De la redacción
En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pase una prueba que muchos esperan con algo de temor, el juez Brett Kavanaugh, nominado por Trump el año pasado para reemplazar al juez Anthony Kennedy, se suma al fallo del máximo tribunal que revisará un intento más de la administración federal por ponerle fin a DACA.
En la lucha de los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, han quedado en el camino indicios de un comportamiento predecible de la Suprema Corte de Justicia, como cuando recién se ocupó del caso que podría terminar con Roe v. Wade, la ley de Luisiana que obliga a cerrar casi todas las clínicas de aborto en ese estado.
De esta suerte, ahora los extremistas de derecha tienen una mayoría en la Corte Suprema para revertir la decisión anterior y destripar a Roe, y maña le toca turno al exitoso programa de DACA, lo que tendrá un efecto también en los peticionarios del Programa de Protección Temporal, TPS, para centroamericanos y ciudadanos de otros países.
Como se recordará, el último tramo de la zaga legal de DACA vino en una carta de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, California. Advertía que si no había una decisión pronto sobre la eliminación de DACA, el Departamento de Justicia iría directamente a la Corte Suprema. Y así fue.
Pero en el camino, un juez de una corte de distrito bloqueó temporalmente a la administración para que no cancelara el programa en septiembre pasado, hasta que se resolviera el litigio. El Noveno Circuito escuchó los argumentos en mayo, pero sin emitir una opinión. En tanto, jueces en diferentes distritos de todo el país bloquearon temporalmente al gobierno y ordenaron que las renovaciones bajo el programa continuaran, para los permisionarios que tuvieran vigente a DACA, mientras el caso se desarrollara en los tribunales.
Mientras tanto la sociedad civil, y en particular los directamente afectados se han organizado para dar esta batalla. Por ejemplo, una de las más recientes acciones es la de cientos de jóvenes inmigrantes amparados por DACA, líderes comunitarios con TPS y aliados de todo el país, que como publicamos aquí en su oportunidad, han venido caminado 230 millas desde la ciudad de Nueva York hasta Washington, DC, con la campaña, «Hogar es Aquí: Marcha por DACA y TPS». Se espera que vayan llegando a la capital algunos desde hoy, y otros mañana para reunirse todos en una gran manifestación de protesta frente al edificio solemne de la Corte Suprema.
Durante la campaña ‘Home is Here’, que impulsan las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, Make the Road New York & New Jersey, NAKASEC, CASA, CHIRLA y FIRM, los inmigrantes peticionarios de DACA y titulares del TPS a punto de vencérseles han venido contando sus historias personales en el camino, llamando la atención nacional sobre el vital asunto de DACA para los más de 700 mil recipientes actuales y para los 300 mil titulares del TPS, “cuyas vidas están en juego”, dice un comunicado de Make The Road, NY:
“Nos estamos preparando para luchar en todos los frentes… poner fin al control republicano del Senado. Necesitamos derrotar a Trump… luchar contra las leyes de cierre de clínicas de aborto en los estados y hacer todo lo humanamente posible para salvar a Roe v.Wade y mantener el aborto legal y accesible».
Y ahora, añaden, «la Corte Suprema escuchará los argumentos orales sobre tres casos consulados, incluido el caso de Make the Road New York, McAleenan v. Vidal, relacionado a la demanda que Martín Vidal Vatalla et all sometieron a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, para intentar frenar la intensión del gobierno federal de intervenir extraordinaria e injustificadamente en dicho Tribunal, y salvar al presidente del proceso judicial de rutina así como de las decisiones que no le gustan”, dice el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, NILC, en su página web:
“La orden judicial preliminar permite que el referido tribunal interrumpa el statu quo sin una revisión de apelación ordinaria, como quiere el gobierno, lo que cambiaría la vida de cientos de miles de jóvenes y sus familias en escuelas, lugares de trabajo y comunidades», sostiene por su parte la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU.
Como se sabe tal vez, ACLU, el Consejo Estadunidense de Inmigración y Simpson Thacher & Bartlett LLP presentaron el pasado 27 de septiembre una demanda federal desafiando la referida nueva regla de la administración Trump, que expande masivamente las deportaciones aceleradas sin un proceso legal justo, como una audiencia en la corte o el acceso a un abogado.
La regla de expulsión acelerada ampliada entró en vigencia el 23 de julio y se dirige a los inmigrantes en todo el país que no pueden probar que han estado en Estados Unidos continuamente durante dos años o más. Antes de la regla, la eliminación acelerada se limitaba a los inmigrantes detenidos en una zona dentro de las primeras 100 millas después de cruzar la línea fronteriza. Ahora pude ejecutarse la aprension en cualquier parte del territorio nacional.
Por otro lado, los procedimientos judiciales para el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) ya han comenzado y se prevé que la decisión de los tribunales de apelación llegue pronto. Y en cuanto a DACA, se espera una decisión tal vez definitiva de la Corte Suprema entre enero y junio de 2020■
Posibles resultados en la Suprema, de acuerdo con un análisis de The Immigration Hub.
Si bien es imposible saber exactamente cómo será el fallo del máximo tribunal, estas son las preguntas legales ante el tribunal: si esa corte tiene jurisdicción para conocer el caso y si la decisión de la administración de rescindir DACA fue legal.
Aquí, una lista no exhaustiva de tres posibles decisiones que el tribunal podría tomar:
- La Corte Suprema determina que no tiene jurisdicción para escuchar el caso porque la decisión de rescindir DACA quedó por ley a discreción de la administración. Si el Tribunal llega a esta conclusión, probablemente fallaría en favor de la moción de la administración para desestimar el caso y la rescisión de DACA entraría en vigencia.
- La Corte Suprema determina que tiene jurisdicción para escuchar el caso y decide que la notificación de rescisión de la Administración Trump fue ilegal. En esta situación, el memorando de DACA de 2012 estaría en vigencia, y aquellos a quienes ya se les otorgó el estado de DACA podría continuar presentando renovaciones, al mismo tiempo que aquellos que califican ahora podrían presentar nuevas solicitudes.
- La Corte Suprema determina que tiene jurisdicción para escuchar el caso y decide que la terminación de DACA por parte de la Administración Trump fue legal. En este escenario, las razones subyacentes de la decisión del tribunal podrían afectar el cronograma de cómo se termina o reduce el programa DACA.
