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Marco Vinicio González

Un desperdicio potencial de 163 mil millones de dólares del dinero destinado al combate del Covid-19 se registró recientemente en California, al tiempo que se causaron daños a víctimas involuntarias, o a los trabajadores del estado que sufren desempleo a causa de la pandemia.

Se esfumaron miles de millones de dólares de los beneficios de desempleo pandémicos a través del fraude, el robo de identidad y otros esquemas criminales sofisticados.

Personas que perdieron incluso el empleo pero que por las razones que fueran no solicitaron beneficios de desempleo recibían a través del correo sendos cheques del gobierno federal con su nombre, dirección y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social, que eran interceptados antes de llegar a su genuino destinatario. Y los que sí solicitaron el beneficio tuvieron que batallar por largos meses para demostrar su identidad.
Más de 5 mil millones de dólares aprobados desde el comienzo de la pandemia se han convertido en cuerno de la abundancia para los estafadores de los que más necesitan la ayuda.
Pero incluso dos años después de que diera comienzo la pandemia, no se sabe muy bien el monto exacto de dicho robo, aunque se creed que es abundante. El Departamento de Trabajo, por ejemplo, estima que el robo podría ascender a 163 mil millones en «sobrepagos» aprovechados por los estafadores.

Por citar sólo unos pocos ejemplos, el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD), que ha estado luchando contra el fraude generalizado desde que comenzó la pandemia de COVID-19, dijo que delincuentes involucrados en esta nueva artimaña inundaron la agencia con 47 mil reclamos electrónicos sospechosos a principios de mayo, cuando normalmente recibirían alrededor de 7 mil solicitudes de desempleo durante el mismo período.

El EDD no pagó las reclamaciones sospechosas, que podrían haber totalizado hasta 560 millones de dólares. Nada más durante la semana del 7 de mayo, según los últimos datos disponibles, el EDD pagó 115 millones en beneficios por reclamos establecidos.

Y en febrero, una exempleada de la propia agencia de desempleo de California fue sentenciada por un tribunal federal a cinco años de prisión, luego de que fuera declarada culpable de robar 4.3 millones en beneficios. Ella presentó una avalancha de reclamos utilizando números de Seguro Social seleccionados de su trabajo anterior como preparadora de impuestos.

Esta práctica no es sin embargo exclusiva de California, sino que se extiende por todo país, dijeron los fiscales■