De la redacción
El gobernador demócrata Jerry Brown firmó hoy la Ley de Valores de California, que impide a las fuerzas del orden público cumplir con la ley federal de inmigración. Es decir, que no permite convertir a las policías del estado en agentes federales de Inmigración, para perseguir, arrestar y deporta a los inmigrantes indocumentados. En cambio, con su firma el gobernador convierte al estado en un Estado Santuario, que da refugio a los inmigrantes indocumentados perseguidos por las autoridades de Inmigración y control de Aduanas, ICE, la Patrulla Fronteriza y otras fuerzas de persecución de la inmigración.
La Ley de Valores de California, cuyo autor es el presidente del Senado estatal, el demócrata Kevin de León, había sido aprobada el mes pasado por la mayoría de la legislatura de California. Impedirá que la policía del estado y los sheriffs de los condados pregunten por el estatus migratorio de un detenido. También impedirá que los centros de deención de ICE cumplan con las solicitudes de retención de los inmigrantes en las cárceles, para dar el tiempo necesario a los agentes federales para tomar a los detenidos bajo su custodia antes de ser liberados. Tras su triunfo en esa cámara legislativa, la ley fue enviada a la oficina del gobernador, Jerry Brown para que la promulgara ley.
En la edición de hoy de Línea Abierta, el director de Noticias de Radio Bilingüe Samuel Orozco recogió la opinión del senador estatal demócrata de Los Ángeles, Ricardo Lara, a cerca de la flamante Ley de los Valores de California.
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En la página web del gobierno del estado de California se calcula que “el 65 por ciento de todas las deportaciones son resultado de la cooperación entre la policía estatal y local y los funcionarios federales ICE”. La nueva Ley de Valores de California, “requiere que las escuelas, los establecimientos de salud y los tribunales establezcan políticas que limiten la aplicación de la ley de inmigración para que las detenciones no puedan ser ejecutadas en esos recintos.
Se esperaba que Brown firmara la ley después de que él y el senador de León acordaran dar a las agencias de aplicación de la ley más discreción sobre cuándo podrían notificar a los funcionarios federales de Inmigración sobre los presos.
El proyecto de ley había sido sometido y retirado por detalles sobre los que no concordaban el gobernador Brown y el senador de León. Los cambios introducidos a la legislación apaciguaron a algunos grupos de la aplicación de la ley, incluyendo la Asociación de Jefes de Policía de California y otros que se opusieron a la versión inicialmente introducida por de León. Las enmiendas no satisfacían al principio a los republicanos que votaron en masa en contra de la medida. El proyecto de ley fue aprobado por votaciones partidarias.
A los funcionarios federales de Inmigración se les permitiría entrevistar a aquellos que estan bajo la custodia de las agencias de aplicación de la ley de California, pero no se les permitiría mantener una oficina permanente en las prisiones estatales o en cárceles locales.
«Este proyecto de ley protege la seguridad pública y a las personas que vienen a California a trabajar duro y hacer de este estado un lugar mejor», dijo Brown en un comunicado que anuncian las enmiendas.
Lista original de Ciudades Santuario
La Ley de los Valores de California ahora en curso, abre sin embargo otro frente de colisión con las políticas del gobierno de Trump, que está tratando de retener la subvención federal a los estados, condados y ciudades que no cumplen con las solicitudes federales de detención de inmigrantes.
California y Connecticut se encuentran pues entre las 142 jurisdicciones enumeradas por funcionarios de ICE en Washington, que rechazaron solicitudes de detención. La ley actual de California requiere que el estado cumpla con esas peticiones sólo si el detenido ha sido condenado por un delito u otro crimen grave, y si los agentes que lo persiguen cuentan con orden de un juez.
ICE informó el mes pasado que había deportado a 211 mil inmigrantes indocumentados hasta el 9 de septiembre, unas tres semanas antes del final del año fiscal en curso. La agencia ha aumentado el número de arrestos que ha hecho en un 43 por ciento desde que Trump asumió el cargo, incluyendo 28 mil personas que no han sido acusadas de un crimen que no sea una violación de inmigración, como cruzar la frontera sin permiso legal migratorio, o quedarse en el país tras vencer su visa■