Concepto de refugiado. Silueta de una familia de refugiados, una madre desesperada con niños en el fondo de la frontera. Foto: dreamstime.com.
Marco Vinicio González
Despierta la alarma entre defensores de los inmigrantes la deportación de 7 mil menores procedentes mayormente de Centroamérica, que comenzaron a cruzar hacia Estados Unidos desde 2013 según estadísticas federales, a los que alegadamente nunca se les notificó la fecha de su audiencia debido a problemas con el sistema judicial de Inmigración, dice un reporte de la Clínica de Políticas de Derechos de Inmigrantes, que es parte del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA.
En entrevistas y documentos judiciales revisados por dicho centro, acerca del programa del gobierno de Biden, «Expedientes Dedicados», los abogados dijeron que las notificaciones a las familias de los inmigrantes menores “a veces llegaban tarde, a la dirección equivocada o no llegaban”. En algunos casos, agrega, se ordenó a niños de 6 años o menos que comparecieran en un tribunal “cerca de donde fueron detenidos inicialmente, en lugar de donde vivían”.
Si bien la administración Biden prometió que su programa, Expedientes Dedicados, «resolvería los casos de asilo de manera más rápida y justa», el reporte señala que “una de las 11 ciudades donde opera el expediente encontró que el proceso acelerado de los Expedientes Dedicados, dejó en la oscuridad a cientos de familias ya de por sí vulnerables, sin abogados que las ayudaran y que terminaron con una orden de deportación para el 99.1 por ciento de los casos concluidos”.
Otros de hallazgos del informe señalan que en “el 70.1% de los casos los menores carecieron de abogados; el 72.4% de las órdenes de deportación se emitieron en ausenciasin tener nunca su día en la corte; el 48.4% de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, dos tercios de los cuales tenían 6 años o menos”.
Talia Inlender, subdirectora del referido Centro de Leyes y Políticas de Inmigraciónde la UCLA, afirmó que “Si la administración de Biden decide continuar usando Expedientes Dedicados, debe tomar medidas inmediatas para abordar la falta de representación legal, la gran cantidad de órdenes de deportación en ausencia y las muchas otras deficiencias del debido proceso que identificamos en nuestro informe”.
Los proveedores de servicios legales en las 10 ciudades designadas por primera vez para estos expedientes escribieron una carta al Fiscal General Eric Garland, al Secretario del Departamento de Seguridad Naciona, Alejandro Mayorkas y a la Directora del Consejo de Política Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, oponiéndose a la creación de “Expedientes Dedicados” porque “socavan el debido proceso para las personas que buscan protección humanitaria y exacerban las disfunciones dentro del sistema judicial de inmigración”■
