La industria de chimeneas es otra fuente de alta contaminación ambiental. Foto: www.health.harvard.edu.

De la redacción

Una coalición de 15 fiscales generales, el Fondo de Defensa Ambiental y la ciudad de Chicago siguen exigiendo a la administración Trump que deje de ignorar su responsabilidad legal para controlar las emisiones de gas metano de las corporaciones productoras de gas y petróleo.

Como hemos reportado en su oportunidad en este espacio informativo, en abril de 2018 fue presentada una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por violar la Ley Federal de Aire Limpio, al «retrasar injustificadamente» por cuatro años su obligación, bajo la Ley para controlar las emisiones de gas metano, por parte de las instalaciones existentes de crudo y gas del país.

Y hoy, una moción codirigida por los Fiscales Generales de California, Xavier Becerra, de Massachusetts, Maura Healey y Nueva York, Letitia James, así como por el Fondo de Defensa Ambiental y la ciudad de Chicago pide al máximo tribunal de la nación que otorgue “un juicio sumario” a favor de la coalición.

Los fiscales exigen que la corte declare la «irrazonable demora» de la EPA durante cuatro años, y ordene a la agencia federal del medio ambiente que “desarrolle y emita rápidamente una regla para controlar las emisiones de metano de las fuentes existentes en las operaciones de petróleo y gas”, dice un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York, a nombre de la referida coalición.

«Como hemos visto durante años, la Administración Trump ha valorado durante mucho tiempo a los contaminadores por encima del pueblo estadunidense», señaló James. «El papel de la EPA para controlar adecuadamente las emisiones de metano, de las operaciones de petróleo y gas, se detalla en la Ley de Aire Limpio”, dijo.

El comunicado de los fiscales generales agrega que la negativa de la EPA a cumplir con su responsabilidad “es ilegal y perjudicial para la salud pública y el medio ambiente”. Y señala que la coalición de 15 estados continuará presionando a Trump y a la EPA hasta que aborde el tema de la contaminación del aire “con la seriedad y urgencia que se requiere”.

El metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, que calienta el clima aproximadamente 80 veces más que el dióxido de carbono –o las emisiones de los escapes de los autos, por ejemplo-, con un efecto que perdura durante 20 años. Las operaciones de petróleo y gas son las mayores fuentes industriales de emisiones de metano en Estados Unidos. “Y las segundas fuentes industriales más importantes de emisiones globales de gases de efecto invernadero del país, detrás de las plantas de energía eléctrica”.

De hecho, basándose en datos de la porpia EPA, el Fondo de Defensa Ambiental estima en mil 500 millones de dólares el valor del gas natural, cuyo componente principal es el metano que se escapa o libera intencionalmente de la cadena de suministro de petróleo y gas todos los años. “Eso es suficiente gas liberado a la atmósfera como para calentar más de 5 millones de hogares”.

Los fiscales estatales afirman que desde al menos en 2016, la Ley de Aire Limpio ha requerido que la EPA regule el metano de las fuentes emisoras existentes en las operaciones de petróleo y gas. La agencia federal estableció entonces un curso para desarrollar «rápidamente» regulaciones para las emisiones de metano de las referidas fuentes.

“Si la agencia hubiera seguido su curso, ya habría emitido las regulaciones para evitar la emisión existente de metano”, sostiene la demanda de los 15 fiscales a la administración Trump.

Pero por el contrario, a principios de 2017 el entonces administrador de la EPA, Scott Pruitt interrumpió abruptamente el proceso para regular dichas emisiones, finalizando efectivamente todo el trabajo de la agencia, bajo la administracición Obama, para desarrollar estas reglas. La coalición de fiscales argumenta que “la administración Pruitt detuvo el proceso a instancias de la industria del petróleo y el gas, y sin ninguna consideración de la ley, así como sin las discusiones aportadas por el público.

Los abogados generales de California, Connecticut, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Maryland, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Nueva York, Washington, el Distrito de Columbia y la ciudad de Chicago redoblaron esfuerzos para demandar a la EPA de Trump.

Por su parte, Nueva York ha iniciado más de 130 acciones legales contra la Administración Trump en las áreas de seguridad y productos químicos tóxicos, como se ha reportado en su oportunidad en estas mismas páginas, y también acerca de tierras públicas y vida silvestre, energía limpia y eficiencia energética, aire limpio, agua limpia y cambio climático■