De la redacción
Como hemos informado en su oportunidad, casi 1 millón de migrantes fueron arrestados a lo largo de la frontera con México en el año fiscal 2019, la mayor cantidad desde 2007. Y no obstante, los arrestos alcanzaron un máximo histórico en el año 2000, cuando fueron arrestados 1.6 millones de migrantes, la mayoría adultos solteros y de México. Según los últimos datos de la agencia de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) de Estados Unidos, esos arrestos continuaron disminuyendo en septiembre de este año.
en el renglón de los arrestos por parte de los agentes del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, ICE, este año los padres centroamericanos con hijos constituyeron la abrumadora mayoría de los que cruzan la frontera. Y en lugar de tratar de evadir la captura, muchos buscaron agentes estadunidenses para rendirse y les manifestaron su temor de ser devueltos a casa, que es el primer paso a seguir para solicitar asilo u otra forma de protección legal en Estados Unidos.
Con todo, las autoridades de Inmigración han anunciado que los arrestos de inmigrantes indocumentados iban a suspenderse en las cortes, las escuelas donde llevan a sus hijos, y otros lugares públicos “sensibles”, como los edificios federales. Pero los agentes de ICE continúan arrestado.
Un grave ejemplo es el caso de las mujeres indocumentadas que han buscado refugio en las iglesias Santuario, que ahora son blanco de desorbitantes represalias por parte del gobierno de Trump, como reportó este martes Línea Abierta, de Radio Bilingüe en su Edición de Migración.
«Grupos de derechos civiles exigen el acceso a los registros de la administración Trump sobre las descomunales multas civiles impuestas a las inmigrantes que han tomado refugio en iglesias para evitar su deportación».
Ll respecto, Línea Abierta platicó con la abogada Lizbeth Mateo Jiménez, de Law Offices of Lizbeth Mateo en Wilmington, California, y con el director ejecutivo de Free Migration Project, David Bennion, desde Philadelphia, PA.
Escuche:
Respecto a los arrestos en las cortes de Nueva York, hoy la Fiscal estatal Lettitia James denunció en la corte que “la presencia de ICE pone en riesgo a todos los neoyorquinos”, porque disuade a potenciales de testigo de un crimen acercarse a la corte a atestiguar, “comprometiendo la integridad de nuestro sistema legal”.
Luego de una audiencia judicial en el caso relacionado a la demanda presentada por la propia Fiscal General de Nueva York, Lettitia James y el Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado James dijo que tratarían enjundiosamente de impedir que ICE realice arrestos a migrantes civiles en los tribunales de Nueva York o en sus alrededores:
“La administración de justicia es uno de los temas más importantes en nuestra democracia, y la presencia continua de los agentes de ICE en y alrededor de nuestros tribunales ha comprometido la integridad de nuestro sistema legal. La presencia de ICE en nuestras cortes ha causado un miedo generalizado en las comunidades inmigrantes, pero también ha tenido un efecto escalofriante en nuestra capacidad para garantizar justicia y proteger la seguridad pública».
Al disuadir a potenciales testigos y víctimas claves de presentarse y testificar en ciertos casos, dijo la Fiscal, «estamos poniendo en riesgo a todos los neoyorquinos. Esta política es peligrosa e ilegal, y continuaremos luchando para detenerla”.
Un ángulo interesante por explorar es llegar a saber ¿quién se beneficia con los arrestos de ICE? Este tema lo hemos tocado ya en este espacio informativo, pero como señalamos, creemos que es la industria de las prisiones privadas la que se lleva la gran tajada del botín. Con las cárceles que le renta al Departamento de Seguridad Nacional para encerrar a los inmigrantes indocumentados que captura frenéticamente ICE.
Y en California, un estado a la vanguardia en esta y otras materias, que ha enfrentado abierta y activamente las políticas antinmigrantes de la administración Trump, como se recordará tal vez, el viernes 27 de septiembre el juez federal para el Distrito de Los Ángeles, Andre Birrote Jr. emitió un fallo que “prohíbe a los oficiales migratorios depender solamente de las bases de datos de las agencias policiales para emitir órdenes de detención o detainers en cárceles estatales y municipales’.
El fallo pide invalidar el método más importante que utiliza ICE para detener a personas en todo el país. Las redadas. Y prohíbe que la agencia de Inmigración retenga a los indocumentados dos días más después de su fecha de liberación. Birrote reiteró que estas prácticas de ICE no pueden ser cuando se trata sobre todo de migrantes que no cometieron delitos graves, excepto haber cruzado ‘sin papeles’. «Porque así lo establece la ley de estado santuario, la SB 54», dice una nota de Prensa Asociada de esas fechas.
Pero, ¿qué sucede después de que una persona es deportada?
Según el New York Times, miles de personas son devueltas a su país cada año en vuelos chárter pagados por ICE. O sea, pagado con dinero del contribuyente. “Hasta dos personas detenidas pueden ir en vuelos comerciales, donde vuelan esposadas, dijeron a la fuente abogados de migración”.
Además, la velocidad con que se llevan a cabo los procesos de deportación varían. “Depende de dónde se encuentra y a qué país se le enviará. Conseguir los documentos requeridos para viajar a su país de origen también lleva tiempo…. Para las personas de Centroamérica este proceso puede demorar entre tres y cuatro meses”, encarcelados, generando una renta para cororaciones cacelarias como el Grupo GEO o CoreCivic, entre los más poderosos.
Entre tanto, ICE sigue deportando y encarcelando migrantes y hasta personas que según los agentes parecen indocumentados. Incluso ayudados con tecnología de reconocimiento facial y de voz.
Volveremos sobre el tema■