Maribel Hastings y David Torres
En la misma semana en que se conmemoró el 55vo aniversario del asesinato del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, Jr. en Memphis, Tenesí, la Cámara de Representantes de Nashville, de mayoría republicana, expulsaba el 6 de abril a dos jóvenes representantes demócratas y afroamericanos. ¿La razón?: liderar desde el pleno una protesta de sus representados en favor del control de armas. Días antes, un tiroteo en una escuela de esa ciudad cobró la vida de seis personas, incluyendo dos niñas y un niño de nueve años de edad.
Pero esa votación, en realidad, fue para expulsar a tres demócratas: una mujer, Gloria Johnson, y los dos jóvenes afroamericanos, Justin Pearson y Justin Jones. Sin embargo, sucedió algo muy particular pero no tan extraño en los tiempos actuales, según el código racial republicano: Johnson, que es blanca, mantuvo su cargo por un voto. (Jones fue restituido en su cargo el lunes tras un voto del concejo de la ciudad de Nashville, a la que representa en la cámara baja del estado).
Bien dicen que nada hay más evidente que un racista siendo racista, no importa que su rechazo contra alguien por su color de piel lo lleve a cabo en una tienda, un aeropuerto, una escuela o un recinto legislativo. Es algo intrínseco a la forma de ser y de pensar, de la cultura en que creció y la educación familiar que recibió. De tal modo que, a pesar de todos los esfuerzos de distintas generaciones, es lamentable concluir que el sueño de igualdad del reverendo King sigue sin cumplirse.
En efecto, los actos racistas son hoy tan abiertos como antes, en lo más intenso de la lucha por los derechos civiles. Y los republicanos ya ni siquiera intentan disimular. ¿Por qué? Porque hay un considerable segmento de la población estadunidense que aún se rige por el anacrónico estándar del privilegio blanco, que se traduce, en tiempos electorales, en votos cautivos con base en la promesa de un Estados Unidos a la antigua usanza, donde el blanco era el color que lo dominaba todo.
Para muestra un botón: los líderes republicanos camerales argumentaron que no expulsaron a Johnson porque su participación en la protesta no fue tan “activa” como la de Pearson y Jones, aunque la propia Johnson dijo a la prensa que era obvio que la diferencia en el trato se habría debido “al color de nuestras pieles”.
Los mismos líderes republicanos tampoco optaron por sanciones que no fueran la expulsión porque, según ellos, había que enviar un mensaje de que no se aceptaría este tipo de conducta en medio de la sesión.
Es más, algunos tuvieron el atrevimiento de comparar la manifestación pacífica en Tenesí con el asalto de los fanáticos seguidores de Donald Trump al Capitolio federal el 6 de enero de 2021, cuando la violencia de la turba culminó en destrucción y muerte. Pero son dos hechos distintos y distantes, pues mientras en Tenesí se trataba de poner un alto al uso de armas que destruyen vidas como parte de una epidemia de masacres que no tiene fin, en Washington se trataba de un golpe de estado en desarrollo del que todo el mundo fue testigo en tiempo real.
Pero el asunto es más complejo pues evidencia cómo los republicanos utilizan sus mayorías en asambleas estatales y en gubernaturas a través del país para silenciar a sus oponentes, particularmente si son mujeres o de color.
A nivel de gubernaturas, nada más hay que ver el récord de republicanos en estados como La Florida, por ejemplo.
Ron DeSantis, quien se perfila como aspirante a la nominación presidencial republicana en 2024, ha emprendido una verdadera cruzada contra los inmigrantes en un estado que curiosamente es hogar de cientos de miles de ellos; y no únicamente indocumentados, sino asilados, residentes permanentes y ciudadanos naturalizados. Todos de algún modo se verían afectados por las explosivas medidas que impulsa DeSantis, como la que cataloga como delito grave transportar, albergar o contratar indocumentados.
Es decir, que en una familia de estatus migratorio mixto, ciudadanos o residentes con estatus legal corren el riesgo de ser encarcelados si transportan a un familiar indocumentado. O los grupos religiosos y activistas también corren el riesgo de ir a prisión por hacer su trabajo, que es precisamente asistir a este sector de la población.
El paquete de medidas de DeSantis va más allá. También exige a los hospitales indagar sobre el estatus migratorio de sus pacientes y el costo de su atención médica, y reportarlo al estado. Instruye además a las autoridades locales y estatales de La Florida a asistir al gobierno federal ejerciendo las leyes de inmigración.
DeSantis, quien ha hecho noticia por fletar aviones y enviar a migrantes indocumentados a estados y ciudades liderados por gobiernos demócratas, también ha atacado a los Dreamers presentando otra medida que eliminaría la posibilidad de que paguen la misma matrícula que los residentes del estado.
El gobernador de La Florida se une a la lista de extremistas del Partido Republicano que, a pesar del fracaso de políticas antinmigrantes en años previos en estados como Arizona, con la SB1070, y en Alabama con la HB56, insisten en promover medidas para mantener el apoyo del sector republicano más extremista sin importar las consecuencias, particularmente en la economía del estado.
America’s Voice en Español reportó desde Arizona y estuvo varios meses en Alabama documentando el daño que estas medidas tuvieron no sólo sobre ciudadanos estadunidenses, particularmente los hijos ciudadanos de inmigrantes indocumentados, y sobre la economía; desde la pérdida de consumidores y residentes, hasta la pérdida de cosechas enteras por falta de mano de obra.
No obstante, con el ascenso de Donald Trump y la subsecuente competencia por ver quién es el más antinmigrante o el más extremista, el Partido Republicano sigue repitiendo los errores del pasado.
Lo hace también inmiscuyéndose en los derechos reproductivos de las mujeres. La semana pasada, un juez de Texas nombrado por Trump falló que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se “equivocó” hace más de 20 años al autorizar el uso de la píldora abortiva Mifepristona. Otro juez en el estado de Washington, fallando sobre otro caso, ha impedido que la FDA retire el medicamento del mercado.
Pero son ejemplos de cómo la xenofobia, el racismo y la misoginia de un partido se traducen en medidas no sólo federales, sino estatales y locales que impactan nuestros derechos como individuos y tienen un severo efecto en la economía.
Lo cierto es que la siniestra carga fascista que conllevan estas medidas de DeSantis y otros republicanos sólo se veían en relatos de épocas que se creían superadas. Pero que eso esté ocurriendo en este siglo XXI en un país como Estados Unidos habla mucho de las anomalías a las que puede llegar una sociedad altamente desarrollada, que tiene todos los satisfactores cubiertos y que debería estar trabajando arduamente para convertirse en un estado solidario.
Sin embargo, su retroceso en esa materia estaría contradiciendo y decepcionando a su propia historia y a quienes aún ven en Estados Unidos un faro de esperanza. ¿Pero hasta cuándo?
