Maribel Hastings
America’s Voice, Wasington, DC
Como si no fuera suficiente que las acciones ejecutivas sobre migración estuvieran bajo ataque en el Congreso y en tribunales, tanto el gobierno como grupos pro inmigrantes tienen el reto de lograr que la mayor cantidad posible de indocumentados elegibles soliciten el amparo que otorga permisos de trabajo y protección temporal de la deportación; sin duda el mayor beneficio migratorio que se haya concedido en este país en 30 años, desde la amnistía de 1986.
Se calcula que casi la mitad de la población indocumentada del país, unos 5 millones de inmigrantes podrían beneficiarse de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA). A partir del 18 de febrero comenzarían a aceptarse solicitudes del DACA ampliado, y en mayo arrancaría el proceso de solicitud de DAPA.
Claro está, se aguarda por el inminente fallo del juez federal de Brownsville, Texas, Andrew S. Hanen, sobre la demanda contra las acciones ejecutivas que presentaron 26 estados, 24 de ellos con gobernadores republicanos. Los demandantes alegan que las acciones ejecutivas son anticonstitucionales y afectarán económicamente a los estados en materia de salud y educación.
Si el fallo fuera adverso, la implementación podría retrasarse, pero la palabra clave en este proceso es TEMPORAL. El bloqueo a dichas acciones ejecutivas sería temporal porque la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y expertos legales coinciden en que las acciones ejecutivas son constitucionales y en que cualquier bloqueo se levantará en el proceso de apelaciones.
Asimismo, el circo que la mayoría republicana del Congreso ha armado tomando como rehén al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para bloquear las acciones ejecutivas, no debería inquietar a la comunidad inmigrante. El Congreso recesó hasta la semana entrante sin aprobar el presupuesto del DHS. La medida temporal que financia la agencia vence el 27 de febrero, y ronda la posibilidad de un cierre de la agencia.
Pero la mayoría republicana del Senado insiste en debatir el plan que aprobó la cámara baja y que bloquea las acciones ejecutivas migratorias. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell programó para la semana del 23 de febrero una cuarta votación para proceder a debatir ese plan que en tres votaciones previas no acumuló los 60 votos requeridos.
Lo irónico es que en el supuesto de que acumularan los 60 votos y la medida avanzara, el presidente Barack Obama la vetará. Y en el segundo supuesto de que haya un cierre del DHS, el proceso de implementación de las acciones ejecutivas no se afectaría, pues se financia con las cuotas que pagarán los inmigrantes al solicitar DACA y DAPA.
Es normal que los inmigrantes sientan temor ante los ataques contra las acciones ejecutivas. Es entendible que desconfíen tras años de vivir al filo de la deportación.
Pero es vital que entiendan la magnitud de la oportunidad en puerta. Si cumplen los requisitos, obtendrían un permiso de trabajo, amparo de la deportación y la posibilidad de viajar a sus países de origen.
Tanto el gobierno como los grupos pro inmigrantes garantizan a los solicitantes que su información será confidencial y hacen un llamado a los futuros beneficiarios a no ser víctimas del fraude de inescrupulosos que florecen como yerba mala cuando se anuncian beneficios migratorios.
Pero ese gobierno y esas organizaciones necesitan del apoyo de la misma comunidad inmigrante y ese apoyo se brinda solicitando la protección. Un bajo índice de participación es lo que quisieran ver los críticos para denunciar que las acciones ejecutivas no eran necesarias o incluso argumentar que la reforma migratoria tampoco lo sería.
La semana pasada, promoviendo la participación de los inmigrantes en DACA y DAPA, en un evento en Los Ángeles, el secretario del DHS, Jeh Johnson le regaló una pluma a Alejandra Velázquez, una inmigrante elegible para DAPA, «para que llene la solicitud». Hace meses era impensable que la agencia encargada de las deportaciones estuviera enfrascada en pedirle a jóvenes, padres y madres de familia que se inscribieran para protegerse de la deportación, tener un permiso de trabajo y vivir con más libertad.
DACA y DAPA prueban que lo impensable puede hacerse realidad. Como dice el refrán, la luz de adelante es la que alumbra. Mientras se logra la reforma migratoria, DACA y DAPA son esa luz.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
