Dos estudiantes latinas que volvieron a clases para encontrar que su escuela iba a cerrar su puertas por falta de alumnado tras la pandemia de Covid-19. Foto: dremastime.com.
Un oscuro o poco claro movimiento de recursos materiales y humanos se opera de manera difusa y confusa en la educación pública en Colorado, con la hoy endemia del Covid-19 y sus variantes como telón de fondo. Sin embargo, la ecuación es clara.
Marco Vinicio González
Durante la pandemia el estudiantado estadunidense se retrae a estudiar en casa, toma clases virtuales. Luego se relajan un poco las restricciones sanitarias y algunos estudiantes -tal vez muchos- vuelven a clases presenciales, pero se topan con la sorpresa de que como muchos de sus condiscípulos no se reinscribieron este año, las autoridades escolares concluyeron que no era costeable mantener abierto el plantel educativo, por el poco alumnado inscrito esta vez, y que por tanto era mejor cerrar la escuela.
Coincidentemente, este cierre de escuelas públicas, que comenzó a darse desde el pasado régimen con la exSecretaria de Educación de la administración Trump, Betsy DeVos, ocurre casi exclusivamente en los vecindarios pobres donde vive la gente de color.
Acto seguido, esos fondos públicos que se destinaban a cubrir las necesidades educativas en las escuelas que se van cerrando, se transfieren al sistema privado y lucrativo de las escuelas chárter, que no rinden cuentas al Estado ni de su administración ni del uso de los fondos públicos que se le transfieren, recibe a muchos estudiantes de las escuelas públicas cerradas, que tienen que desplazarse porque la escuela de su barrio cerró y no todas esas otras escuelas chárter se hallan en su barrio.
Además crea un problema de desplazamiento y transportación de la masa de estudiantes que se quedaron sin escuela y tienen que ir a otras esos de su vivienda. Por si esto no bastara, algunas de esas escuelas chárter muchas veces se reinstalan o incorporan a los edificios de las escuelas públicas que fueron cerradas.
Esto es algo así como la ‘crónica de un despojo largamente anunciado’, o la «legalización» de la transferencia de recursos públicos, que se canalizan a la sombra hacia la iniciativa privada, mientras se le cierra la llave del financiamiento oficial a la educación pública.
De esto platican aquí en Línea Abierta su conductora, Chelis López, y Julie Bañuelos, exeducadora por casi 20 años en el Sistema de Educación Pública en Denver, Colorado, donde ha venido abogando por las familias latinas para que los recursos sean repartidos equitativamente en las escuelas de sus vecindarios, dice Chelis López.
“Los distritos escolares de Denver, Colorado son áreas con una gran población de estudiantes latinos y tienen planes de cerrar varias escuelas este año o en los próximos años académicos. ¿Cuál es la reacción de los padres, los estudiantes y los maestros, así como los miembros de esas comunidades con este tema?”, pregunta López a su invitada.
“La comunidad se dio cuenta de que el Distrito Escolar no está siendo transparente, no está involucrando en los procesos a la comunidad hispana, que va a ser la más impactada por esta estrategia”, de transferir recursos públicos y desplazar estudiantes a las escuelas chárter, dijo Bañuelos.
Escuche:
Como dice Bañuelos en el segmento anterior, para investigar el tema se creó una comisión, que tras un par de audiencias públicas, de unas 10 que se tienen contempladas, señala que a pesar de que en efecto ha habido un descenso en la inscripción, no es suficiente como para justificar el cierre de una decenas de escuelas.
“Es cierto que hay una baja en las inscripciones este año”, dice Bañuelos a López, y ambas exploran un poco más sobre los motivos, pero “sobre todo acerca de los criterios que se están siguiendo para estos cierres”, sistemáticos al parecer, de las escuelas públicas mientras crecen las escuelas chárter.
Escuche:
Las familias latinas, señala Julie Bañuelos, anteriormente representaban más de la mitad de la población del Distrito escolar de de Denver, y ahora la tasa descendió al 48 por ciento. «Entonces, debe darse la prioridad necesaria para que consulten a la comunidad cuando se tomen decisiones sobre cómo van a dirigir la educación de nuestros hijos”, demanda Bañuelos.
Por su parte López resalta que entonces el referido comité “no se está conectando con la realidad del impacto que tendrán estos cierres en los estudiantes de esas comunidades”.
Escuche:
