Protestan contra las políticas federales de Inmigración. Foto: www.nationofchange.org

De la redacción

El presidente Trump quiere que los estados demócratas hagan «ajustes de ciudad santuario» a cambio del apoyo financiero que por ley le corresponde por parte de la federación. Una especie de nuevo quid pro quo, como el de Ucrania. Y es que el gobierno de Trump ha luchado durante el tiempo que lleva su administración contra la política que busca proteger a los inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, y definir a esta inmigración como una actividad criminal.

De acuerdo con la publicación electrónica, Vox, en un giro autoritario el presidente Trump señaló el martes que está buscando “condicionar el alivio económico del coronavirus para los estados azules en el cumplimiento de los objetivos de la política de Inmigración de su administración”.

En declaraciones a los periodistas en un evento de la Casa Blanca con el gobernador de La Florida, Ron DeSantis, Trump dijo que “estaría dispuesto a brindar ayuda económica a los gobiernos estatales controlados demócratamente, pero que quiere que primero hagan algo por él: doblegar sus políticas de ciudad santuario y alinearse con la política deseada de su administración”.

Y agregó que “sólo está dispuesto a ayudar a algunos estados a cubrir financieramente las pérdidas relacionadas con la pandemia de coronavirus”.

Como se recordará tal vez, esta guerra comenzó cuando el entonces Fiscal General Jeff Sessions anunció durante la primer semana de marzo de 2018 que su Departamento de Justicia estaba demandando al estado de California por sus leyes que limitaban la cooperación con agentes federales de Inmigración: «No estamos pidiendo a California, Oakland ni a nadie que haga cumplir las leyes de Inmigración… Simplemente estamos pidiendo a California y otras jurisdicciones santuario que dejen de obstruir activamente la aplicación de la ley federal», reportó Vox en aquella oportunidad.

Esa idea, de que los lugares administrados por los gobiernos demócratas, incluidas las ciudades de todo el país y de algunos estados “azules” como California, están «obstruyendo activamente» al gobierno federal para proteger a los «inmigrantes ilegales», está en el centro del debate sobre las jurisdicciones «santuario» que por lo general son referidas como «ciudades santuario”.

Además, el procurador no sólo utilizó la palanca del presupuesto económico para presionar a los estados demócratas con jurisdicciones santuario, sino que comenzó incluso a utilizar los tribunales para eliminar dichas políticas proinmigrantes.

En su conversación con la prensa este martes, sin que el “razonamiento” de Trump tenga nada que ver con la pandemia, giró en torno a lo que en su opinión el público estadunidense desconoce acerca las políticas santuario. Para el mandatario, en estas jurisdicciones “las personas que son criminales están protegidas para no ser enjuiciadas… Creo que ese es uno de los problemas que tienen los estados. Ni siquiera creo que sepan que tienen un problema, pero tienen un gran problema con la situación del santuario».

La fuente sostiene que se trata de dos peleas separadas sobre el federalismo: las ciudades santuario versus Trump, y los estados demócratas versus los estados republicanos. “La lucha del santuario se ha convertido recientemente en un asunto partidista consistente, con jurisdicciones gobernadas por los republicanos (como el gobierno federal y los estados rojos) por un lado, y los estados azules (y la mayoría de las ciudades con gobiernos demócratas) por el otro. Bajo el presidente Obama, el cálculo político fue más complicado para los gobiernos locales (progresistas) que buscaban luchar contra el aparato federal de Inmigración”.

Por su parte, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) respondió a los comentarios de Trump en un tuit el mismo martes: «No podemos permitir que la administración Trump explote una crisis de salud pública para promover su agenda antinmigrante», señala Vox.

Y también varios legisladores de ambos partidos condenaron la sugerencia del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, de que los estados con dificultades presupuestarias para atender la crisis del Covid-19 deberían declararse en bancarrota.

Además, la administración Trump ha utilizado la agitación económica producida por la pandemia para hacer retroceder las regulaciones que siempre ha tenido en su mira, dice la fuente. “Redujo los requisitos de economía de combustible para automóviles de la era Obama y facilitó la aplicación de varias regulaciones de contaminación de la EPA. También está considerando deshacer muchas regulaciones de pequeñas empresas”.

En cuanto a la política de inmigración, el 23 de abril la administración federal anunció que suspendería la inmigración a Estados Unidos, aunque eximió de la regla a muchos trabajadores agrícolas, entre otros.

Y como ha quedado demostrado por diferentes estudios, las políticas de las ciudades santuario no resultan en un aumento del crimen más alto que el promedio.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Urban Affairs Review en 2017 encontró que “las ciudades con características similares, pero por sus políticas de santuario no tenían una diferencia estadísticamente discernible en sus tasas de delitos violentos, violaciones o delitos contra la propiedad”.

Utilizando datos del Centro Nacional de Leyes de Inmigración y del FBI, los investigadores compararon las tasas de criminalidad antes y después de que las ciudades aprobaran las leyes de santuario, y descubrieron que no tenían ningún efecto sobre el crimen.

Aunque las políticas de las ciudades santuario no tienen nada que ver con el brote de Covid-19, Trump aparentemente ve la crisis como una oportunidad para obligar a los estados demócratas a remodelar sus políticas de Inmigración de una manera favorable con su base electoral. “De esa forma, el quid pro quo que está tratando de establecer es una reminiscencia de los tratos con Ucrania” que casi resultan en su remoción, concluye la fuente■