De la redacción
Al dar demasiado peso a las demandas de los propietarios, California estaría permitiendo que los inquilinos, muchos de ellos negros y latinos, continúen pagando sumas exorbitantes para mantener un techo sobre su cabeza. Se espera que Newsom y los legisladores puedan llegar a un compromiso antes de que el estado abandone el ‘precipicio del desalojo’. Pero si deben elegir, sólo hay una opción aceptable: esta vez los inquilinos deben ser prioridad.
Hoy lunes una crisis nacional de vivienda está tocando a la puerta de los estadunidenses que no pueden pagar la renta. Esto podría desatar una nueva serie de masivas oleadas de desalojos en todo Estados Unidos, al perderse las protecciones que amparaban a millones de inquilinos bajo la Ley CARES contra la pérdida de sus hogares por retrasos en el pago de la renta.
Según Statista, una fuente de análisis científico que lidera el campo del análisis de datos de mercado y del consumidor, “casi la mitad de todos los inquilinos estadunidenses podrían estar en riesgo de desalojo en los próximos meses”; es decir, más de 28 millones de trabajadores que reclamaron beneficios por desempleo en agosto y que recientemente perdieron la ayuda federal de 600 dólares semanales, o la más reciente de 400 dólares a la semana que ordenó Trump a principios de este mes y que aún no entra en vigor en vigor.
O bien, según el Instituto Aspen, “hasta 40 millones de personas sin protecciones legales, nuevas o renovadas podrían verse desplazadas de sus hogares durante el próximo año”, mientras el país experimenta la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Algunos estados todavía ofrecen sin embargo algunas protecciones temporales y de emergencia contra el desalojo, pero muchos, como en el caso de la suspensión de desalojo de California, terminarán pronto.
En tanto, el gobernador Gevin Newsom ha declarado repetidamente estar muy preocupado por la crisis de desalojos y el aumento de familias que terminan desamparadas en la calle. Sin embargo, ahora lo único que puede salvar a los inquilinos que no han pagado la renta es un compromiso legislativo de último minuto, por parte de los legisladores estatales, de un estado que lidera a la nación en el renglón de la falta de vivienda. “Pero cuando se le preguntó al gobernador Gavin Newsom acerca de las posibilidades de hacerlo a tiempo, es decir antes del 1 de septiembre”, a fin de poder enfrentar el momento, “Newsom a menudo ha cambiado de vago a frívolo, o a defensivo”, reporta Los Angeles Times.
La fuente agrega que sin duda el costo del fracaso en California sería inaceptablemente alto para un estado que, además del número de personas que viven en campamentos debajo de puentes y callejones, “lleva a la nación a la pobreza cuando se tiene en cuenta el costo de la vida”.
Sin embargo, la poderosa y bien financiada Asociación de Apartamentos y la Cámara de Comercio de California se han manifestado en contra del último proyecto de ley para evitar el desalojo vigente. O sea de la AB 1436, del asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu, que “prohibiría la remoción de inquilinos que no paguen hasta 90 días después de que finalice el estado de emergencia de COVID-19, o en abril de 2021, lo que ocurra primero”.
Muchos estados “preferirían evitar los desalojos recibiendo créditos fiscales en lugar del alquiler, una propuesta que estaba en otro proyecto de ley que los legisladores estatales dejaron de lado a principios de este mes”, dice la fuente.
Según la AB 1436, los propietarios de viviendas de alquiler «perderán sus unidades de alquiler y los inquilinos eventualmente perderán sus casas», advirtió al Times Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de la asociación de apartamentos. “Este sentimiento se hizo eco de docenas de propietarios y administradores de propiedades que inundaron mi buzón después de que escribí sobre lo que el próximo ‘acantilado de desalojos’, como muchos lo han llamado, les haría a los residentes más vulnerables de California”.
Esto pasaría en apenas ocho días a partir de ahora, cuando una moratoria estatal sobre los desalojos expire y las familias de todo el estado, incluidas muchas familias con niños, puedan verse repentinamente expulsadas de sus hogares a la calle. Al menos un estudio ha predicho que hasta 5.4 millones de hogares podrían salirse del llamado acantilado de desalojo.
Lo único que puede salvarlos ahora es un compromiso legislativo de último minuto de los legisladores estatales, guiado por la oficina del gobernador. «Pero cuando se le preguntó acerca de las posibilidades de hacerlo a tiempo para enfrentar el momento, Newsom a menudo ha cambiado de vago a frívolo a defensivo».
Esto es un reflejo de la preocupante realidad política que, incluso ahora, con consecuencias desastrosas cada vez más cercanas para «un estado que ya lidera a la nación en la falta de vivienda». De ahí que la oficina de Newsom y los legisladores estatales estén tratando de encontrar una manera de hacer felices a los propietarios».
El problema fundamental es que al dar demasiado peso a las demandas de los propietarios, California estaría permitiendo lo que sólo podría interpretarse como un regreso al status quo, en el que los inquilinos, muchos de ellos negros y latinos, continúan pagando sumas exorbitantes para mantener un techo sobre su cabeza.
Se espera que Newsom y los legisladores puedan llegar a un compromiso antes de que el estado se salga del precipicio del desalojo. Pero si deben elegir, sólo hay una opción aceptable: «Esta vez, deben ser prioridad los inquilinos», concluye la fuente■
