Jóvenes estudiantes activistas de Pomona, California, muestra su descontento contra la policía de esa ciudad latina. Foto: Rubén Tapia.
California es el estado donde más civiles mueren a manos de la policía. Un estudio del 2017 mostró que tres de cada cuatro víctimas inermes fueron personas de color y casi la mitad latinas. Ante el clamor público porque se atienda este serio problema de seguridad pública, dos legisladoras estatales presentaron propuestas diferentes que serán objeto de un candente debate político. La de la Asamblea propone condicionar el uso de fuerza letal de la policía sólo a casos de necesidad, y jalar a cuentas a los agentes. La otra, en el Senado, pone énfasis en la capacitación y crea mecanismos internos para el uso de la fuerza. Desde Los Ángeles, Rubén Tapia reporta sobre el debate.
Con un nudo en la garganta, Iván Alexander Herrera recuerda cómo un policía de la ciudad de Ontario mató a su padre, José Herrera, un camionero de 59 años de edad. La tragedia fue un Día de la Madre hace casi 5 años. Horas antes la extensa familia Herrera había celebrado la popular fecha.
“Y llego con rosas en manos a repartirle a todas las madres y pues tuvimos un bien día ese día en la tarde”, dijo Alexander Herrera.
Después de la fiesta, Don José sintió que le faltaba la respiración, era diabético y tenía problemas cardiacos.
“Se desmayó, y yo lo tenía en mis brazos y no quería despertar, y no estaba reaccionando. Y mi mamá me dice, ‘llámale a la ambulancia’”
Iván esperaba la ambulancia en otro cuarto cuando escuchó que su papá reaccionaba.
“Y oigo que mi papa dice: ‘Estoy bien, estoy bien, déjenme en paz quiero respirar’”
Don José se salió de la casa acompañado de su hijo mayor. Cuando se alejaba llegó la ambulancia, seguida de dos patrullas. Una alcanzó a Don José y a su hijo mayor. La otra se acercó a Iván que caminaba hacia ellos.
“Él se puso a la par mía, bajó su ventana y dice, ‘¿Qué está pasando?’ Y yo le expliqué lo que había sucedido con mi papa”
El otro patrullero le marcó el alto a su papá y a su hermano.
“Veo que mi papá le dice al policía que lo dejen en paz -let me f…king alone. Tiró sus manos arriba. En esos momentos salió de su patrulla el segundo policía con el que yo estaba hablando y con su tasser en la mano le disparó los tassers”
Cuando su papá se dobló por la descarga y se derrumbaba, el policía Nicolás Díaz sacó su pistola.
“Y le disparó a mi papá en la espalda. Cinco veces le disparó en la espalda y una vez en la cabeza. Yo tire de gritos y me fui corriendo a mi casa y le dije mi mamá lo que había pasado”
Iván Alexander Herrera, de lentes y manos en la chaqueta, participa en una protesta contra policía de Pomona,
California. Megáfono en mano, Benjamín Wood y el papá de otra víctima de abuso policiaco. Foto: Rubén Tapia.
Cuando los policías amenazaban con dispararle también a su hermano, Iván se interpuso.
“Le dije, hermano no quiero perderte ¡Cálmate! Se mordió la lengua desangrando, que por qué, porque, por qué lo habían disparado”
Minutos después los paramédicos lo declararon muerto. En su reporte los agentes asentaron que Don José se había puesto agresivo y los había intentado atacar con un cuchillo. En efecto tenía un cuchillo de utilería pero lo tenía guardado. La familia los demandó por lo civil y después de dos años y medio encontraron al agente Díaz culpable de negligencia. A Don José, lo responsabilizaron un 55 por ciento de su muerte. La familia Herrera recibió una millonaria compensación, pero el agente Díaz siguió en su trabajo asegura Iván Herrera:
“Lo vi a ese oficial en Ontario, trabajando todavía como policía”
Le reclamo airadamente, y dice que Díaz, amenazante lo siguió con su patrulla durante varias cuadras. La familia Herrera se mudó a otra ciudad.
Daisy Vieyra, de ACLU del norte de California, asesora de la AB 392. Foto: Facebook.
