María Isabel Bueso, ahora de 24 años, emigró de Guatemala en 2003 después de que los médicos en el área de La Bahía la invitaron a participar en un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento para tratar la rara enfermedad genética – fibrosis quística – con la que nació. Foto: Cortesía de la familia Bueso.
De la redacción
Aunque el presidente Trump no deja de escandalizar con sus crueles medidas antinmigrantes, algunos piensan se trata de desesperados intentos de reelección, pues su gestión ha disminuido a una aprobación del 46 por cierto contra un 53% que lo desaprueba, y sólo un 37% piensa que el país va por buen camino mientras un 56% piensa lo contrario según la más reciente encuesta de Rasmussen Report. Pero la reacción de distintos sectores de la población estadunidense ante dichas políticas comienza a cobrar tendencialmente un nuevo perfil.
Cuando el pasado 7 de agosto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eliminó sin previo aviso público un programa de acción diferida, que “había permitido a los inmigrantes evitar la deportación mientras ellos o sus familiares estuvieran recibiendo tratamiento médico que les salvara la vida”, la abrupta y cruel decisión “generó indignación pública y fue condenada rotundamente por el establecimiento médico”, y por distintos sectores de la sociedad, reporta The New York Times.
Así que este lunes la administración Trump anunció que “reconsideraría su decisión de obligar a los inmigrantes que enfrentan crisis de salud que amenaza su vida, a regresar a sus países de origen”.
Y es que en días pasados el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había enviado cartas “informando a las familias inmigrantes que ya no estaba atendiendo las solicitudes de aquellos que habían pedido una renovación de su programa de acción diferida”, que los inmigrantes en dichas condiciones de salud deben renovar cada dos años, advirtiéndoles que “deben abandonar el país dentro de los siguientes 33 días -a partir de recibir dicha misiva oficial-, o enfrentar la deportación”.
Ahora DHS dijo en un comunicado que «está tomando medidas correctivas inmediatas para reabrir a su consideración los casos previamente pendientes».
En tanto, el caso de la joven guatemalteca, María Isabel Bueso, se volvió viral en las redes sociales y en los medios, y ahora es emblemático de la crueldad del gobierno federal. De 24 años de edad, fue invitada a Estados Unidos por médicos e investigadores del Children Hospital del área de La Bahía de San Francisco, para estudiar su rara enfermedad e intentar encontrar el tratamiento y la cura adecuada. Porque tanto médicos como investigadores requieren de pacientes como María Isabel Bueso para realizar los estudios científicos pertinentes, ya que sin la presencia de estos pacientes no podrían realizar sus investigaciones científicas en benefecio de los estadunidenses y de la humanidad.
María Isabel, ahora de 24 años de edad, vino a este país a los 7 años a curarse de un raro trastorno genético -fibrosis quística-, que causa enanismo y otras deformidades físicas. Desde su llegada se prestó a participar en varios estudios médicos de muy alto valor científico, “incluido un ensayo farmacológico que resultó en un tratamiento para su rara enfermedad”, dice la fuente.
Su médico, Paul Harmatz declaró en su oportunidad a la cadena MSNBC que “abandonar Estados Unidos llevaría a María Isabel a enfermar más rápidamente y a morir”, en un lapso a lo sumo de dos años, aunque podría ser cuestión de meses. “Sin la droga, es poco probable que la Sra. Bueso y otras personas con ese raro trastorno genético vivan hasta la edad adulta”.
Jonathan Sánchez recibe tratamiento para la fibrosis quística. Su familia teme por su salud si la administración Trump deporta a la familia de regreso a Honduras. Foto: www.worldusheadlines.com.
Después de que el Times y otros medios de comunicación presentaran a María Isabel Bueso en diversas ocasiones la semana pasada, la joven mujer de origen guatemalteco, graduada actualmente de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles como summa cum laude, “fue invitada a testificar ante el Congreso en los próximos días”.
Al divulgarse su caso tras haber recibido la carta del gobierno cundio la indignación generalizada ante la cruel política de deportación de la administración Trump y se extendió en las redes sociales. Entonces, “varios legisladores demócratas, incluida la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidieron a la administración Trump que revocara la decisión».
No está claro si a las personas se les otorgarán extensiones apropiadas, «o si personas como Isabel siempre vivirán al filo de la navaja, preocupadas de que la próxima extensión no se les otorgue cuando están en medio de un tratamiento médico para curar sus graves enfermedades», declaró a la fuente el abogado de Bueso, Martin Lawler.
Defensora desde hace mucho tiempo de las personas con enfermedades raras, María Isabel Bueso dijo al Times que planeaba “presionar al Congreso para encontrar alivio a largo plazo para los pacientes” como ella. «Tenemos que encontrar una solución permanente para que las familias como la mía no tengan que pasar por esto nuevamente”, deploró.
Y al enterarse de que tuvo la oportunidad de quedarse en California, en lugar de regresar a Guatemala, “donde el medicamento no está disponible y no puede recibir la atención médica requerida”, María Isabel exclamó: “¡Esto es increíble! Esta es una gran noticia para despertar».
Pero además de la salud de Bueso sus médicos afirman que su deportación interrumpiría una prolongada investigación científica sobre esta rara enfermedad degenerativa, a la que se ha prestado la joven guatemalteca, por lo que ahora su deportación se trataría también de «un atentado contra la investigación científica».
Escuche aquí Línea Abierta donde se tocan este y otros temas de migración pertinentes a la edición de los martes■
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