermoso… pero tiene que estar basado también en justicia”
Para convertirse en ley, la propuesta necesita ser discutida y aprobada tres veces por el Congreso. La apoya la cúpula militar y políticos aliados del presidente Jimmy Morales. El principal proponente es el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares, quien rechaza los juicios y condenas porque argumenta que no se llevaron a cabo en tribunales militares, por eso propone lo siguiente:
“Todas las sentencias y persecucciones son nulas y deben cesar, y los que están presos salir en 24 horas…”
Esta controversial propuesta se da mientras el gobierno federal ordena la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, institución que lleva más de una década investigando y llevando a juicio a altos funcionarios acusados de corrupción. Expertos dicen que el trabajo de la CICIG ha sido crítico para los juicios contra criminales de guerra y por eso defensores de derechos humanos sospechan que los aliados de los militares acusados están usando la controversia para aprobar esta ley que es más que una amnistía.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, criticando la inacción del Estado en la búsqueda de unos 45 mil desaparecidos. Foto: ElMundo.SV.
“Es una señal, un mal síntoma, es un mal presagio, que los fantasmas del pasado se resisten a morir«
Jordán Rodas es el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala.
“Sería un retroceso fatal e innecesario que nos pondría como una vergüenza de país; que estaría contraviniendo los convenios y tratados internacionales, los estándares…”
El procurador Rodas asegura que si el Congreso aprueba las controversiales modificaciones a La Ley de Reconciliación, está listo para demandarla ante los más altos tribunales.
“Y no se pretende venganza, pero sí justicia”, concluye Rodas■
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde la ciudad de Antigua, Guatemala, María Martin.
Escuche la Edición Semanaria Completa:
