De la redacción
A la izquierda el gobernador Jerry Brown, con el senador Kevin de León, ambos demócratas de California, en una foto que sugiere claramente el mensaje de uno al otro. Foto: L.A. Times.
Luego de un largo y apasionado debate a través de líneas partidistas y tras un largo periplo de ida y vuelta entre las dos cámaras de la Legislatura, con una votación de 27 a 11 la madrugada de este sábado el Senado estatal pasó el proyecto de ley SB 54, del Senador Kevin de León (D-Los Ángeles)’ Esto podría convertir a California muy pronto en un Estado Santuario, para los inmigrantes sin residencia legal en el país, tan pronto como el gobernador Jerry Brown lo promulgue en ley estampando su firma en el documento oficial, que viaja ya hacia su escritorio.
Las dos cámaras ded la Legislatura estatal de California sostuvieron el debate comenzó la tarde del viernes, en el que al menos 20 miembros de la Asamblea y seis del Senado tomaron la palabra para debatir el contenido del proyecto de ley SB 54 del presidente del Senado Pro Tempore, Kevin De León. Este esfuerzo es parte de un impulso más amplio de los demócratas para contrarrestar las órdenes de deportación expandida emitidas por el gobierno de Trump.
El proyecto no estuvo exento de controversia, y presentó por ejemplo la firme oposición de los sheriffes republicanos, así como las amenazas de los funcionarios del gobierno de Trump, que en general han proferido contra las llamadas ciudades santuario. La versión original del proyecto de ley, introdujo sin embargo importantes cambios durante las últimas semanas de la sesión legislativa, al ser negociada entre el gobernador Jerry Brown y el senador estatal, Kevin De León.
No obstante De León desestimó los cambios introducidos argumentando que “no erosionaron la misión del proyecto de ley”, que es proteger a las familias trabajadoras y reflejar un compromiso entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los defensores de la SB 54, según el periódico Los Ángeles Times. «Esta es una medida que refleja los valores de lo que somos como un gran estado», dijo el legislador demócrata.
Para quienes desconocen el contenido de esta ley, aunque no hay una versión única ni mucho menos idéntica en las distintas propuestas de los diferentes estados y ciudades de la nación, en términos generales la SB 54,una de las más comprensivas versiones, limita la comunicación entre las agencias estatales y locales de aplicación de la ley con las autoridades federales de Inmigración, e impide a todas las fuerzas policiales, estatales y locales interrogar a los sospechosos y detenidos sobre violaciones de la ley de Inmigración y sobre su estatus migratorio.
Pero las enmiendas añadidas esta semana permitirían sin embargo a los oficiales continuar compartiendo información y transferir personas a las autoridades federales de Inmigración si él o la detenida tienen condenas pendientes, «de uno o más de una lista de aproximadamente 800 delitos».
Los opositores a esta ley señalaron «las preocupaciones de las organizaciones de sheriffes, diciendo que ata las manos de los oficiales permitiendo que los ladrones en serie, los toxicómanos crónicos y los pandilleros pasen o se fuguen por las grietas de esta legislación». Los partidarios replicaron en cambio que «el gobierno de Trump está tratando de pintar ilegalmente a todos los inmigrantes en el país como criminales».
Además, señalaron disposiciones legales del proyecto de ley que harían que los hospitales, las escuelas y los tribunales –conocidos como lugares sensibles-, sean zonas seguras para los inmigrantes, por parte de las autoridades federales de Inmigración, en un momento de mucho temor para las comunidades inmigrantes y sus familiares, residentes legales y ciudadanos de las familias con estaus mixto.
Como se sabe, dice la fuente, “algunos niños sin estatus legal no van a la escuela”, influidos por dicho temor, “mientras que las estadísticas de la policía muestran una caída en las denuncias de agresión sexual y violencia doméstica”, pues las víctimas indocumentadas se niegan a presentarse ante las autoridades por miedo a ser deportadas.
Ahora este proyecto de ley va hacia el escritorio del gobernador de California, Jerry Brown, quien previamente trabajó con los legisladores para agregar enmiendas que serían necesarias a su aprobación, y se espera que la firme■
