Soñadores protestan en Washington, DC, ante las amenazas de derogar DACA y por una reforma migratoria. Foto: passthedreamactnow

Maribel Hastings
America’s Voice

En medio del ‘reality show’ de Donald Trump y su ‘Rusiagate’, los acontecimientos migratorios han sido varios, aunque un tanto eclipsados por el ‘culebrón’ presidencial.

Dos de estos acontecimientos captaron mi atención:

El primero es que Trump, por el momento, no tiene intenciones de revocar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que la semana pasada cumplió su quinto aniversario desde que el presidente Barack Obama giró la orden ejecutiva.

El segundo es la declaración del director interino de ICE, Thomas Homan, de que todos los indocumentados deben estar preocupados, incluyendo los que no tienen historial delictivo, porque pueden ser blanco de detención y deportación. Pero no sólo eso, sino que el argumento esbozado por Homan es representativo del prejuicio del presente gobierno hacia los inmigrantes en general.

Resulta que en su comparecencia ante un panel cameral Homan defendió la detención y deportación de indocumentados sin historial delictivo, o que no constituían prioridad de deportación en el último período de la administración Obama, “porque no deberíamos esperar a que se conviertan en delincuentes”.
En otras palabras, para este funcionario y para esta administración, todos los indocumentados son delincuentes en potencia, pero aparentemente todavía no lo saben o no lo han manifestado.

Al confirmar que todos los indocumentados son objetivo de deportación y al mismo tiempo mantener DACA, el gobierno de Trump reconoce que puede ejercer discreción a la hora de decidir si un indocumentado debe ser o no prioridad de deportación.

En este caso, los jóvenes traídos sin documentos migratorios cuando niños, que estudian y trabajan, no deben constituir prioridad de remoción pues son estadunidenses en todo el sentido de la palabra; excepto por el correspondiente documento que lo comprueba. Casi 800 mil jóvenes se han beneficiado del programa que los protege de la deportación y les concede permisos de trabajo, DACA.

Pero aparentemente los padres y hermanos de estos jóvenes llamados Dreamers, o Soñadores y el concepto de núcleo familiar no tienen el más mínimo valor para esta administración; aunque esos padres, hermanos y familiares no tengan historial delictivo o no hayan sido prioridad de deportación para la pasada administración.

Y no me malinterpreten. Me parece que ante la lejana posibilidad de que este Congreso y esta Casa Blanca acuerden un plan legislativo de reforma migratoria con vía a la ciudadanía, tal y como lo apoya la mayoría de los estadunidenses, es vital que se mantenga esta orden ejecutiva que le ha cambiado la vida, para bien, a unos 800 mil beneficiarios.

No hay que olvidar sin embargo que por ser una orden ejecutiva está sujeta a la voluntad del presidente que, aunque por el momento no la ha revocado, puede hacerlo de un plumazo cuando le parezca. De hecho, el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que aunque de momento DACA sigue vigente, “el futuro del programa sigue bajo revisión”, y su vigencia “no debe tener ninguna relevancia sobre el futuro del programa a largo plazo”.

Esto, claro está, porque el ala más antinmigrante que forma la base de Trump quiere que, como prometió en la campaña, DACA sea revocado, de manera que la administración deja la puerta abierta a esa posibilidad.

Tampoco hay que olvidar que los Dreamers tampoco han estado ajenos a la fuerza de deportación de Trump.

En otras palabras, para los Dreamers no hay seguridad futura absoluta. Y menos la hay para los padres de ciudadanos y residentes permanentes, pues Trump eliminó el programa denominado, Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA), girado por Obama en 2014 junto a una ampliación de DACA, pero que ninguno entró en vigor al ser detenidos en tribunales.

Un 60 por ciento de los estadunidenses desaprueba el desempeño del presidente en materia migratoria, según un sondeo de Prensa Asociada (Ap), y el Center for Public Affairs Research (NORC).

La solución permanente sigue siendo la reforma migratoria amplia que los estadunidenses apoyan, pero que ni la Casa Blanca ni el Congreso, de mayoría republicana, tienen interés en abordar.

Por lo pronto, la comunidad indocumentada seguirá bajo acecho e incluso los Soñadores que dicen proteger momentáneamente estarán a merced de los designios de un voluble y volátil presidente■

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.