Para reducir las muertes, los altos costos -del 2002 al 2011 California pago más de 100 millones de dólares – y medidas contra la impunidad, la asambleísta demócrata Shirley Weber, hace pocas semanas presentó la propuesta AB 392. Una de sus asesoras es la estratega de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, Daisy Vieyra.
“Cada año, la policía de California mata más persona que en cualquier otro estado del país. Por ejemplo, el 2017 la policía aquí en California mató a 172 personas y casi la mitad de esas personas eran latinas”
La propuesta AB 392 busca restringir el uso de la fuerza letal, como afirma Vieyra. Lo han hecho con éxito en San Francisco, en Seattle y la recomendó el Departamento de Justicia durante el gobierno de Obama.
“Queremos que la policía sólo use fuerza letal cuando sea absolutamente necesario. Porque ahora lo que está pasando en California es que la policía puede matar a alguien aun cuando tiene otras opciones”
Además, propone capacitar a los policías en tácticas disuasivas y no disparen su arma de fuego como primera opción, destaca la estratega Vieyra:
“Y así nadie tenga que morir y nadie valla a la cárcel. Pero cuando los oficiales violen esta reglas y maten a alguien innecesariamente deben de rendir cuentas”
Lolita Harper, vocera de Protect California. Foto: Cortesía de Lolita Harper.
Modificar el uso de fuerza de manera razonable, como reconoce la Corte Suprema, a sólo cuando sea necesaria, como propone la AB 392, prendió las alarmas de los sindicatos y asociaciones de policías, de alguaciles y otras agencias. Por eso a finales del año pasado formaron Protect California, la primera coalición estatal de este tipo. Su vocera es Lolita Harper.
“Eso no va a servir a los oficiales, no va a servir a la comunidad, porque lo que va a pasar es que los oficiales no van a tomar acción. Y cuando no tomas acción se ponen en peligro todos”, dice Harper.
Y citó como ejemplo la ciudad de Chicago, donde asegura que cambiaron las reglas y el crimen se disparó. Por eso están decididos a tomar un rol activo en el debate.
“Tenemos que hacer algo juntos con la comunidad, con los empresarios, con las uniones; para dar más oportunidad a nuestras comunidades. Y también dar entrenamiento a los oficiales. Y tenemos que hacer más que sólo cambiar una ley que va a poner oficiales en la cárcel”
Protect California ordenó una encuesta con 800 electores. Un 71 por ciento favoreció que las autoridades se enfoquen en resolver el problema de raíz, y un 29% en enjuiciar a los policías. Además, le tocaron la puerta a la legisladora demócrata Anna Caballero, para que presentara la SB 230.
Senadora del Distrito 12, Anna Caballero. Foto: Página del Facebook de a. Caballero.
“Mi propuesta es para tratar de rebajar al máximo posible el uso de fuerza mortal”, señaló Caballero.
En su propuesta pone énfasis en la capacitación para cambiar la actual cultura del uso de la fuerza:
“En esas clases, como es la práctica para reducir la tensión, cómo puede agarrar la cooperación de alguien, cómo se usa un equipo de intervención para no tener que usar fuerza mortal”
Además, la demócrata Caballero dice que su legislación llevaría a los agentes a moderarse.
“Son nuevas obligaciones, uno es si un policía que vea que el uso fuera es necesaria y tiene que intervenir. Dos tiene la obligación de reportar el uso de fuerza que no es razonable al supervisor. El supervisor tiene que investigar la situación y reportarlo al alguacil del estado”
El debate de ambas legislaciones apenas empieza. En abril se darán las primeras escaramuzas en los comités y en la opinión pública, destaca la estratega Daisy Vieyra:
“No son complementarias. De hecho la SB 230, fue introducida para asegurarse que la AB 392 no pase”
Por su parte, la senadora Caballero considera que la ruta para lograr un acuerdo no será fácil.
“Las propuestas son totalmente diferentes. Poco a poco se va a aclarar cómo podemos hacer los cambios necesarios ojalá para tener una propuesta. Pero es solamente con la experiencia de los comités que vamos a saber si eso es posible”, advierte Vieyra.
Asambleísta demócrata de San Diego, Shirley Weber. Foto: de su página de Facebook.
Lo único que sí está claro es que el futuro de estas propuestas, que de ser aprobadas sentarían un precedente nacional, está en la cancha de los demócratas, que cuentan con super mayoría en ambas cámaras del Congreso estatal.
