Existe amplia evidencia de que los estados como California pueden encerrar a menos personas y preservar la seguridad pública. Foto: The Economist.

De la redacción

A pesar de que California ha implementado importantes reformas para reducir el tamaño de la encarcelación, un problema que aqueja a todo el país, esto ha encendido el debate sobre el tema y ha dado argumentos a los opositores a la reducción de presos en el estado, dice un análisis del Proyecto Marshall y Los Angeles Times, “una de las series ocasionales que examinan el impacto de las recientes medidas de justicia dirigidas a reducir el encarcelamiento”.

Durante la última década California ha acortado las sentencias y ha desviado a algunos delincuentes a las cárceles de los condados para su supervisión, transformando el sistema de justicia penal del estado a fin de humanizarlo y proyectar estos avances al nivel nacional. Pero en medio de dichos cambios, la delincuencia ha aumentado en los últimos años, y esto desató un debate sobre las causas, además de entregar municiones a quienes dirigen un nuevo esfuerzo para revertir algunas de las reformas mencionadas.

El análisis citado encontró que “las tasas de criminalidad de California siguen cerca de los mínimos históricos, pero el crimen en general se disparó tanto en 2012 como en 2015, los años que siguieron inmediatamente a dos importantes medidas estatales destinadas a reducir el número de personas en prisión”. Pero ojo: estos saltos en las estadísticas del crimen “fueron impulsados principalmente por aumentos en delitos –no violentos- contra la propiedad, y en particular el robo de vehículos motorizados”.

Por otro lado, “cuando los legisladores de California dieron a conocer un plan en 2011 para reducir la cantidad de reclusos en una prisión estatal, los funcionarios del Condado de San Joaquín pensaron que el momento no podría haber sido peor”, afirma en otro artículo por separado Los Ángeles Times.

“Ya había señales de que una reciente caída en el crimen podría estar llegando a su fin en este condado del Valle Central, al este de San Francisco”. Los homicidios habían aumentado casi un 40 por ciento con respecto al año anterior. Porque “en medio de una crisis financiera, el condado y las ciudades locales estaban despidiendo a oficiales de policía y a fiscales”.

En tanto, California experimentó un aumento del 12% entre 2014 y 2017, mientras que la tasa de delitos violentos en los otros 49 estados aumentó sólo un 3%, dice el referido análisis. Y “En 2014, los votantes de California aprobaron una medida en la boleta electoral que reducía las sentencias para muchos delitos de bajo perfil relacionados con las drogas y los asaltos a la propiedad”.

La proposición 47, conocida por sus partidarios como “Ley de Vecindarios y Escuelas Seguras”, impulsada por el fiscal de distrito de San Francisco, George Gascón, y por ex jefe de policía de San Diego, William Lansdowne, y tras ser aprobada, “los delitos no violentos y no graves se redujeron a delitos menores”. Y a medida que disminuía la población de la cárcel, el ahorro estatal estimado crecía en millones de dólares. Pero múltiples desafíos judiciales surgieron a la aprobación de la iniciativa.

Foto: The Law Offices of Grant Bettencourt.

Hubo por ejemplo grandes diferencias en la forma en que los condados gastaron los miles de millones en fondos estatales asignados para implementar las nuevas medidas. Algunos se enfocaron en construir cárceles, otros en reclutar y desplegar policías. Otros más experimentaron con tribunales de colaboración y programas de reingreso.

Pero es innegable que el resultado de todas estas medidas es que hoy en día hay personas en la calle que habrían estado encerradas en años anteriores, dice la fuente.

Los críticos de las reformas argumentan sin embargo que éstas “han creado un clima permisivo que dificulta la vigilancia y debilita el efecto disuasivo de una posible pena en prisión”.

Pero dos estudios publicados este verano, uno por un criminólogo de la Universidad de California en Irvine y otro por el Instituto de Políticas Públicas de California, “no encontraron un vínculo entre la Proposición 47 y los aumentos en los delitos violentos”. Ambos notaron un posible vínculo entre la iniciativa y los aumentos en el robo, particularmente los robos de vehículos motorizados, aunque el estudio de Irvine “encontró que esos vínculos eran demasiado tenues para concluir que la Proposición 47 era la culpable”.

Antes, la revolución de la reforma penal de California había comenzado en serio en 2011, dice la fuente, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara un límite en el número de reclusos en prisión. Los legisladores respondieron aprobando entonces el Proyecto de Ley 109 de la Asamblea, conocido como “realineación”, que redujo la carga de la población carcelaria al trasladarla a los condados para albergar y supervisar a miles de reclusos condenados por delitos que la ley clasificó como “no violentos y no serios”.

En la realineación, las personas condenadas por robo de autos o un delito grave no violento, suelen cumplir sentencias más cortas en sus cárceles locales, y son puestas en libertad bajo la supervisión local.

Tres años después, los votantes de California aprobaron la Proposición 47. Y en 2016, los votantes renovaron el sistema de libertad condicional del estado al respaldar la Proposición 57, que “brindó a miles de reclusos la oportunidad de obtener una liberación temprana de la prisión”.

Ahora, una iniciativa estatal que aparecerá en la boleta electoral de 2020 revertirá algunas disposiciones de la Proposición 47, reforzará la supervisión de las personas en libertad condicional, y descalificará a algunos prisioneros de la liberación anticipada.

Los partidarios de la reducción propuesta argumentan que los tribunales de drogas del estado, que pretenden ser una alternativa a los tribunales penales, “ven a menos personas porque los fiscales ya no pueden obligar a alguien a recibir tratamiento por la amenaza de un delito grave. (Algunos condados, incluido San Diego, han informado disminuciones en la participación en los tribunales de drogas desde la Proposición 47, pero no hay cifras disponibles en todo el estado).

Las torres de vigilancia se alinean en el perímetro occidental de la prisión estatal de Corcoran, en Corcoran, California. Foto: Eric Paul Zamora / Fresno Bee.

Para evitar un asalto frontal a la Proposición 47, los legisladores crearon una nueva categoría de delitos: el “robo organizado por minoristas”. Esa nueva ley, firmada por el gobernador Jerry Brown en septiembre, permite a los fiscales acusar como “delito grave, si dos o más personas actúan juntas para robar a las tiendas”.

El asambleísta demócrata de Elk Grove, James Cooper crítico la Proposición 47, diciendo que “haría poco para frenar el robo en las tiendas porque impone a los fiscales una carga demasiado alta como para demostrar una conspiración”.

No obstante, en el condado de San Joaquín, que por mucho tiempo ha tenido los más altos índices de estos crímenes, los delitos contra la propiedad han bajado un 25%, lo que muestra su nivel más bajo en denuncias de robo de los últimos 15 años.

Pero los impulsores de estas reformas sostienen que ha habido avances en el sistema de justicia penal■