De la redacción
Centro de detención de ICE en Tacoma WA. Foto: KUOW.
A una semana de haber pasado la ley de recortes de impuestos siguen revelándose huecos que están aprovechando muy bien las empresas que se constituyen en fideicomisos de inversiones inmobiliarias para evadir responsabilidades fiscales. Algunas de estas corporaciones transnacionales tienen incluso propietarios o concejos administrativos compuestos de extranjeros. En tanto, la clase media trabajadora es quien con sus contribuciones al fisco pagará por este enorme déficit de 1.5 millones de millones de dólares que generó la ley de marras, como hemos comentamos en este mismo espacio. Se trata de un escandaloso ‘regalo de Navidad’ a Trump y los más acaudalados del país que financian las campañas políticas de los legisladores Es un despojo ilegal, un robo que el Congreso –léase, esta vez los republicanos- legalizaron con su voto.
Otra vez la fortuna toca a las puertas de las corporaciones que construyen y administran prisiones privadas en Estados Unidos, repletas de personas de las minorías, negros y latinos principalmente, aunque estos grupos estadísticamente no sean los mayores infractores de la ley.
El valor de las acciones de la industria de prisiones privadas en Estados Unidos se frenó levemente en años pasados. Es una industria alimentada por las políticas de mano dura del gobierno federal contra el crimen y la inmigración ilegal (así la sigue llamando Reuters), pero hoy registra un repunte. “Las acciones ofrecen un buen valor a pesar de que una inesperada ganancia imprevista bajo la administración Trump hasta el momento no se haya materializado”, dice la agencia de noticias.
Para lograr dicho repunte en el valor de sus acciones las empresas penitenciarias “se reestructuraron como fideicomisos de inversión en bienes raíces –el origen de la fortuna de Trump-, y ahora gracias a la nueva ley impositiva alcanzarán un recorte sustancial de impuestos… más buenas noticias para quienes se benefician de una mayor encarcelación”, afirma por su parte el semanario inglés, The Guardian.
Operadores de la bolsa de valores declararon recientemente a Reuters que Geo Group Inc y CoreCivic Inc “pueden ganar contratos de estados que luchan con la sobrepoblación carcelaria, como Kansas y Oklahoma, y tienen mucho espacio para acomodar la nueva demanda”, construyendo nuevas prisiones. Como es sabido, Estados Unidos es el país con la mayor población carcelaria del mundo, o casi 2 millones y medios de presos cuya mayoría es escandalosamente negra y latina.
«Cerca de una cuarta parte de las personas privadas de la libertad en el mundo purgan sus penas en cárceles estadunidenses». Y según la cadena CNN, para 2011 «cerca del 70 por ciento de los presos extranjeros en las cárceles estadunidenses eran mexicanos».
Las propuestas de la administración federal para reforzar las finanzas y recursos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos en el futuro “podrían ayudar más a estas empresas, aunque todavía no está claro cuánto dinero nuevo aportará el gobierno” a la maquinaria de deportación y reclusión de presos, señala Reuters.
No obstante, de acuerdo con declaraciones de Jamie Trinkle a The Guardian, gracias a las ventajas que le brinda a las corporaciones la referida ley impositiva, «Va a ser grandioso para los inversionistas, los bancos y los fondos de cobertura que poseen acciones en prisiones privadas, y que dependen de una mayor encarcelación y criminalización». Trinkle es coordinador de campañas e investigación de la coalición de justicia racial y económica, Enlace.
Bajo la nueva ley de los republicanos, las inversiones en los llamados «fideicomisos de inversión inmobiliaria (retiros)”, verán una reducción del 25% en sus impuestos. Es decir, 10 puntos porcentuales; del 39.6% actual, al 29.6%.
Estas dos corporaciones, Corecivic (anteriormente Corrections Corporation of America, o CCA), y Geo Group, “que poseen juntas más del 80% de las camas de prisiones privadas en Estados Unidos, se reestructuraron en el 2013″. La ley tributaria tiene un beneficio sin precedentes, agrega la fuente, «para los inversionistas que se vuelven fideicomisos de inversión inmobiliaria», en este caso constructores de prisiones, dijo David Miller, socio fiscal de Proskauer Rose.
Con dividendos de más de 430 millones de dólares pagados por estas principales compañías privadas de construcción y administración prisiones en 2017, «en teoría los inversionistas en prisiones podrían ver 50 millones de dólares adicionales en ganancias de dividendos el próximo año, gracias a la legislación republicana, sostiene The Guardian.
“Incluso sin la nueva tasa impositiva más baja, la clasificación de los fondos de retiro (reit) ya era una gran ayuda para la industria de prisiones privadas. Antes de convertirse a un reit en 2013, Corecivic estaba sujeto a una tasa impositiva corporativa del 36%. Después de la reorganización, informó que pagó una tasa impositiva efectiva en el primer trimestre de 2015 de ¡sólo 3%!
“El regalo de la ley de impuestos a los inversores de prisiones refleja la relación de compromiso que Trump mantiene con la industria privada en general. La fuente sostiene que después de años de celebrar en otros lugares, en el 2017 Geo Group organizó su conferencia anual de liderazgo en el Club de Golf Trump National Doral”, en Miami, Florida. La compañía también “le dio casi medio millón de dólares a Trump, a través de su comité de inauguración y Super Pacs”. Poco después, Geo Group se aseguró el primer contrato de la administración federal para construir un centro de detención de inmigrantes, “un acuerdo que podría valer millones de dólares”.
Con todo, Jamie Trinkle, de Enlace, aún ve potencial para frenar el resurgimiento de las prisiones privadas. «Las campañas de desinversión han extraído con éxito más de 4 mil millones de dólares de los bancos (principalmente Wells Fargo) y otras organizaciones que invierten en la industria”, concluye The Guardian■
