La más reciente orden del máximo tribunal del país, que no fue firmada, niega el fallo de un tribunal inferior que permitía a la administración Biden poner fin a la política de la era de Trump, «Permanecer en México», porque ésta encarna diversos peligros para los inmigrantes enviados al lado sur de la frontera estadunidense, por la violenta inseguridad extrema que prevalece en México, aunada a la casi incontrolada pandemia de Covid-19.

De la redacción

Luego de que la Corte Suprema de la nación fallara para prohibir a la administración Biden detener una política de la era de Trump que obliga a los solicitantes de asilo que se presentan en la frontera a permanecer en México mientras se da cursos a sus casos y que es conocida como «Permanecer en México», defensores de los inmigrantes protestaron contra la orden del máximo tribunal de la nación.

Por ejemplo, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), y del Immigrant Justice Fund de NILC, Marielena Hincapié declaró en un comunicado lo siguiente: “En el Centro Nacional de Leyes de Inmigración estamos profundamente decepcionados de que la Corte Suprema no detuviera la orden del tribunal inferior. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para evitar que esta política atroz dañe a una persona más, y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para oponernos a la política de Permanecer en México, o a cualquier otra política similar, e instamos al gobierno de Biden a hacer lo mismo”.

Por su parte, los tres jueces liberales del máximo tribunal, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan declararon a los medios que habrían concedido una suspensión del fallo del juez de primera instancia que bloqueaba la política de Permanecer en México, y sin dar razones señalaron que el caso ahora será escuchado por un tribunal de apelaciones, y que puede regresar en algún momento a la Suprema Corte.

Como se sabrá tal vez, el programa impugnado, Permanecer en México, formal y eufemísticamente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, se aplica a las personas que dejaron un tercer país y viajaron a través de México para llegar a la frontera de Estados Unidos. Y es que “Después de que se implementó la política a principios de 2019, decenas de miles de personas esperaron audiencias de Inmigración en campamentos insalubres expuestos a los elementos. Ha habido informes generalizados de agresión sexual, secuestro y tortura”, reportó en su oportunidad The New York Times.

Hincapié afirma además que “Las personas tienen el fundamental derecho humano y legal a buscar seguridad y asilo en nuestro país, como lo han hecho millones a lo largo de la historia de nuestra nación”. La política de Permanecer en México del presidente Trump, añade el comunicado, “sometió a miles de personas a una violencia impensable y los privó del debido proceso. Esta política va en contra de los valores a los que aspiramos como nación”.

En noviembre pasado una diversa y multigeneracional coalición de votantes “entregó a la ahora administración Biden un mandato claro para construir un sistema de inmigración del siglo XXI, que se centre en la dignidad y la humanidad de todas las personas”. Por eso NILC insta a la administración de Biden a “reenfocar sus esfuerzos en restaurar el acceso total al asilo, y cumplir con la visión que el presidente Biden prometió en la campaña electoral”. La administración de Biden “debe perseguir enérgicamente su apelación ante el Quinto Circuito y hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que este programa mortal no avance», dijo la veterana defensora de los inmigrantes.

Como se redcordará, el presidente Biden suspendió y luego puso fin al referido programa de Trump. Texas y Missouri demandaron entonces, reclamando haber sido lesionados por la rescisión “al tener que proporcionar servicios gubernamentales como licencias de conducir a inmigrantes no autorizados para ingresar a Estados Unidos bajo el programa”, señala el Times.

Afirma que el 13 de agosto el juez Matthew J. Kacsmaryk, del Tribunal para el Distrito Norte de Texas, en Amarillo, dictaminó que “una ley federal requería devolver a los no ciudadanos que buscaban asilo a México, siempre que el gobierno careciera de los recursos para detenerlos”. Ese punto de vista «nunca había sido aceptado por ninguna administración presidencial desde la promulgación del estatuto en 1996», incluida la administración Trump, dijo.

El viernes, poco antes de que el referido fallo de Kacsmaryk entrara en vigor, el juez Samuel A. Alito Jr. emitió una breve suspensión para permitir que la Corte Suprema en pleno considerara el asunto■