Defensores de los derechos civiles recientemente demandaron a California, alegando que la atención brindada por el Medi-Cal, el programa de salud estatal para personas de bajos ingresos, es deficiente y perjudica desproporcionadamente a los latinos, que conforman el mayor grupo de afiliados.
La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del condado de Alameda por el Fondo Mexicano Americano para Defensa Legal y Educación (MALDEF) y el Centro de Educación y Aplicación de los Derechos Civiles, dice que los beneficiarios del Medi-Cal tienen «acceso a atención médica sustancialmente peor que sus contrapartes» en planes basados en el empleador o el Medicare, el programa federal para personas mayores y personas con discapacidades. Las leyes estatal y federal requieren que el Medi -Cal proporcione un nivel de atención que esté a la par con el que está disponible para la población en general, de acuerdo con los documentos presentados en la corte.
Los dos grupos que presentaron el caso esperan poder tratarlo como un pleito colectivo en nombre de todos los afiliados del Medi-Cal.
La denuncia afirma que los beneficiarios del Medi-Cal, la versión estatal del programa Medicaid, a menudo experimentan retrasos en la atención o directamente se les niega. Adicionalmente, dicen que estos beneficiarios podrían tener que recorrer distancias más largas para encontrar proveedores médicos que estén dispuestos a atenderlos.
«Como resultado, los participantes del Medi-Cal sufren de mayor dolor, enfermedad y condiciones médicas serias que no son diagnosticadas y no son atendidas —impactando significativamente su salud general— en comparación con otros californianos que tienen otros seguros», indica la demanda.
La conclusión es que «California ha creado un sistema separado y desigual de atención de salud, uno para el programa de seguros con la mayor proporción de latinos (el Medi-Cal) y otro para los principales planes de seguro, cuyos beneficiarios son desproporcionadamente blancos no hispanos».
El Departamento de Servicios de Atención Médica, que administra el Medi-Cal y es nombrado como demandado en el pleito, dijo en un comunicado que «no identificó problemas sistémicos en el acceso de los pacientes a los servicios en el programa Medi-Cal, y que los Centros Federales de Servicios del Medicare y Medicaid (CMS) tampoco identificaron algún problema».
El referido departamento dijo que «rutinariamente monitorea el acceso y la adecuación de la red en la contratación del Medi-Cal Managed Care Plans», los planes de atención administrados por el Medi-Cal. La demanda culpa como supuestos obstáculos en el acceso a la atención a las bajas tarifas de reembolso, algo que dicen desalienta a los médicos a aceptar pacientes del Medi-Cal. La demanda también dice que el estado no ha proporcionado una supervisión adecuada para asegurar que los beneficiarios tengan acceso oportuno a la atención.
Los demandantes no piden reparos económicos específicos por daños, además de los honorarios de abogados y otros costos legales. Más bien, buscan cambios sistemáticos, incluyendo un pago «adecuado» para los médicos que tratan a los beneficiarios del Medi-Cal y una mejor supervisión y vigilancia para asegurar que los pacientes reciban atención cuando la necesitan.
La demanda sigue una queja administrativa presentada por los mismos grupos en diciembre de 2015 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ese caso no condujo a una investigación, dijo MALDEF. La demanda presentada el 19 de julio de este año es un enfoque diferente para abordar el mismo problema, dijo Thomas Sáenz, presidente del grupo y abogado a cargo.
En una carta de mayo de 2016 en respuesta a la queja federal, la Oficina del Procurador General de California señaló que la ley actual «provee una serie de opciones que otorgan alivio si se le niega el acceso oportuno a la atención y los servicios necesarios a un paciente del Medi-Cal». Por ejemplo, pueden presentar una queja a su plan de salud que debe ser resuelta dentro de los 30 días, se explica en la carta.
La oficina del procurador general también dijo que no tenía evidencia que demuestre que los latinos fueran tratados de manera diferente que otros beneficiarios del Medi-Cal.
A enero de 2017, el 48 por ciento de los 13.5 millones de beneficiarios del Medi-Cal eran latinos, según datos del Departamento de Servicios de Salud.
«Este es un problema que enfrentan todos los pacientes del Medi-Cal», dijo Sáenz. «Pero está ocurriendo en el sistema de seguro donde los latinos están sobrerrepresentados».
La demanda nombra a cinco demandantes individuales, incluyendo a una pareja de Sacramento —Rebecca Binsfeld, de 35 años y su esposo, Carlos de Jesús, de 43— quienes dijeron haber experimentado retrasos en la atención. Binsfeld sufre de lupus y De Jesús tiene dolor de espalda crónico. También tienen una hija de 16 años con escoliosis.
La familia solía recibir atención primaria en el Centro Médico UC Davis, hasta que su plan, administrado por el Medi-Cal bajo Health Net, terminó su contrato con el hospital en 2015.
Ellos buscaron atención primaria en otros lugares, pero tuvieron dificultades para encontrar un médico dispuesto a tomar nuevos pacientes con Medi-Cal, dijo Binsfeld. Eventualmente ella encontró ayuda en una clínica comunitaria en Sacramento, pero le tomó 10 meses lograr una cita con un reumatólogo, más del doble del tiempo recomendado entre visitas. Mientras esperaba sufrió síntomas debilitantes, dijo.
«Lo primero que te dicen sobre el lupus es que necesitas evitar el estrés, y esto fue muy estresante para mí», dijo Binsfeld. «Fui a la sala de emergencias muchas veces».
Darin Ranahan, abogado de Binsfeld, dijo que el punto de la demanda es «que el estado deje de discriminar a las personas que tienen Medi-Cal» y asegurarse de que el acceso a la atención es el mismo que para las personas con otros seguros. «Eso significa que el estado tendrá que asignar dinero para aumentar las tasas de reembolso y también eliminar las barreras en la atención», dijo.
Pero los legisladores estatales, la industria médica y el gobernador Jerry Brown discutieron sobre las tarifas del Medi-Cal a principios de este año, y no con la total aprobación de los médicos o defensores de los pacientes.
El mes pasado, Brown aprobó un presupuesto estatal que destina 465 millones de dólares de dinero del impuesto al tabaco para aumentar los pagos del Medi-Cal a médicos y dentistas. Eso es aproximadamente un tercio de los mil 200 millones de dólares que se espera recaude este impuesto en su primer año. Defensores de la salud y médicos inicialmente esperaban que el monto completo se utilizara para aumentar el sueldo de los proveedores. Durante el debate sobre el presupuesto se argumentó que los votantes habían aprobado el impuesto en noviembre pasado con la misma idea en mente.
Sáenz, de MALDEF, dijo que la cantidad asignada en última instancia «no va a contribuir mucho a corregir el problema».
Sáenz afirmó que si bien aumentar las tarifas de los proveedores del Medi-Cal es una parte esencial de mejorar el acceso a la atención de los pacientes del Medi-Cal, no es la solución completa. También hay obstáculos sistémicos y administrativos a superar, dijo. Ellos mencionan largos tiempos de procesamiento de solicitudes y el reto de asegurar que los médicos y especialistas tengan la capacidad de ver a nuevos pacientes, dijo.
También hay un gran signo de interrogación sobre todo el Medi-Cal, dado los esfuerzos en el Congreso para recortar la financiación del Medicaid y revertir la expansión del programa que se llevó a cabo bajo el Obamacare. Sáenz dijo que en este momento es difícil evaluar cómo estos cambios afectarían la capacidad de California para mejorar el acceso y la calidad de atención para su población del Medi-Cal.