Aumenta el temor, pero también las demandas contra la regla de Carga Pública. Foto: Make The Road NY.
De la redacción
Como se recordará, pues se le ha dado amplia y oportuna difusión en este espacio informativo, la administración Trump ha lanzado recientemente un ataque más contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos, expandiendo de manera legaloide el concepto de “carga pública”. Con esto, ha atemorizado a muchos inmigrantes con aspiraciones para ajustar su estatus migratorio, empujándolos a desistir de su intento si se atreven a reclamar beneficios públicos que por ley les corresponden.
Incluso los hijos ciudadanos de los inmigrantes en Estados Unidos se abstienen de recibir desayunos escolares gratuitos, para las personas de bajos ingresos, vacunas y atención médica general, o cupones de comida y subsidios para la vivienda, etcétera. Sin embargo, como casi todas las descabelladas iniciativas de Trump y su administración, de manera destacada de su asesor en asuntos de inmigración, el malvado Stephen Miller, éstas se atoran en los tribunales apenas ven la luz del día. Aunque igual la comunidad inmigrante vive atemorizada con todas y cada una de las venenosas mediadas que supura la administración federal.
Hoy por ejemplo la Fiscalía estatal de Nueva York redobló su desafío legal contra la medida de carga pública. La Fiscal General, Letitia James presentó una moción solicitando una orden judicial preliminar para impedir que la nueva regla de carga pública de la administración Trump entre en efecto como ha planeado el gobieirno federal.
“La nueva regla tiene como objetivo negar las tarjetas de residencia permanente y visas a inmigrantes que se beneficien o que se hayan beneficiado de programas de asistencia del gobierno”, dice un comunicado de la Fiscalía de Nueva York. “Esa norma podría dejar consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud pública y la economía”.
La disputa no es nueva. De hecho Trump es uno de los principales “clientes” de la fiscalía de Nueva York. Vale anotar que inicialmente, en agosto de 2019 la Fiscal General, Letitia James presentó una demanda ante el Tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo de los Fiscales Generales de los estados de Connecticut y Vermont, y de la propia Ciudad de Nueva York.
La coalición buscaba obtener una orden preliminar que evite que la regla de carga pública entre en vigencia el próximo 15 de octubre de 2019, argumentando que afectaría a las comunidades de color. Es decir, que “afectaría irreparablemente a millones de no ciudadanos y a sus familiares al disuadir su acceso a los beneficios públicos que legalmente tienen derecho a recibir, afectando la salud pública y causando fuertes problemas económicos y otros daños».
Por eso, “Desafiando el intento de la administración Trump de intimidar y atacar específicamente a los inmigrantes de color, y poner en riesgo la seguridad de estas comunidades”, dice la demanda, «no permitiremos que la administración Trump promulgue reglas que violen las leyes y los valores de este país… Si se aplica, la norma de carga pública no solamente sembrará miedo y caos en las vidas de las comunidades inmigrantes que trabajan para salir adelante, mantenerse y sacar a sus familias de la pobreza, sino que también dejaría un impacto negativo en la salud y el bienestar de los neoyorquinos y de las personas en toda esta nación. Esta medida es peligrosa, perjudicial, y no se debe permitir que entre en vigor”.
Sin embargo, gran parte del daño ha sido consumado. Existe un visible temor en amplios sectores de la comunidad inmigrante, particular aunque no exclusivamente entre los latinos, por los alcancesperniciosos que dicha medida antinmigrante puede tener en sus vidas.
La nueva definición de carga pública, realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “no tiene en cuenta la intención clara del Congreso, e ignora un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivo no se consideran carga pública porque no dependen principalmente del gobierno”, dice el comunicado de la Fiscalía de Nueva York.
Agrega: “Adicionalmente, la nueva regla convierte en un arma política la investigación sobre la carga pública, ya que ataca principal y específicamente a inmigrantes de color, inmigrantes con discapacidades, y a aquellas personas de bajos ingresos”.
Finalmente, la propuesta de Trump “fundamentalmente malinterpreta el propósito de los programas cuyos beneficios no se entregan en efectivo, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes que llegan a este país con medios limitados, tratando de salir de la pobreza y lograr una movilidad ascendente”.
Y esto ha sido así desde la llegada de los primeros peregrinos (pilgrims) en el siglo XVIII, que han llegado a este país en busca de una mejor vida, con medios muy precarios y hasta sin ellos. O sea, los abuelos, bisabuelos y antepasados de todos los estadunidenses, con excepción de los indígenas americanos.
Como se sabe, con la propuesta de Trump “se prevé que seguirá dándose una disminución en la inscripción a los programas de cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda, y el Medicaid, lo que podría causar un aumento en el número de personas que corren el riesgo de vivir con condiciones médicas no diagnosticadas ni tratadas”, afirma la Fiscalía.
Como dio a conocer la cadena CNBC, a través de un nuevo estudio de investigadores académicos, “el 66.5% de todas las bancarrotas en Estados Unidos está vinculado a problemas médicos, ya sea debido a los altos costos de la atención o por el tiempo sin trabajo”.
Económicamente, concluye la Fiscalía, “las comunidades afectadas podrían experimentar mayores tasas de pobreza, inestabilidad de las viviendas, una gran reducción en la fuerza laboral, y una disminución general en el índice de productividad financiera”■
