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De la redacción
Cuando los electores votaron en noviembre para elegir a Gavin Newsom como gobernador de California lo hicieron sabiendo que la pena capital era parte de su agenda política. Y consecuente con su promesa de campaña, el gobernador acaba de votar este fin de semana para suspender, por lo menos mientras dura su mandato, todas las ejecuciones de los presos que se hallan en el corredor de la muerte en California, que tiene la mayor población de reos condenados a este castigo capital no sólo en el estado sino ¡en todo el hemisferio! Línea Abierta aborda aquí este tema, como parte de la serie sobre la reforma al sistema de justicia penal, realizada en colaboración con The Justice Collaborative y su revista digital, The Appeal, y con fondos aportados por Public Welfare Foundation.
Cuando el gobernador Gavin Newsom declaró hace un par de días que en el ejercicio de sus facultades como ejecutivo estatal suspendía por decreto la pena de muerte, hubo quienes de inmediato aplaudieron la medida por motivos éticos, morales, como una pregunta filosófica, existencial. Tal es el caso del propio Newsom, quien como tantos otros sabe que personas inocentes han sido condenadas a muerte, y que esta terrible condena ha sido injusta históricamente contra personas de color.
“…Con esta moratoria pararemos la pena de muerte. No conmutaremos las sentencias, la gente seguirá en prisión. A partir de hoy no seguiremos con el protocolo de las inyecciones letales. Y en estos momentos cerraremos la cámara de la muerte en San Quintín… He escuchado a los expertos, y según ellos en nuestro sistema de justicia penal, es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente… nosotros hemos gastado ¡5 mil millones de dólares! en esto… si procedemos a ejecutar 737 personas en California, eso significará según cálculos de los expertos que habremos matado por lo menos 30 gentes que son inocentes ¿y qué nos hemos ganado?.. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo ser parte de esto, yo podría conciliar el sueño en la noche…”, dijo Gavin Newsom cuando anunció la medida.
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Abogada Cristina Bordé. Foto: University of Wisconsin Law School – UW-Madison
Newsom sostiene que de esas 737 personas que esperan en el corredor de la muerte, por lo menos 30 habrán de resultar inocentes. De hecho, 164 personas han sido ya exoneradas y liberadas tras haber sido condenados a muerte al descubrirse que habían sido procesados injusta y equivocadamente; e incluso como resultado de un proceso amañado, o con cargos fabricados. Según estadísticas, de cada 10 personas que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte, 6 son personas de color, a pesar de pertenecer al grupo de las minorías en el estado.
Línea Abierta decidió consultar al aire a dos posiciones encontradas. Una de ellas es Cristina Bordé, quien fue la abogada de Vicente Benavides, un campesino mexicano que pasó casi 25 años en el corredor de la muerte antes de ser exonerado y puesto en libertad; porque se comprobó que las pruebas que obraron en su contra habían sido fabricadas. A Benavidez se le negó un proceso justo.
Desde entonces Bordé se ha dedicado a encabezar proyectos de defensa a la inocencia de los mal juzgados, con foco en los que se hallan en la lista de la pena capital. Una de cada 25 personas condenadas a muerte podría ser inocente, dice la abogada.
En esta entrevista Bordé comenta desde su oficina en Oakland, la abogada señala que paulatinamente va habiendo “menos apetito –a nivel nacional- para condenar a las personas a la muerte”.
Y habla también de las ramificaciones que tienen este tipo de sentencias en los condenados a muerte, y señala la existencia de una disparidad racial en la aplicación de estas condenas; así como una disparidad por regiones geográficas, lo que a todas luces convierte la sentencia de muerte en arbitraria, dice.
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Silla eléctrica para matar a los presos condenados a muerte. Foto: Pixabay.
Con esta ley el gobernador sienta las bases, los principios de lo que podría imprimir un giro en la percepción popular acerca de la pena de muerte, sostiene Bordé.
¿Es un punto de inflexión en la política del Estado en materia penal?, quizas. Algunos piensan que se trata sólo de una acción simbólica, porque en los hechos no ha habido ejecuciones desde hacer 13 años (2006); y que lo más probable es que estas ejecuciones sigan atoradas los tribunales.
En cuanto a lo económico, afirma la abogada, los 5 mil millones de dólares destinados al corredor de la muerte podrían usarse mejor en el esclarecimiento de delitos de los condenados. Por fortuna, dice Bordé, hay una paulatina tendencia nacional a acabar con la sentencia de muerte.
En los hechos, por ejemplo, cada día menos jurados han dictado la pena capital. Y el margen de victoria electoral entre quienes apoyan la pena de muerte y los que están en su contra fue muy reducido en noviembre: 49 contra 51 por ciento. Además, la oferta que le vendieron al votante fue la de implementar la pena, pero no hablaron ni pensaron que se necesitan recursos para ponerla en práctica. Sobre todo en un momento y en un sistema de por sí rezagado por la enorme montaña de casos pendientes en las cortes de la nación, dice la abogada.
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El tema de la pena de muerte volverá a someterse a votación. Hay por ejemplo iniciativas para abolir la pena de muerte, encaminadas hacia las elecciones del 2020. Y existe también la posibilidad de que los republicanos lo retomen como tema de campaña para esas elecciones.
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Vicente Benavides. Foto: www.innocenceproject.org.
La abolición por decreto que dictó el gobernador Newsom, movilizó visiblemente a los partidos políticos, en California y más allá. Y también influyó en la opinión pública. Al parecer el gobernador Newson ha sabido articular elocuentemente los aspectos positivos de la medida.
Pero los líderes políticos conservadores, republicanos, reaccionaron censurando el decreto de suspensión de la pena capital. Se conoce de antemano la opinión del líder máximo de ese partido, el presidente Trump, quien apenas había sido decretada la ley atacó a su autor, Newsom, vía tuit: “Desafiando a los votantes el gobernador de California parará todas las ejecuciones de muerte de 737 fríos asesinos. Amigos y familiares de las víctimas, no están muy complacidos. Tampoco yo lo estoy”, advirtio.
Los republicanos que rechazan la ley del gobernador, alegan que la medida desafía la voluntad del elector, que votó en contra.
Para defender esta visión, Brian Arreyin, vocero del asambleísta estatal, Tom Lakey, contesta una a una las razones del gobernador Newsom para apoyar su decisión de suspender la pena capital. Señala que al margen de las ideas y sentimientos del gobernador, él como ejecutivo tiene la obligación de obedecer la voluntad del elector, que votó en mayoría en apoyo a la pena de muerte. “¿Qué se le va a decir a los familiares de las víctimas?”, pregunta Arreyin.
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