Agentes de ICE atrapando un joven inmigrante para deportarlo. Foto: facebook.

De la redacción

El 19 de febrero de este año, un mes apenas después de que Donald Trump asumiera la presidencia de este país, Juan Manuel Montes Bojorques caminaba hacia una parada de taxis en su ciudad natal, Calexico, California, cuando fue abordado de pronto por agentes de Protección Fronteriza, quienes le pidieron sus ‘papeles’. Juan Manuel, de 23 años de edad estaba legalmente autorizado para vivir y trabajar en Estados Unidos pues había recibido dos veces la protección del programa federal DACA, que difiere de la deportación durante dos años a quienes llegaron a este país siendo niños, y les otorga residencia legal temporal y permiso de trabajo. Sin embargo, súbitamente fue deportado a México en horas. Se trató, entonces, del primer ‘dacamentado’ deportado.

Hace unos días el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Nilc, circuló un comunicado en el que afirma que a pesar de haber sometido una demanda junto a sus socios, Covington & Burling LLP y las oficinas legales de Stacy Tolchin, para averiguar a través de qué proceso legal y qué autoridad deportó a Juan Manuel, pues se rehúsan a aceptar que el joven haya sido deportado sin más explicación que la de simplemente “por ser ilegal”. Pero hasta entonces las autoridades no les habían contestado, y hoy se sabe que el joven ‘dacamentado’ se haya en México.

De acuerdo con CNN, todavía el jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaba que Juan Manuel no había sido deportado, pero la demanda judicial asienta que este joven dacamentado se halla en México, o por lo menos la prensa ni sus defensores legales han indicado algo diferente.

Aunque suena por lo menos raro, que alguien pueda ser deportado siendo residente temporal, sin haber cometido crimen alguno salvo caminar por la calle sin su billetera y sin identificación, Juan Manuel no ha sido sin embargo el único deportado en su tipo. Recientes revelaciones periodísticas confirman que el proceso para volverse dacamentado, o gozar de las garantías que otorga dicho programa federal exponía seriamente a estos jóvenes ante las autoridades del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de la Patrulla Fronteriza o de cualquier dependencia encargada de ejecutar la ley que establece en la materia el DHS.

Como se sabe, para convertirse en un beneficiario de DACA se tiene que brindar toda la información personal del solicitante y sus familias a las autoridades del ramo, quienes las archivan, les hacen revisiones de antecedentes penales y pagar honorarios. A cambio, el solicitante recibe autorización de trabajo y una promesa de que el gobierno federal no los deportará sumariamente. Pero esto los convierte sin embargo en presa fácil de las autoridades en caso de que éstas decidan ir por ellos, pues tienen todos sus datos personales.

Juan Manuel fue traído a Estados Unidos por su familia cuando tenía 9 años de edad. Se graduó de la escuela preparatoria y estaba trabajando mientras terminaba el colegio comunitario en el momento en que fue atrapado mientras caminaba como lo hacía todos los días por las calles de su ciudad. Casi había terminado con su grado de técnico en soldadura, dice el periódico que destapó la noticia, USA Today.

Ahora, dice en el comunicado la directora ejecutiva de Nilc, Marielena Hincapié, “estamos haciendo equipo con United We Dream y preguntando al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, ¿bajo qué autoridad y proceso legal su departamento deportó al receptor de DACA, Juan Manuel Montes?”.

Según la fuente los sucesos que concluyeron con la deportación de Juan Manuel indican que aunque los agentes de Protección Fronteriza no lo fueron a buscar a su casa ni a su escuela o trabajo, cuando lo detuvieron en una calle de Calexico no le creyeron que en ese momento el joven no trajera su billetera consigo y por tanto los documentos que lo acreditaban como recipiente de DACA o dacamentado. En tres horas ya lo habían literalmente echado a México, donde tras ser asaltado y verse golpeado y sin dinero ni ningún tipo de documentos intentó ingresar nuevamente a Estados Unidos, pero sin éxito.

“No sabemos qué le pasó a Juan Manuel, pero nos preocupa profundamente que se hayan violado sus derechos básicos. Y sabemos que quiere volver a casa con su familia”, relata Hincapié.

Vale recordar que el ex presidente Barack Obama creó DACA, y sin embargo su fuerza de deportación terminó deportando a algunos dacamentados que violaron la ley. Más de 750 mil inmigrantes fueron aprobados para el programa, y la gran mayoría de ellos recibió ya una renovación, sostiene la fuente. Hoy no está claro si el programa sobrevivirá, y aunque hasta el momento el presidente Trump ha dicho que no tocará a estos jóvenes estudiantes, al parecer los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza piensan y hacen otra cosa.

El argumento de las autoridades de Inmigración que han deportado ya a dacamentados ha sido el mismo, afirma USA Today: “Se han afiliado a pandillas”, o “se han convertido en una amenaza para la seguridad pública”. La fuente sostiene que bajo el gobierno de Obama, de septiembre de 2012 cuando arrancó DACA, a finales de 2016 que terminó la pasada administración, fueron deportados 365 dacamentados, “a un promedio de siete por mes”.

Pero tan sólo en el primer mes de la presidencia de Trump, 43 ex afiliados de DACA fueron deportados ya, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional solicitados por USA TODAY.

Por otro lado la fuente cita en su artículo declaraciones del director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, señalando que la situación arriba descrita “evidencia de que la administración Trump está haciendo que casi todas las personas que son indocumentadas sean una prioridad para la remoción».

Como se recordará, en reciente visita a Arizona el Procurador General de Justicia de la nación, Jeff Sessions sentenció que toda persona que haya entrado al país sin documentos legales de migración es sujeto a deportación. Con esto el fiscal expandía el criterio que ha servido de base para definir quién puede ser deportado y quién no.

Hasta antes, durante el gobierno de Obama, aunque no siempre se cumplía al pie de la letra, la prioridad estaba restringida a los inmigrantes que hubieran cometido delitos violentos o serios; o un «delito menor significativo», u otros tres delitos menores consecutivos; o quienes de plano significaran una verdadera amenaza para la sociedad. Entonces el estatus protegido podría ser revocado. Esto pasó ya a unas mil 488 personas bajo las administraciones de Obama y Trump combinadas, dice USA Today.

Bajo el gobierno de Obama, de los 507 dacamentados que fueron hallados en violación de la protección temporal que les proporcionaba el referido programa, y a quienes se les permitió permanecer en el país, sólo 365 fueron deportados. “Algunos fueron puestos en libertad bajo fianza, algunos fueron mantenidos bajo supervisión y otros fueron liberados. Bajo la administración Trump -o sea en tres meses-, a 20 se les  permitió permanecer en el país, y 43 han sido deportados, afirma la fuente.