El senador demócrata Kevin de León llamó el lunes a la intensión del procurador general para recortar el financiamiento federal de las llamadas ciudades de santuario, «nada menos que un chantaje». Foto: Ap.

De la redacción

En la larga saga contra las políticas antinmigrantes de la nueva administración, una victoria para quienes defienden a los inmigrantes indocumentados se alza en California. Y es que el Senado estatal acaba de aprobar la propuesta de ley SB 54, o “Ley de Valores de California”, que busca restringir el papel de los funcionarios estatales y locales en las deportaciones, reporta Los Angeles Times, que ha venido publicando una serie de duros editoriales contra la actual administración federal y contra Trump. De esta suerte, California está a punto de convertirse en un “estado santuario”.

La ley SB 54 que pasó ayer en el Senado estatal con una votación de 27 contra 12, es un fuerte mensaje a la política de deportación de Trump, pues evitará que la policía estatal, local y escolar utilice sus recursos para cooperar con las autoridades federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la investigación, persecución, detención y deportación expedita de individuos sólo por violaciones de inmigración.

“La policía estatal y local seguirá cumpliendo con las órdenes judiciales para transferir a los (verdaderos) delincuentes peligrosos a la custodia federal”, dice la lpropuesta de ley, de acuerdo con la agencia de noticias Efe, “a fin de cumplir con la ley federal de Inmigración”.

Dicha ley estipula que la prioridad de deportación es para los individuos –indocumentados o no- que hayan cometido crímenes serios, y no violaciones migratorias o de tránsito. Pero ocurre que aun por su sola apariencia, no caucásica, las deportaciones en efecto están ocurriendo todos los días según la prensa nacional y los testimonios de testigos y familiares afectados que recibe cotidianamente a través de sus radioescuchas esta red de emisoras de radio pública latina, Radio Bilingüe.

No obstante el presidente Trump ha calificado a los proyectos de ley de California para proteger o dar refugio a los indocumentados como políticas «ridículas», lo que dada la situación actual, afirma el Times, “da a la referida legislación propuesta por el presidente del Senado estatal, Kevin De León, credibilidad instantánea”.

Es más, en su editorial de hoy este periódico afirma que más bien “son las amenazas radicales de deportación de Trump las ridículas, y peligrosas, que hacen de propuestas como la SB 54, del presidente del Senado Pro Tempore Kevin De León, una parte del arsenal del estado para proteger a sus residentes y a su economía”.

No obstante la fuente advierte que “a medida que los detalles de la ley se están trabajando, De León y sus colegas deben tener cuidado de no convertir a California en la jurisdicción obstruccionista, que Trump y activistas antiinmigración han afirmado falsamente que es”.

Por su parte el periódico Sacramento Bee reporta hoy que durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca el Procurador General, Jeff Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de conceder subvenciones a las ciudades santuarios.

«Desafortunadamente –dijo el fiscal- algunos estados y ciudades han adoptado políticas diseñadas para frustrar la aplicación de las leyes de inmigración” y estas políticas “violan la ley federal».

El proyecto que presenta hoy De León no es nuevo, se había presentado ya pero ahora ha sido modificado. Por ejemplo, “para asegurar que el gobierno federal tenga un aviso previo de 60 días antes de que los delincuentes violentos sean liberados de la prisión estatal o la custodia local, dando a los funcionarios de inmigración tiempo suficiente para detener a los (verdaderos) delincuentes y para que cumplan con su objetivo”.

Lo que entre otras cosas busca Sessions y la administración federal es convertir a las fuerzas policiales en agentes de ICE, dice por su parte el periódico La Opinión de Los Ángeles: “Cuando la policía local es delegada para hacer cumplir las leyes de inmigración, nuestras comunidades se vuelven más –no menos– peligrosas”, señala De León.

Agrega: “Nuestros recursos limitados para la aplicación de la ley son malgastados cuando los oficiales de policía son retirados de sus deberes para arrestar a las camareras, estudiantes, garroteros y jornaleros, quienes se apegan a las leyes… Los residentes indocumentados no denunciarán los crímenes por temor a la deportación, y los delincuentes vagarán libremente para victimizar a otros”.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Política Pública de California, en este estado viven alrededor de 2.6 millones de inmigrantes indocumentados, o poco menos de la cuarta parte de todos los indocumentados del país, de los cuales “1.7 millones forma parte de la fuerza laboral representando el 10 por ciento del total de los trabajadores”,  enel Estado Dorado.

Pero la propuesta legislativa SB 54 tiene por supuesto sus detractores. Por ejemplo, el alguacil de Los Ángeles, «Jim McDonnell, criticó la ley y defendió la necesidad de colaborar con las autoridades federales de inmigración, y criticó la propuesta legislativa SB 54, que convertiría a California en un estado santuario”, reporta Efe.

La propuesta de ley ahora pasa a la Asamblea estatal, antes de que llegue a la oficina del gobernador para su firma, que aunque recientemente ha dicho que la firmaría, está por verse todavía. Pues como dice el refrán: ‘del plato a la boca, se cae la sopa’.