De la redacción
Fiscal General de Nueva York haciendo el anuncio de la demanda contra la inclusión de la ciudadanía en el censo 2020. Foto: Fiscalía de NY.
Encabezando una coalición de 18 fiscales generales, 6 ciudades y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de Estados Unidos, hoy el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman presentó esta mañana una demanda para impedir que la administración de Trump exija información sobre la ciudadanía en el Censo decenal de 2020. Los estado son Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia; también los alcaldes de la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Providence, San Francisco y Seattle; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de Estados Unidos se unen a esta demanda.
Como se anunció en este espacio oportunamente, el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, pidió la semana pasada al Departamento de Justicia que se incluya la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo 2020, petición que fue aprobada. El Secretario de Comercio, Wilbur Ross declaró entonces que este dato “es necesario para proporcionar datos completos y precisos del censo», que permitan medir el tamaño de la población elegible para votar.
Pero, “Exigir información sobre ciudadanía en el Censo deprimiría la participación en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, amenazando directamente la representación justa de esos estados en el Congreso y en el Colegio Electoral, así como miles de millones de dólares en fondos federales críticos para educación, la infraestructura, e importantes programas sociales como el Medicaid y más”, dice un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.
Porque el objetivo principal del esfuerzo del censo, con un costo de 12 mil 500 millones de dólares es obtener un recuento exacto de la población para dividir los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados.
Al día siguiente del referido anuncio, Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF, declaró que “La aquiescencia en esta maniobra política -de incluir la pregunta de la ciudadanía en el censo 2020- demuestra la total incompetencia de Wilbur Ross para servir como Secretario de Comercio. Su aparente falta de integridad, incluso básica, ha creado una violación constitucional de un impacto potencial sin precedentes”, y pidió su inmediata destitución.
Por su parte California también protestó contra esta arbitraria medida, argumentando que costaría al estado la pérdida de billones de dólares y la disminución de la representación política en el Congreso. Si California y otros grandes estados urbanos que enfrentan efectos similares pueden hacer algo al respecto aún está por verse. Pero California está desafiando la intención del Departamento de Comercio para incluir en el censo 2020 una pregunta que no se ha usado en décadas.
El censo, que se lleva a cabo cada 10 años, no ha solicitado a todas las personas que viven en Estados Unidos su ciudadanía desde 1950. Esto se debe en gran parte a la preocupación de que hacer esa pregunta desalentaría no sólo a los no ciudadanos, sino también a sus familias.
El fiscal General de California, Xavier Becerra advirtió en su oportunidad que la adición de la pregunta «podría traducirse en varios millones de personas sin contar». Los eruditos legales dicen que California y sus aliados enfrentan una dura batalla.
Tanto la coalición encabezada por Nueva York, como California, coinciden en señalar que la decisión de agregar dicha pregunta al censo puede parecer un asunto oscuro, pero en la práctica podría darle a la administración Trump otra palanca para cambiar el poder y los recursos federales de estados azules a rojos, de forma similar como sucedió con los recientes cambios en la ley tributaria que favorecieron desproporcionadamente a los votantes en las regiones de mayoría republicana.
“Una de las obligaciones más solemnes del gobierno federal es un conteo justo y preciso de todas las personas en el país, ciudadanos y no ciudadanos por igual”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Durante décadas, las administraciones de ambos partidos han tratado este requisito constitucional con el respeto y la reverencia que merece. Ahora, la administración de Trump está rompiendo con esa tradición, abandonando imprudentemente casi 70 años de práctica, al exigir conocer el estatus de ciudadanía de cada habitante”.
Agrega: “Dado que las comunidades de inmigrantes ya viven con miedo, exigir el estatus de ciudadanía los llevaría a las sombras, lo que daría lugar a un conteo por debajo de la realidad”.
El resultado de agregar la pregunta podría ser una subestimación significativa de la población en los estados con un gran número de inmigrantes, como California, que concentra al mayor número de inmigrantes indocumentados. Casi todos los otros estados mencionados tienen poblaciones de mayorías demócratas. Aunque algunos estados republicanos, como Texas, tienen grandes poblaciones de inmigrantes y podrían verse perjudicados también por un recuento insuficiente, la mayoría de los estados republicanos tienen relativamente menos inmigrantes que el resto de la nación.
“La ciudad de Nueva York se unirá a la demanda del Fiscal General Schneiderman para detener al presidente Trump de esta medida sin precedentes que busca politizar el censo. Un conteo del 2020 justo y preciso tiene mandato constitucional para garantizar que el poder político y los recursos permanezcan con la gente, donde pertenece. La decisión del presidente Trump pone en peligro a nuestra gran ciudad de inmigrantes y amenaza el financiamiento federal para la infraestructura, el cuidado de la salud y la seguridad pública en Nueva York”, dijo el alcalde de Blasio. Esto mismo ocurriría en el resto de la nación■
