Foto: Oficina del representante Henry Cuellar
Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
Le llaman la nueva crisis de los niños migrantes, que más bien es la crónica de una crisis anunciada al no ser un nuevo fenómeno, sino uno que siempre ha estado presente pero que se ha agudizado por diversas coyunturas: desde la intensificación de la violencia de maras y narcotráfico -así como falta de oportunidades en los países de origen de estos niños-, hasta truenos de reforma migratoria que la mafia de traficantes de personas explota diseminando falsos rumores de oportunidad de estancia y legalización en el país receptor, Estados Unidos.
Como suele ocurrir en las crisis, todas las partes comienzan a buscar culpables, pero no a ofrecer soluciones. Sobre todo los políticos en la capital federal estadunidense, opuestos a la reforma migratoria, que rápido señalan las medidas administrativas para amparar de la deportación a jóvenes indocumentados o dreamers, la Acción Diferida o DACA, como la razón central para que miles de niños estén arribando a la frontera méxicoestadunidense.
Es una explicación irresponsable que ignora las causas que desembocan en la crisis.
No hay que ser un genio para entender que si no se tienen oportunidades básicas en su país de origen, la solución para millones en diversas partes del mundo es llegar a lugares donde creen que puedan tenerlas, cueste lo que cueste, aunque no tengan sus documentos en regla.
La falta de oportunidades en los países expulsores tiene diversas raíces, pero muchas son comunes: corrupción a todos los niveles, gobierno, policía, sector judicial, empresarial; riquezas concentradas en unos pocos; la presencia de empresas extranjeras que sacan miles de millones en ganancias para ellos y unas cuantas familias, pero que dejan limosna a los trabajadores; la violencia de narcos y maras que se esparce como hiedra.
Y aunque Estados Unidos destine fondos anuales para programas de seguridad y combate a la pobreza en estos países, la mezcla de reducción de fondos con la incapacidad y la corrupción de algunos de estos gobiernos no supone ningún alivio. Súmele a eso décadas de dejadez de administraciones republicanas y demócratas que han concentrado miles de millones de dólares en una lucha contra el narcotráfico que no produce resultados reales, excepto el desplazamiento de millones de seres.
Sólo hay que mirar a México. Si en cualquier otra parte del mundo hubiesen muerto los miles que han fallecido por el narcotráfico en el país vecino, habría revuelo en Washington y a nivel internacional. Pero por tratarse de un país amigo, se hacen de la vista larga. Mientras se disparan las peticiones de asilo de los mexicanos, sólo un puñado podrá obtenerlo. No es común concederle asilo a nacionales de países aliados publicitando su incompetencia.
De otra parte, está el fenómeno migratorio explotado a conveniencia. En época de vacas gordas todos ignoran la mano de obra indocumentada: el gobierno influido por empresas, las mismas que aprovechan mano de obra barata y sin derechos; los consumidores que reciben bienes y servicios a mejores precios; los gobiernos de los países expulsores que se benefician de las remesas que envían los indocumentados. Sólo en 2013, América Latina y el Caribe recibieron casi 62 mil millones de dólares en remesas, tres cuartas parte de esa cantidad provenientes de Estados Unidos, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En época de vacas flacas, el tema se explota políticamente y los indocumentados son los culpables de todos los males de este país.
Son los mismos políticos que ahora, ante la crisis de los niños de la frontera se les hace más fácil y conveniente decir que la culpa la tiene el presidente Barack Obama por haber ofrecido DACA a los dreamers, que tuvo que concederse por la incapacidad del Congreso para impulsar primero el Dream Act y ahora la reforma migratoria, particularmente la Cámara baja de mayoría republicana, negada a debatir medida alguna.
Ante una crisis con tantas causas y tantos matices sería demasiado simplista decir que una reforma migratoria es la solución, aunque hay que reconocer que la falta de documentos contribuye a la separación familiar y a que muchos padres, sin ver a sus hijos por años, opten por traerlos pensando que colocarlos en manos de traficantes de personas es más esperanzador que dejarlos en sus países de origen, donde pueden ser víctimas de la delincuencia o reclutados por narcos y pandilleros.
A nivel político, los republicanos explotan la crisis culpando a Obama por DACA y por promover la reforma y asegurando que la frontera no es segura. La administración Obama, por su parte, puede escudarse en la crisis para evitar otras acciones administrativas que alivien el flagelo de las deportaciones, con base en el argumento de que puede prestarse para que traficantes sigan diseminando falsos rumores de «amnistía» que agudicen la crisis.
Y, como siempre, nada cambia.
Mientras crecen las recriminaciones, lo que queda claro es que en este fenómeno no hay un solo culpable, pues muchos tienen las manos manchadas de sangre.
