De la redacción

Pobres “invisibles” en Estados Unidos hacen cola en Phoenix, AZ., en busca de ayuda del gobierno para sobrevivir ese día. Foto: www.theredphoenixapl.com

En noticia de último momento la agencia Reuters dio a conocer una nueva forma de reducir la inmigración legal, revelada en las estipulaciones de un borrador del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que dificultarán a los inmigrantes obtener el estatus de residente permanente si ellos, o sus hijos aun siendo ciudadanos estadunidenses utilizan ciertos beneficios públicos financiados por el contribuyente.

Según la agencia noticiosa Reuters, «Una guía actual del Departamento de Seguridad nacional, DHS, define como ‘carga pública’ una persona ‘principalmente dependiente del gobierno para su subsistencia’, ya sea a través de asistencia directa en efectivo o atención a largo plazo financiada por el gobierno».

La fuente señala que hay que tener en cuenta que “un informe de 2016 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina encontró que los hogares de inmigrantes recibieron asistencia pública en efectivo o para vivienda, a tasas más bajas que los hogares de los estadunidenses nacidos en este país”.

Y añade que “El Departamento de Seguridad Nacional ha redactado reglas que Reuters ha considerado permitirían a los agentes de inmigración analizar el uso potencial de ciertos beneficios públicos financiados por los contribuyentes para determinar si podrían convertirse en una carga pública”.

Y cita por ejemplo que funcionarios del gobierno federal “Podrían analizar si el solicitante inscribió a un niño en programas preescolares del gobierno o si recibió subsidios por facturas de servicios públicos o primas de seguro de salud”.

Con estas reglas preliminares se opera “una clara desviación de las pautas actuales, que han estado vigentes desde 1999, que prohíben específicamente a las autoridades considerar tales beneficios no monetarios al decidir la elegibilidad de una persona» para inmigrar a Estados Unidos o permanecer en el país.

Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes pues dependen del gobierno de Estados Unidos, y de las entidades estatales y locales para obtener recursos, en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas», afirma el documento de DHS citado por Reuters.

Agrega: «El beneficio público de un extranjero se paga a expensas de los contribuyentes y la disponibilidad de beneficios públicos puede proporcionar un incentivo para que los extranjeros emigren a Estados Unidos».

Pero el asunto no para ahí, de acuerdo con la agencia noticiosa la recepción de tales beneficios podría pesar en contra de la solicitud de un aspirante a ajustar su estatus migratorio; incluso dicha si asistencia pública fueran ¡para niños ciudadanos! hijos de un inmigrante indocumentado en este país, según el documento de DHS.

Tyler Houlton, un portavoz del DHS dijo a Reuters que «La administración se compromete a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadunidense… Cualquier cambio potencial a la regla estaría de acuerdo con la letra y el espíritu de la ley, así como con las expectativas razonables del pueblo estadunidense para que el gobierno sea un buen administrador de los fondos de los contribuyentes».

En 2016 casi 383 mil personas que estarían sujetas a los nuevos estándares legales de Inmigración obtuvieron la residencia permanente mientras se encontraban en Estados Unidos, según estadísticas de DHS. No obstante “dichas reglas no se aplicarían a los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía, pero se aplicarían a una amplia gama de personas que viven o trabajan en Estados Unidos, incluidos familiares cercanos de ciudadanos estadunidenses y trabajadores empleados por empresas de este país”.

Además, casi 620 mil inmigrantes que viven en el extranjero obtuvieron residencia permanente en Estados Unidos, sostiene la fuente, a través del Departamento de Estado en 2016. “Si el DHS publica una nueva regla, el Departamento de Estado decidirá si cambia su orientación, dijo Ashley Garrigus, vocera de la Oficina de Asuntos Consulares”.

La ley de inmigración de Estados Unidos ha exigido por mucho tiempo a los funcionarios que excluyan de la residencia permanente a una persona que pueda convertirse en una «carga pública».

Entre los beneficios señalados en la regla del proyecto de DHS para su consideración se encuentran los siguientes puntos: subsidios de seguro de salud, como los provistos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible; el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP); el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP); WIC, un programa federal que alimenta a mujeres embarazadas o lactantes pobres y a sus hijos; vales de transporte y vivienda; programas que ayudan a los pobres a pagar sus facturas de calefacción; y programas como Head Start, que brinda educación temprana a niños de bajos ingresos.

Algunos beneficios no se considerarían al tomar la determinación de «carga pública» según el borrador de las referidas regulaciones, “incluida la ayuda de emergencia o a desastre, asistencia de salud pública para inmunizaciones, asistencia a escuelas públicas, almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido y beneficios obtenidos como seguro de discapacidad, Medicare y pagos por desempleo”, concluye Reuters■