De la redacción
Radio Bilingüe da a conocer aquí, a través de su programa estelar de noticias, Línea Abierta, algunos de los esfuerzos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, bajo ataque de la administración Trump y de los republicanos. En esta ocasión, reporta sobre iniciativas que apelan al ciudadano de forma directa.
En este programa de Línea Abierta que aquí se reseña parcialmente, se anuncia el arranque que tuvo en días recientes la ‘Jornada del TPS por la Justicia’, una caravana que partió desde la ciudad de Los Ángeles, California, y que viajará a través del país visitando 50 ciudades durante 12 semanas, a fin de galvanizar el sentimiento de solidaridad con las familias que tienen el programa Estatus de Protección Temporal, TPS.
El TPS finalizaría próximamente, como determinó la administración Trump, con la remoción o deportación de unos 450 miles centroamericanos y ciudadanos de otros países. Se trata de proteger también a unos 300 mil hijos de estos ‘tepesianos’, nacidos en Estados Unidos, cuyos padres enfrentan una inminente deportación, por las políticas antinmigrantes de Trump. La caravana, emprendida por organizadores de la defensa del inmigrante centroamericano, culminará en la capital de los poderes políticos de la nación, Washington, DC.
En las paradas de la caravana habrá foros públicos, marchas, conciertos y todo tipo de actividades sociales; los organizadores planean celebrar también reuniones con funcionarios políticos, vigilias religiosas, etcétera, para ganarse la buena voluntad de la ciudadanía; a fin de salvar el programa y a sus beneficiarios de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Sudán y Somalia.
Algunos de los organizadores de la caravana, comentan aquí a nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, durante el arranque de esta gira nacional que en días pasados abordó el autobús que lleva el nombre de la caravana. Este partió desde Los Ángeles, y ahí estuvieron presentes el alcalde, Eric Garceti, el congresista Jimmy Gómez y otros legisladores estatales. También estuvo presente la asambleísta estatal de origen salvadoreño, por cierto alguna vez indocumentada, Wendy Carrillo.
Ángela Sanbrano, Presidenta de la Mesa Directiva de CARECEN, una organización que agrupa a centroamericanos es una de las convocantes a esta caravana transcontinental. Ella sintetizó su mensaje llamando a los latinos a votar y a movilizar el voto en noviembre, “porque ahí es donde está nuestro poder, el poder del pueblo”. Se trata, dijo, de “un movimiento por los derechos civiles y humanos”.
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Por su parte, la asambleísta estatal de California, Wendy Carrillo, propuso entre otras cosas crear un fondo de 10 millones de dólares apropiados del presupuesto estatal para ayudar con el gasto de representación legal de los tepesianos. También habló desde la alcaldía de Los Ángeles.
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Y en una entrevista con Pablo Alvarado, veterano organizador de la Red Nacional de Jornaleros, propone “acabar con el miedo que ha infundido el gobierno en todos los niveles” con sus salvajes y crueles políticas contra la inmigración, y demostrar que “no se le debe tener miedo a los tepesianos porque no somos una amenaza para la seguridad nacional”. Alvarado afirma que la Caravana por la Justicia también busca contrarrestar “la crisis humanitaria que ha creado esta administración, que entre otras cosas ponen a unos 300 mil hijos de tepesianos en la disyuntiva de tener que escoger entre irse con sus padres deportados o quedarse huérfanos en este país”. Además, miembros de la caravana transcontinental se integrarán al coro de los litigios en algunas ciudades, como en San Francisco, y asumirán la pelea en las calles y oficinas, parlamentos y cortes judiciales, en todos lados contra esta administración, para lo que Alvarado propone la creación de múltiples comités tepesianos.
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Y otra de las muestras de nobleza de la ciudadanía, que habla además del advenimiento del “enterrador” potencial de este régimen hostil y cruel contra los inmigrantes, es la iniciativa de un nutrido grupo de jueces de inmigración jubilados que crearon un fondo para pagar los gastos de representación legal de los inmigrantes a punto de ser expulsados. Porque como se dice coloquialmente, “inmigrante sin abogado, es inmigrante deportado”.