Mujer indocumentada víctima de violencia doméstica es detenida por agentes de ICE en una corte de el Paso, Texas. Foto: People Magazine.

De la redacción

Una coalición de 14 Fiscales estatales sometió un escrito amigo (Amicus Brief) a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, para poner alto a las detenciones de migrantes, por parte de las autoridades federales de Inmigración, tanto dentro como en los alrededores de las cortes estatales sin una orden judicial o una orden de la corte.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia james, que encabeza una coalición compuesta por 14 estados, sometió a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos un amicus brief en el caso, Ryan, et al. V. U.S. Immigration and Customs Enforcement, U.S. Department of Homeland Security, et al., insistiendo a ese tribunal que “mantenga la orden preliminar aprobada por la corte de distrito de Massachusetts, que puso alto a las detenciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.

En un comunicado de su oficina de James asienta que el referido escrito amigo (amicus brief) sigue una demanda que la fiscal presentó el año pasado, en la que desafió “la legalidad de la política del gobierno federal hacia la detención de inmigrantes dentro y alrededor de las cortes estatales de Nueva York”.

A nombre de los 14 estados de la coalición (Nueva York, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia), la fiscal James presentó también un escrito amigo que fue sometido a principios de este año, oponiéndose a la misma política de ICE en el estado de Washington.

“Los esfuerzos continuos de ICE para detener a inmigrantes dentro o alrededor de las cortes estatales nos ponen a todos en peligro, pues amenaza la seguridad de todos los neoyorquinos” dice el escrito de la coalición.

En el texto James escribe: “Estas detenciones inconstitucionales han aumentado vertiginosamente desde que el presidente Trump asumió la presidencia… llevando adelante una agenda antinmigrante por razones puramente políticas”.

Las detenciones ilegales de ICE, sostiene el amicus, “claramente violan las leyes del estado de Nueva York; impiden la realización de la justicia verdadera; e innecesariamente amenaza a los inmigrantes por la sola razón de ganarse puntos políticos”, con miras a la reelección presidencial.

Por estas razones, continúa el escrito amigo, “nuestra coalición continuará la lucha en cada paso necesario. Concurrentemente, perseguiremos nuestro propio caso legal contra ICE, para poner alto a estas detenciones ilegales que han tenido un efecto escalofriante aquí en el estado de Nueva York”.

Y es que de acuerdo con la coalición, en abril del 2019 dos fiscales, de los condados de Middlesex y Suffolk, en Massachusetts, junto a bastantes defensores de la inmigración, “demandaron entre otros a ICE y a el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la corte federal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts”.

El argumento en que se basó dicha demanda se basa en que la política del gobierno federal y la práctica de detener a los que no son ciudadanos –documentados o no– dentro y alrededor de las cortes estatales, “violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la Décima Enmienda, y el derecho de tener acceso a las cortes; un derecho que está protegido por los apartados 1, 5 y 6 de la enmienda 14”.

Los demandantes presentaron en la ocasión una petición para que se emitiera una orden preliminar, que pusiera alto a las ramas policiales de la administración de Trump. Y la petición fue exitosa. La administración Trump apeló entonces a la corte de apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.

Hoy la coalición de los 14 estados, liderada por Nueva York, argumenta que el gobierno federal ha expandido su política de detenciones en todos los estados que están presentando el amicus brief, “en violación de la autoridad reglamentaria y la ley común del privilegio contra las detenciones civiles dentro de las cortes”.

Dichas detenciones “son ilegales”, dice la coalición. Y han hecho que sea “cada vez más difícil y a veces imposible para los jueces y fiscales estatales mantener las cortes abiertas, seguras y justas”. Condición necesaria para “la administración ordenada de la justicia y la preservación de la seguridad del público”.

Y es que muchos inmigrantes ahora tienen miedo de denunciar delitos, testificar en las cortes o cooperar con la policía o los fiscales, lo que echa abajo años de esfuerzos de las autoridades para ganarse la confianza de los habitantes de un estado, ciudad o condado.

En el amicus se explica además que la práctica del gobierno federal de efectuar detenciones civiles por motivos de inmigración es “profundamente perjudicial para el funcionamiento eficaz de los sistemas judiciales de los estados, y ha interferido específicamente en sus procedimientos judiciales y en la capacidad de dichos estados para entablar acciones penales».

Además, los arrestos en las cortes, por parte de ICE, perturban las funciones de los tribunales, pisotean los derechos de los acusados al debido proceso, ponen en peligro la seguridad pública y disuaden a los inmigrantes de denunciar delitos, concluye el comunicado de la fiscalía de Nueva York■