Protestan contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Foto: www.calmatters.org.

De la redacción

El juez John A. Méndez, del Tribunal federal para el Distrito Este de California acaba de negar una orden judicial preliminar, de la administración Trump, que solicitaba desactivar las leyes SB 54, AB 103 y una porción importante de la AB 450. Esta Ley de Protección al Trabajador Inmigrante fue patrocinada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio, SEIU California, y autorizada por el asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu.

El interdicto sometido por el presidente Trump y negado por el juez federal John Mendez  buscaba acabar con las llamadas ‘políticas santuario’, o con la “Ley de Valores de California”, que limitan la cooperación entre las autoridades federales de Inmigración y las fuerzas del orden público estatales y locales.

«Los fallos judiciales de hoy envían un mensaje importante cuando vemos la insensible política de separación familiar de la administración Trump en nuestras pantallas o en las noticias, alimentando el miedo entre las comunidades de inmigrantes. Al negar los mandamientos judiciales contra las históricas leyes de inmigración de California, la corte ha afirmado el derecho de California de proteger a sus ciudadanos y exigir una aplicación justa de las leyes de inmigración», escribió el juez.

Este es el primer roud de la batalla legal contra los federales, y lo pierde la administración Trump luego de impugnar dichas leyes santuario, por lo que gana California, señaló Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe, apenas se dio a conocer la noticia el día de ayer, durante la transmisión del programa Línea Abierta que habitualmente conduce.

“El juez decidió que, ‘rehusarse a ayudar a los federales no es lo mismo que impedir la aplicación de la ley federal”, señaló Orozco.

Y es que en un fallo de 60 páginas, “a veces apasionado”, el juez Méndez dictaminó que la decisión del Estado, de no ayudar a las autoridades federales de Inmigración no era un “obstáculo” para el cumplimiento de la Ley de Inmigración: «Hacerse a un lado no equivale a interponerse en el camino», de la ley, escribió el juez.

Según The New York Times, “Los abogados de la administración Trump argumentaron que California carece de autoridad para «interferir intencionalmente» en la cooperación voluntaria de los gobiernos locales con los funcionarios federales de Inmigración”.

Los abogados de California respondieron diciendo que “el estado actuó directamente dentro de su autoridad constitucional», y que las leyes santuario no socavaban la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de Inmigración. Como se sabrá, si un agente de ICE intenta allanar un espacio que no es público en busca de un delincuente, podrá hacerlo siempre y cuando tenga una orden de aprehensión emitida por un juez.

Los funcionarios de la administración Trump han sido enfáticos en que las políticas santuario del estado son violatorias de la ley federal de inmigración.

Poco después de presentar una demanda legal contra California por las leyes santuario en marzo, el Fiscal General de la nación, Jeff Sessions viajó a Sacramento, la capital de California, para criticar a los funcionarios estatales a quienes acusó de utilizar «todos los poderes que la Legislatura tiene para socavar las leyes de Inmigración debidamente establecida en Estados Unidos».

Y vaya que lo están haciendo.

La decisión del juez Méndez significa que California puede continuar haciendo cumplir el requisito de la ley AB 450, para que los empleadores notifiquen a los empleados cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, revisan el papeleo de inmigración de los empleadores  -permisos de trabajo de los extranjeros-, con las llamadas auditorías a los lugares de trabajo.

El Juez John Méndez declaró al respecto: “Aunque nos decepciona que otras partes de la ley estén en suspenso, nos alienta que a través de la AB 450, más empleadores estén aprendiendo de su derecho de solicitar voluntariamente una orden judicial de los agentes de ICE y llamamos a los empleadores de California a adoptar políticas y procedimientos para convertir esto en una política corporativa. Cuantos más empleadores ejerzan este derecho, más podremos extinguir el miedo alimentado por Trump», dijo el juez ..

Concluyó: «Apreciamos al Fiscal General Xavier Becerra por defender con firmeza las leyes de California. Continuaremos luchando por cada trabajador inmigrante a medida que la aplicación en el lugar de trabajo aumenta exponencialmente. Esperamos con interés trabajar con los líderes electos de California para avanzar en nuestra visión de una política de inmigración que respete los derechos de los trabajadores y eleve la dignidad de nuestras comunidades diversas», dic un documento del SEIU California■