Fiscal General de California, Xavier Becerra en el anuncio de la demanda al gobierno federal por castigar a las ‘ciudades santuario’. Foto: Frontpage Mag.
Por Anna Gorman y Ana B. Ibarra
California Healthline
Miembros del personal de los centros de detención de inmigrantes en California retrasaron las citas médicas para pacientes que se quejaban de falta de aliento. No supervisaron adecuadamente a los jóvenes suicidas. Y en un caso, no lograron que un paciente con la presión arterial peligrosamente baja viera a un médico.
Estos, y otros problemas de salud y seguridad, se detallaron en dos informes publicados el martes 26 de febrero. Los informes, producidos por el fiscal general del estado, Xavier Becerra, y por la Auditora del estado de California, Elaine Howle, encontraron que la atención médica inadecuada junto con otros riesgos para la salud y la seguridad representaron un grave peligro para los detenidos por Inmigración.
Becerra y Howle culparon a los gobiernos federales y locales por no supervisar los centros de detención, lo que permitió que las violaciones de salud y seguridad persistieran.
«Todos en este país tienen derechos constitucionales, y todos, al final del día, niños y adultos, merecen un trato humano», dijo Becerra en una conferencia de prensa en San Francisco, California, durante la cual anunció los hallazgos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está comprometido a «garantizar que todos los detenidos reciban un trato humano y profesional», respondió Lori Haley, vocera de la entidad, en una declaración escrita: «La seguridad, los derechos y la salud de los detenidos bajo el cuidado de ICE son de suma importancia y todas las instalaciones de detención de ICE están sujetas a inspecciones estrictas y regulares».
La declaración de Haley no abordó los hallazgos específicos de los informes. Becerra describió su informe como una mirada inicial a las condiciones en los 10 centros de California que albergaron a inmigrantes detenidos en 2017, cuando comenzó su revisión. En estos centros supervisados por ICE, las personas esperan audiencias de inmigración o deportación.
A medida que el presidente Donald Trump fue intensificando la aplicación de la Ley de Inmigración, los centros federales han sido objeto de un mayor escrutinio, con informes sobre muertes, abusos y atención médica de baja calidad.
Los informes aparecieron el mismo día de una audiencia en el Congreso sobre la detención de inmigrantes y la separación familiar. Durante la audiencia, demócratas interrogaron a los funcionarios de la Casa Blanca sobre la política de separar a los niños de sus padres en la frontera con México.
En los últimos tres años casi 75 mil detenidos inmigrantes fueron alojados en las 10 instalaciones de California. Los inmigrantes, que permanecieron un promedio de más de 50 días en los centros, fueron recluidos en detención civil, no penal.
La Oficina Federal del Inspector General también examinó los centros de detención y reveló problemas de salud y seguridad, tales como lazos en las celdas y la “segregación inadecuada y excesivamente restrictiva”. El inspector general también encontró que las inspecciones de la agencia federal de Inmigración no son consistentes ni exhaustivas.
«Los estándares son muy bajos para estos centros de detención, y no están regulados como deberían», dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
Además de las visitas de un día a todas las instalaciones, el Departamento de Justicia de Becerra realizó investigaciones más exhaustivas en tres lugares: el Centro de Detención Juvenil del condado de Yolo, el Centro Theo Lacey en el condado de Orange, y el centro West County en el condado de Contra Costa. El condado de Contra Costa decidió el año pasado ya no alojar a inmigrantes detenidos en el centro West County.
El departamento encontró una serie de problemas de salud y seguridad en los centros:
- El personal de las instalaciones de Yolo no abordó adecuadamente las necesidades de salud mental de los detenidos y el abuso de medicamentos psicotrópicos. Un joven se había estado cortando a sí mismo, pero no lo pusieron bajo vigilancia.
- Los proveedores realizaron exámenes médicos superficiales y fallaron al descartar lesiones graves o problemas de salud, incluido un caso en el que un detenido se quejó de dolor testicular.
- La escasez de personal médico bilingüe comprometió la confidencialidad de la atención médica y dificultó el acceso a la atención.
- El personal no calificado, incluidos los oficiales de detención, las enfermeras vocacionales con licencia, tomó decisiones médicas.
- Los servicios dentales a menudo se demoraron, incluido un caso en el que un detenido necesitaba atención de urgencia para una probable «erupción dental». A otros detenidos se les negaron los empastes y los tratamientos de conductos.
Noheli Sandoval, de 32 años, ingresó a Estados Unidos en marzo desde Venezuela, en busca de asilo. Y pasó cuatro meses en el centro West County, en Richmond, California.
No fue fácil acceder a los servicios médicos allí, dijo Sandoval, quien vive en Berkeley.
«Tienes que estar prácticamente muriendo para que te atiendan», dijo.
Para obtener atención dental, tenía que sentir dolor y la lista de espera para recibir ayuda de salud mental fue de meses, agregó.
Becerra dijo que el gobierno federal no está asegurando que se cumplan sus propios estándares. Y aunque algunas de las instalaciones ya han hecho cambios, él dijo que continuará monitoreándolos para asegurarse de que aborden adecuadamente sus deficiencias. No descartó acciones legales.
«Nuestro trabajo no terminó», dijo Becerra. «Estamos preparados para hacer lo que sea necesario y asegurarnos que las leyes de este país y este estado… no sólo estén protegidas, sino que se cumplan».
Un informe distinto, pero igualmente condenatorio del auditor estatal concluyó que las ciudades de California que tienen un contrato con ICE para alojar a inmigrantes detenidos y no proporcionan una supervisión adecuada, por lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.
El informe destaca también la atención médica en tres centros de detención: Adelanto, en Adelanto; Mesa Verde, en McFarland, y Regional Imperial, en Holtville.
Esas ciudades subcontratan a empresas privadas para administrar y operar los centros de detención, pero hicieron “poca o ninguna supervisión de los operadores privados y simplemente pasaron los pagos federales de ICE a estos subcontratistas”, escribió Howle en una carta a la legislatura.
La mayor parte de las preocupaciones de salud planteadas en su informe fueron producto de una inspección federal no anunciada en mayo, en el centro de detención de Adelanto. Los inspectores encontraron que los detenidos habían colgado sábanas, que podrían usarse para intentar suicidarse. En 2017, un detenido murió luego que el personal lo encontró colgado de sus sábanas. El informe dice también que hubo otros tres intentos de suicidio por ahorcamiento.
La inspección también reveló que los proveedores de servicios médicos en las instalaciones de Adelanto no realizaron evaluaciones médicas cara a cara de los detenidos en aislamiento, sino que realizaron «visitas rápidas desde los pasillos». Las instalaciones tampoco brindaron servicios de intérpretes adecuados para las personas que buscan atención, o servicios dentales adecuados. Ningún detenido había recibido empastes en los últimos cuatro años, según el informe.
«La ciudad toma en serio los hallazgos que figuran en el informe y aprecia las recomendaciones», dijo Michelle Van Der Linden, vocera de la ciudad de Adelanto, en un comunicado enviado por correo electrónico. La ciudad, agregó, está en proceso de formar un comité para supervisar el funcionamiento de la instalación.
La ciudad de McFarland anunció recientemente que no renovará su contrato con ICE.
Durante el período de cinco años cubierto por el auditor, las ciudades no revisaron las quejas ni los informes de inspección, según el informe.
Estas ciudades han hecho poco «para demostrar que están cumpliendo con sus responsabilidades para garantizar la seguridad y el bienestar de los detenidos», dijo Michael Kaufman, abogado principal de la Union Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU del Sur de California.
