De la redacción

Junta de Supervisores del Condado de Orange, CA. Foto: www.ocpoliticsblog.com.

Este martes la Junta de Supervisores del Condado de Orange, California, obtuvo dos votos significativos: uno, que fue descartado, sobre un plan previamente aprobado para abrir refugios temporales a personas sin hogar, en las ciudades ricas de Huntington Beach, Irvine y Laguna Niguel. Y en el otro, la junta votó para unirse a una demanda de la administración Trump contra la llamada ley del estado santuario de California. Ambas medidas provinieron de la junta, totalmente republicana, y fueron unánimes, aunque un miembro no estuvo presente, publica hoy The New York Times.

En el condado de Orange los votantes eligieron un candidato demócrata a la presidencia en 2016, por primera vez desde la Gran Depresión, y durante años, “parecía que el cambio demográfico ahi podría empujar a ese enclave suburbano a perder su imagen como una isla conservadora”, sostiene el Times.

Entre tanto, miles de personas han demostrado su opinión sobre las políticas divisivas. «El voto para unirse a la demanda del gobierno federal contra el estado se produjo justo después de que el Concejo Municipal de Alamitos adoptara una medida para eximirse de la ley estatal» que limita estrictamente la comunicación entre la policía local y los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

Este suceso fue precedido por una mesa redonda organizada recientemente por la administración federal en la Casa Blanca, y es un eslabon mas en la cadena de ataques a las jurisdicciones Santuario, una de las principales preocupaciones de la agenda presidencial para justificar su estrategia de deportación, reportó hace unos dias un editorial de The Washington Post titulado, «Trump convoca un festival de miedo en ciudades santuario».

En un comunicado de prensa America’s Voice llama la atención sobre este singular suceso, muy al estilo del presidente y sus súbitos más xenófobos, y cita una serie de pasajes extraídos de tal editorial.

«La difusión de las llamadas ciudades santuario plantea preguntas equitativas sobre cómo la aplicación de la ley local puede equilibrar la colaboración con los funcionarios federales de deportación, por un lado, y mantener la confianza de las comunidades inmigrantes, por el otro”.

Añade que esas preguntas estuvieron ausentes, cuando el presidente Trump convocó a dicha mesa redonda, que giró alrededor de “una distorsión fáctica y excesos retóricos que no ayudaron a dilucidar un tema tan difícil”, señala el Post.

El presidente declaró ante el grupo convocado, compuesto por funcionarios republicanos, políticos y agentes de la ley, que “las ciudades santuario tienen la intención de desatar una ola de crímenes en Estados Unidos. Lo están haciendo -afirmaría Trump- para salvaguar a violadores y otros delincuentes sanguinarios en lo que equivale a un virtual tren subterráneo atestado de inmigrantes ilegales transitando entre las cárceles locales y las comunidades vulnerables”.

Pero los hechos, basados en datos reales, como hemos publicado muchas veces aquí, demuestran que en prácticamente todas las denominadas jurisdicciones santuario los funcionarios locales continúan cooperando con los agentes ICE cuando se trata de entregar a los delincuentes más peligrosos y reincidentes, tras cumplir sus condenas. “No lo hacen sin embargo en el caso de delincuentes menores”, apunta la fuente.

Como se recordará, este tema fue objeto de abuso durante la visita que Trump sostuvo recientemente en California, estado que promulgó una de las leyes de santuario más amplias del país, donde la policía local está autorizada a entregar a los agentes de ICE a las personas que han infringido la ley, “acorde con una lista de 30 tipos de delitos. Y pueden compartir información con los agentes de inmigración sobre los reclusos que han sido condenados por cientos de delitos muy graves y simplemente graves”.

Pero esas «sutilezas» de la narrativa de las jurisdicciones santuario fueron barridas debajo de la alfombra en la referida mesa redonda, dice la fuente, “mientras los funcionarios rivalizaban entre ellos para ver quien asustaba más a los estadunidenses. “El evento coincidió con la continua cruzada de Trump para usar anécdotas escogidas que convencieran a los estadunidenses de que los inmigrantes ‘ilegales’ representan una amenaza para la ley y el orden”.

No obstante, agrega el Times, “Numerosos estudios han demostrado que los inmigrantes, incluidos los inmigrantes indocumentados, generalmente cometen delitos en una tasa menor que los estadunidenses nativos. Y el hecho de que esas estadísticas choquen con la agenda del presidente no las hace menos ciertas».

Ahora, los líderes políticos que acudieron a la Casa Blanca invitados por Trump parecen estar dispuestos a reclamar su papel y destacarse “como un contrapunto en relación con el resto de California”.

Y señala que ayer martes la Junta de Supervisores de dicho condado obtuvo dos votos significativos: uno, que “descartó un plan previamente aprobado para abrir refugios temporales a personas sin hogar” en las ciudades ricas de Huntington Beach, Irvine y Laguna Niguel. Y en el otro, “la junta votó para unirse a una demanda de la administración Trump contra la llamada ley del estado santuario de California”.

En tal audiencia de la junta, “Miles de personas habían aparecido para expresar sus puntos de vista sobre las políticas divisivas”. Pero el voto para unirse a la demanda del gobierno federal contra el estado se produjo pocos días después de que el Concejo Municipal de Los Alamitos adoptara una medida “para eximirse de la nueva ley estatal que limita estrictamente la comunicación entre la policía local y los oficiales federales de Inmigración”.

Michelle Steel, una de las supervisoras de la referida junta dijo en un comunicado -citado por el Times– después de la reunión, «No puedo permitir que el estado comience a elegir las leyes federales que decida seguir».

Por su partye, defensores de los derechos de los inmigrantes calificaron ese voto de «vergonzoso», y dijeron que “la junta está usando como chivos expiatorios a nuestras propias comunidades». Otros oponentes recordaron a los miembros de ese órgano municipal que el Condado de Orange fue líder en el respaldo brindado en su momento a la tristemente célebre Proposición 187, una fracasada medida antinmigrante que luego fue anulada en los tribunales.

Con todo, los votos de la Junta de Supervisores de Orange «no son la única señal de reacción negativa» hacia las reglas de la jurisdicción santuario que rigen en California. A principios de esta semana, la oficina del Sheriff del condado de Orange dijo que comenzaría a enumerar a todos los que están programados para salir de la cárcel en un sitio web público, como una forma de evitar la ley estatal que restringe la comunicación con ICE■