Marco Vinicio González
Corporaciones policiales de nivel local, estatal y federal, como ICE, están cooperando para coartar la libertad de movimiento de personas en buscan servicios de salud reproductiva y atención de afirmación de género, echando mano de sistemas de vigilancia digital.
Esto denuncian organizaciones comunitarias como Surge NW, Radical Women, La Resistencia y la Asociación de Libertades Civiles, ACLU de Washington, en base a un estudio científico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR).
El estudio detalla cómo se comparte de manera deliberada y sin consentimiento información recopilada por dichos sistemas de vigilancia digital en los estados que prohíben el aborto y la atención de afirmación de género.
Dicha tecnología (ALPR ) consiste en cámaras que capturan imágenes de automóviles en movimiento, equipadas para escanear imágenes, convirtiendo los números de la matrícula de los vehículos en datos sobre la hora, fecha y ubicación, utilizados por las fuerzas del orden público para saber dónde vive, trabaja y hacia donde viaja el conductor (a).
Línea Abierta exploró este tema que puede violar la privacidad personal, con la Co-directora de La Resistencia, Maru Mora Villalpando, quien comenta los pormenores de esta estrategia con Chelis López, conductora de Línea Abierta.
“Cuando uno maneja las máquinas que checan la velocidad dicen: ‘Aquí el máximo es 30 y ya te estás pasando; yo realmente llegué a pensar que esto era útil… pero resulta que ese tipo de aparatos no nada más checan la velocidad sino que también leen la placa del auto”, dijo Villalpando a López.
Según el estudio de UWCHR, este intercambio de información entre las agencia, incluida ICE, “socava las posiciones y políticas oficiales del estado de Washington que protegen a las comunidades inmigrantes y LGBTQ…, a la justicia reproductiva y a los derechos de la comunidad en general… y la directriz del gobernador Jay Inslee, que prohíbe a los patrulleros del Estado de Washington brindar cualquier tipo de cooperación o asistencia… con los esfuerzos para investigar o enjuiciar a quienes buscan acceso a la atención de la salud reproductiva en nuestro estado”.
Cualquiera puede comprar esas cámaras, no solamente la ciudad. “Puede ser un individuo… y no nada más eso, sino que esa información que se obtiene se guarda y es compartida… acá en el estado de Washington la gran mayoría de los departamentos de policía no tienen una regla ni siguen un estándar de qué hacer con estos datos”.
Hay estaciones de policía en algunas ciudades pequeñas como Mercer Island (Washington) donde ellos dicen: ‘Bueno, sí, nosotros adquirimos esos números de las placas, pero si no arroja un resultado (criminal) de que por ejemplo es un carro robado, borramos la información’. Mientras que en otra ciudad, como en Vancouver, Washington, ahí están compartiendo la información no nada más con la ‘migra’, sino también con el FBI y con un montón de agencias federales…”.
Villalpando señala que también en la frontera de Washington con Idaho se está compartiendo esta información con el Departamento de Policía de Idaho. “Y eso es bien preocupante porque en Idaho hay una tendencia a limitar, y en ciertos casos hasta negar el acceso a los servicios de salud reproductiva, que puede ser por ejemplo el acceso a los abortos’”.
–¿Pues qué no se había comprometido el estado de Washington a salvaguardar los derechos reproductivos y la limitar la participación de las autoridades estatales y locales con la aplicación de la Ley federal de Inmigración? -pregunta López.
“Sí, desde 2019 tenemos una ley que prohíbe colaborar a cualquier agencia de policía con la ‘migra’, excepto si la ‘migra’ tuviera una orden judicial… desde que se perdió el aborto a nivel federal el estado de Washington pasó órdenes ejecutivas y leyes diciendo que ‘aquí no se va a llevar a cabo ninguna penalidad’… sin embargo, nadie está vigilando a estas agencia de policía… Y es que viene mucha gente de otros estados, y no sabemos a qué estados le están dando esta información… muchas agencias de policía no quisieron dar información ni a los investigadores”.
Villalpando agrega que si esa gente viaja a Washington en busca de servicios de salud reproductiva, esto puede tener diversas consecuencias. “Uno: si su estado se entera de que vinieron para acá en busca de acceso a servicios de salud reproductiva, y si su estado lo penaliza, automáticamente eso genera un cargo en su contra… y eso también puede abrir la puerta a un proceso de deportación. Porque recordemos que ‘la migra’ busca cualquier excusa para abrirte un acceso de Inmigración. Y decir, ‘oh pues tu estado te puso que cometiste un delito’, automáticamente ya estás hablando de dos procesos: uno, un proceso penal en tu estado, más un proceso civil, federal, en tu contra a través de la ‘migra’».
La activista afirma hipotéticamente que sí en el estado de Washington ya están cometiendo estos abusos, “imagínate qué estarán haciendo en otros estados”.
En Washington, el Centro Nacional de Análisis Criminal y de Identificación e Objetivos, de ICE, dice estar ya compartiendo esta base de datos. Entendería que para eludir los requisitos de la ley o de órdenes estatales, y que incluso ya ha habido arrestos de personas, dentro de sus hogares, dentro de la comunidad, dice López
–Quisiera que nos compartas también esto.
“Hemos notado que está creciendo un número de personas que no tienen idea ni cómo los detuvieron. Sobre todo viniendo del estado de Washington… Y hoy día, mucha gente termina en el centro de detención… la ‘migra’ ya lleva años comprando esta información… tú puedes comprar información a través de una agencia de autos, te la vende, para fines comerciales; pero nadie está vigilando si son para acciones penales… nosotros hemos hablado aquí con algunos legisladores estatales, y nadie sabía que esto ha estado pasando”.
Para saber qué más dice este impresionante estudio de UWCHR y cómo proponen las organizaciones civiles contrarrestar los peligrosos efectos de dichos sistemas de vigilancia digital, escuche el programa completo de Línea Abierta aquí•