Apenas el gobernador de Texas, Greg Abbott había promulgado oficialmente la ley del Senado Estatal, SB1, para restringir drásticamente el voto de las minorías en ese estado de gran población latina, y ya estaba enfrentando cinco demandas legales; dos de ellas, presentadas la semana pasada antes de que la referida ley de Abbott entrara en vigencia, y otras tres se presentaron el martes inmediatamente después de firmar dicho proyecto de ley.
De la redacción
Texas ha experimentado un crecimiento demográfico significativo durante la última década. Los latinos por ejemplo, son casi 4 da cada 10 texanos (38.2%). Durante el último ciclo de redistribución de distritos en 2011, Texas enfrentó múltiples demandas de grupos de derechos civiles y organizaciones alineadas con los demócratas, argumentando por un lado que los nuevos mapas del estado discriminaban a los votantes por motivos de raza. Pero la Corte Suprema, de orientación y mayoría derechista falló en favor de los republicanos, aunque aceptó que un distrito cercano a Fort Worth se dibujó incorrectamente.
Con el control total de ambas cámaras de la Legislatura los republicanos podrán trazar sin obstáculos nuevos distritos legislativos estatales y para el Congreso federal. La redistribución de distritos será pues la próxima batalla cuesta arriba de los progresistas texanos.
Pero la legislación texana del Senado estatal, SB1, suprime los derechos de voto y hostiga principalmente al condado de Houston, que es el bastión demócrata de Texas y el más densamente poblado, donde vive una numerosa población latina. Prohíbe por ejemplo los métodos que introdujo la Junta Electoral de ese estado el año pasado para facilitar la votación durante la pandemia de coronavirus, incluidos los lugares de votación de autoservicio, lo que causó gran polémica, y la votación en urnas abiertas 24 horas. Esto, mientras el coronavirus hace estragos de nuevo en Texas, con más de 16 mil casos de contagio al día, rebasando ya los 3 millones 700 mil casos acumulados y alcanzando casi 60 mil muertes.
Con todo, la ley marras firmada por Abbott, que se aplicará a las elecciones del próximo año en el estado, restringirá aún más el voto en ausencia. Por ejemplo, una disposición prohíbe a los funcionarios electorales enviar a los votantes solicitudes de boleta ausente no solicitadas y promover el uso del voto por correo; y otra limita aún más el uso de buzones, reduciendo su número y ubicándolos más lejos de los lugares habitados mayormente por los grupos de las minorías, así como reduciendo las horas de votación.
Además, la SB1 le da un enorme poder a los observadores electorales partidistas, o sea, quizás a los mismos republicanos que asaltaron al Capitolio el 6 de enero, para que hostiguen a los votantes que parecen “inmigrantes” a la hora de sufragar en las urnas. Porque los funcionarios de casilla perdieron la facultad de poner orden precisamente en las casillas, facultad transferida a estos “vigilantes”.
Y crea nuevas sanciones penales y civiles para los trabajadores electorales que incumplan las reglas, y también multa a quienes presten ayuda a los votantes. También, y esto es lo peor, podrá sancionar los resultados de la votación y desestimarlos si no son de su agrado. Además, promulgaron esta ley para citar judicialmente y detener la creciente marea de participación electoral de las minorías, con el falso cuento del “fraude” electoral.
En tanto, Marc Elías, veterano abogado demócrata de derechos electorales sometió a la corte de distrito de Texas la última de dichas demandas a nombre de varias organizaciones sin fines de lucro. Y ahora está demandando al menos a otros seis estados controlados por republicanos, que han desatado una ola de proyectos y leyes restrictivas del voto similares a la SB1 -aunque esta es la peor de todas-, cuando los funcionarios electorales del estado saben que las elecciones en Texas son seguras.
Y es que las legislaturas de Texas, Georgia, La Florida, Iowa, Arkansas, Kansas y Montana han hecho algo similar a la SB1, porque las respectivas ramas políticas estatales fallaron en proteger los derechos constitucionales de las personas, dijo a la cadena MSNBC el abogado Elías. “Cuando fallaron en hacer ese trabajo, entonces recurrimos a los tribunales… vamos a litigar estos casos, asumiendo que los tribunales harán lo correcto, y esperamos lo mejor”■