Estados Unidos es el país que más gente encarcela en el mundo y esta gente tiende a ser por regla afroamericanos o latinos. Ante el clamor público sobre esta llamada crisis de derechos civiles, los candidatos presidenciales comienzan a hablar de reformas al sistema de justicia penal en sus discursos. José López Zamorano examina algunas las promesas y los cambios que proponen algunas campañas políticas.

La senadora demócrata, Kamala Harris, una de las aspirantes presidenciales, buscó reformar el sistema ya desde su época como Procuradora de California.

“Verdaderamente es un problema de acceso de justicia en todas sus formas. Tiene que ver con justicia económica, justicia educativa, justicia de vivienda”

La senadora ha propuesto una reforma al sistema de fianzas, junto al senador republicano Rand Paul e introdujo un plan para criminalizar los linchamientos.

Se escucha un rally de campaña 

Por su parte Julián Castro, el ex secretario de vivienda  y único latino en la carrera presidencial, propone eliminar las barreras que impiden la reintegración social de los ex prisioneros como la  falta de vivienda y algo más.

“Veo todos estos puntos interconectados. Debemos asegurarnos de que todos sean inocentes hasta que se demuestre su culpa. Necesitamos invertir en más defensores públicos.

Sonido de campana

Otros candidatos proponen abolir el sistema de prisiones privadas con fines de lucro, incluidos los centros de detención migratoria. El demócrata por Texas Beto O’Rourke cree que debe irse incluso más allá.

“Entre más lo entiendo es un problema estructural, es fundacional y es sistémico. No sólo son las prisiones con fines de lucro o las fianzas en efectivo, sino que tenemos un historial de criminalizar a las personas con base en su raza”.

Se escuchan aplausos

Durante un acto de campaña de Bernie Sanders la estudiante Anne Carlstein le pregunta.

¿Apoyaría que alguien como el terrorista convicto del maratón de Boston o alguien convicto por delitos sexuales tenga el derecho de votar 

La respuesta del senador socialista de Vermont agitó aún más las aguas de una conversación nacional que por primera vez ocupa un alto lugar de atención en la adelantada campaña presidencial.

“Si la gente comete crímenes, que paguen el precio. Pero cuando salgan deben poder votar, incluso cuando están dentro de prisión” (aplausos)

En respuesta, Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana y único candidato abiertamente gay en la contienda, marcó su raya.

“No lo creo. Parte del castigo cuando estás encarcelado por un crimen es que pierdes ciertos derechos. Pierdes tu libertad y creo que durante ese periodo no tiene sentido tener una excepción del derecho de voto.

En medio de estos jaloneos electorales, el Centro Brennan de Justicia presento un informe donde urge una “amplia y ambiciosa respuesta nacional” para reformar un sistema que encarcela a una cuarta parte de los prisioneros de todo el mundo a un costo de  270,000 millones de dólares anuales.

Según el informe Brennan, las minorías son las más afectadas; Los afroamericanos son el 12% de la población, pero el 33% de los reos. Los Latino son el 16% de la población y casi el doble de prisioneros. Críticos señalan que la Ley del Crimen de 1994, aprobada en la era Clinton, incremento el encarcelamiento masivo.

Pero Joe Biden, el puntero entre aspirantes demócratas, lo niega.

“Entre 90 y 92% de prisioneros tras las rejas están en prisiones estatales, no federales… Lo que ocurrió con el encarcelamiento masivo fue incurrido por las sentencias obligatorias a nivel estatal”

A fines del año pasado, el presidente Trump promulgó la Ley del Primer Paso, una propuesta bipartidista que elimino las sentencias mínimas obligatorias y libero unos 2,500 reos federales que no cometieron delitos violentos.

Se escucha al presidente Trump 

Pero sólo destinó 14 millones para implementarla, menos de una quinta parte de lo que anualmente necesita. Legisladores consideran que fue un avance, pero insuficiente, porque no encara el problema de las sentencias, que afectan desproporcionalmente a negros y latinos.

Pero el informe Brennan ofrece una visión a largo plazo; recomienda invertir en proyectos económicos en comunidades marginadas, encarar el racismo sistémico y construir un mejor sistema de atención médica mental.  Además, calcula que la población carcelaria podría reducirse en un 40% si no se encarcelara por crímenes menores y se redujeran las sentencias innecesariamente largas.

Del 2006 al  2014 , 27 estados tomaron medidas como las recomendadas en el estudio con resultados positivos

“Esta reforma del sistema de justicia y carcelario estadounidenses hace mucho tiempo que se veía necesaria” 

Mariano de Alba es un abogado internacionalista que ha estudiado el impacto del racismo y el abuso policial en la desproporcional tasa de encarcelamiento de minorías.

“Se necesita el gobierno implemente programas que traten de atacar ese racismo y esa desproporción, no sólo en las cárceles sino en el sistema policial”.

El informe Brennan aconseja revertir la Ley del Crimen de 1994 a fin de incentivar la excarcelación y premiar a estados que reduzcan las tasas de detención.

A tono con esa propuesta, recientemente el senador demócrata Corey Booker, propuso la iniciativa de Ley para Revertir el Encarcelamiento Masivo, con un presupuesto de 2 mil millones de dólares para alentar a los estados a reducir las sentencias y ofrecer oportunidades a los ex reclusos.

“Esta ley reduciría el énfasis del sistema criminal en la encarcelación excesiva y lo enfocaría en programas que reduzcan el crimen y la reincidencia”.

Aspirantes presidenciales coinciden que no existe una sola bala mágica para resolver el problema, pero creen que es necesario tomar acciones urgentes. 

Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.

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