De la redacción
Como si se tratara de la crónica anunciada de una pesadilla política, los republicanos en el estado de Georgia consumaron los que analistas y medios de comunicación califican como “un golpe a la democracia”.
En cuestión de horas la Legislatura estatal de Georgia aprobó el jueves un proyecto que limita severa y groseramente el derecho de voto, y lo pasó de inmediato al escritorio del gobernador republicano, Brian Kemp, quien lo firmó y promulgó ley ‘en menos que canta un gallo’.
De hecho, la representante estatal demócrata, Park Cannon, quien tocó la puerta del recinto donde Kemp firmaba la ley, con intensión de presenciar dicha firma en la ceremonia a puerta cerrada y sólo para republicanos, fue arrestada y esposada por atreverse a querer entrar, o simplemente por tocar la puerta del recinto y terminó en la cárcel, para ser dejada en libertad horas más tarde tras pagar una fianza de seis mil dólares. ¡De ese tamaño!
Esto es parte de un peligroso impulso nacional de los republicanos que por lo pronto se está cocinando simultáneamente en Arizona, La Florida, Iowa, Michigan y Texas, y que ha sido denunciado por los demócratas y grupos de derechos electorales. Este asalto a la democracia se produce cuando las legislaturas controladas por los republicanos en muchas partes del país consuman la restricción más extensa que Estados Unidos haya experimentado en generaciones, para dar acceso a las boletas y a la votación en general. Pero léase, el ataque va dirigido a las poblaciones minoritarias negra y latina.
De esta suerte los republicanos de Georgia introdujeron al vapor una serie de requisitos como el de la identificación de votantes, limitaron el voto en ausencia y los buzones o urnas, además de ampliar el poder de la Legislatura sobre las elecciones. Es decir, las Legislaturas estatales controladas por los republicanos podrán derogar el veredicto de las Juntas Electorales si los resultados de una elección no los satisfacen o no resultan en su favor.
Con esto Georgia se convierte en el primer campo de batalla importante en reformar su sistema electoral, haciendo eco y sobre todo aprovechando el halo de mentiras que reverbera todavía en el ambiente tras la derrota del anterior presidente en noviembre pasado, en busca de apaciguar a una base ultra conservadora que sigue difamando los resultados de dichas elecciones presidenciales de 2020.
El incidente fue tan indignante que horas después de la firma Marc Elias, un abogado electoral con destacados clientes demócratas anunció una demanda argumentando que las nuevas medidas violan la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Derechos Electorales.
Como se recordará, Trump afirmó sin fundamento que le robaron las elecciones en Georgia y presionó a los funcionarios electorales republicanos para que investigaran. Rechazó sus afirmaciones de que la elección era segura y que los resultados eran precisos desde antes de que se contaran los votos y cuando apenas se había proyectado como ganador a Joe Biden.
Analistas y defensores de los derechos civiles y electorales afirman que la nueva ley en Georgia busca particularmente dificultar la votación para la gran población de votantes de color, negros y latinos, que como se pudo observar fueron cruciales para dar el triunfo al presidente Biden en Georgia, y a los senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff en las elecciones de desempate de enero, con lo que volvieron a Georgia en un estado ‘azul’.
Biden se unió a los demócratas de Georgia el jueves para denunciar los esfuerzos por limitar la votación y calificó el impulso de los republicanos por todo el país como «lo más pernicioso y despreciable… Esto hace que Jim Crow se parezca a Jim Eagle», dijo en su primera conferencia de prensa formal desde que asumió el cargo.
Y aunque la ley terminó siendo menos estricta que las versiones iniciales del proyecto, introduce además de las referidas restricciones el poder para despojar al Secretario de Estado de parte de su autoridad para imponer supervisión en las juntas electorales, y restringe quién puede votar con boletas provisionales además de convertir en un delito ofrecer comida o agua a los votantes que esperan en las largas filas. La ley también requiere que las elecciones de segunda vuelta se celebren cuatro semanas después de la votación original, en lugar de las nueve semanas actuales.
Se esperan nuevas y copiosas demandas, y el presidente Biden anunció en su conferencia de prensa de manera tendencialmente más clara que no escatimará en desechar el filibusterismo del Senado para pasar la Ley HR1 y brindar protección al sistema electoral y a los electores en el país■
