De la redacción

En uno de los esfuerzos más importantes de la administración Trump para detener el aumento de solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, este miércoles el máximo tribunal de la nación permitió al gobierno negar asilo a migrantes que lo solicitan mientras continúe su lucha legal en los tribunales, y se les requiere que busquen protección primero otros países.

Se trata de uno de los esfuerzos más importantes del gbierno federal para detener el aumento de solicitantes de asilo que esperan ingresar a Estados Unidos a través de México, aunque las propias autoridades de Inmigración habían declarado hace días que gracias al esfuerzo de contención que ha realizado México en su frontera sur la migración se había reducido significativamente en los últimos meses.

De los cuatro jueces liberales de la Suprema Corte sólo Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg no estuvieron de acuerdo con el fallo. En su disidencia, Sotomayor sostuvo que la regla del gobierno introduce una tensión significativa con el estatuto de asilo.

«Es especialmente preocupante que la regla que el gobierno promulgó derribe décadas de prácticas de asilo y afecte a algunas de las personas más vulnerables en el hemisferio occidental, sin dar al público la oportunidad de influir», reporta The Washington Post.

¡Grande la Corte Suprema de Estados Unidos Gana en la frontera (el caso) de asilo!», dijo Trump en tuit apenas se dio a conocer el fallo.

Por su parte la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu) y otros grupos de defensa de los inmigrantes que han cuestionado la política de la administración en un tribunal federal, dijeron que “viola la ley de inmigración de Estados Unidos” y acusaron a la administración de “no seguir el proceso legal correcto al emitir la regla, que se dio a conocer el 15 de julio, dice hoy Reuters.

Y es que una semana después de que entrara en vigor la referida regla en julio, el juez de distrito con sede en California, Jon Tigar emitió una orden judicial a nivel nacional bloqueándo la medida de marras. “Luego comenzó un intercambio entre Tigar y el Noveno Circuito, que redujo la medida cautelar para que el gobierno de Trump fuera bloqueado en los estados fronterizos de California y Arizona mientras estaba vigente en Texas y Nuevo México”.

Lee Gelernt, abogado de Aclu que representa a quines desafían legalmente la medida del gobierno en un nuevo caso, enfatizó que la acción de la Corte Suprema fue provisional. “Este es sólo un paso temporal… tenemos la esperanza de prevalecer al final del día… Las vidas de miles de familias están en juego”. Es casi seguro que el caso volverá a la Corte Suprema, pero eso llevará muchos meses, dice por su parte The New York Times.
En tanto, Kenneth T. Cuccinelli II, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se comprometió el miércoles por la noche a comenzar a implementar la norma de asilo lo antes posible.

Bajo la norma del gobierno, sólo a quienes se les ha negado el asilo en otro país o que han sido víctimas de trata de personas «severa» tienen permitido presentar una solicitud de asilo, por lo que excluye a aquellos migrantes que se negaron a solicitar protección en una primera oportunidad, en un país de tránsito en su ruta hacia Estados Unidos. Según las reglas, los hondureños y salvadoreños deben haber buscado y se les debe haber negado el asilo en Guatemala o México antes de poder solicitarlo en Estados Unidos. Y los guatemaltecos deben haberlo hecho en México.

La Patrulla Fronteriza reportó en días pasados haber arrestado a 419 mil 831 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en la frontera suroeste durante lo que va del año, en comparación con sólo 4 mil 312 migrantes mexicanos.

Con todo, el gobierno mexicano ha rechazado el acuerdo conocido como ‘tercer país seguro’, que lo obligaría a absorber a los solicitantes de asilo de Guatemala. Aunque ya ha otorgado visas temporales a miles de migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos; pero, dice, han sido “por razones humanitarias”.

El Procurador estatal (Solicitor General) de Trump, Noel Francisco sostuvo que la orden judicial que inicialmente bloqueó la medida interfiere con la autoridad del gobierno para establecer una política de inmigración, y que es poco probable que tengan éxito porque en efecto la medida «disuade a los extranjeros sin una necesidad genuina de asilo, para realizar el arduo y potencialmente peligroso viaje de América Central a los Estados Unidos»■