El gobernador Jerry Brown firma la ley que renueva el sistema de fianzas de California, y proteger la seguridad pública, SB 10. Foto: @jerrybrownGov.

De la redacción

California dio un paso importante y firme este martes hacia una de las reformas más radicales en el sistema de justicia penal, con la firma de un proyecto de ley que pone fin al actual sistema de libertad bajo fianza y lo reemplaza con otro que otorga a los jueces mayor poder para decidir quién debe permanecer encarcelado antes de un juicio. Como se sabe, un elevado porcentaje de presos permanece en cautiverio -a costas del erario público-, aun si haber sido convictos de un crimen sólo porque no tienen dinero para pagar una fianza. Pero ahora, con la firma del gobernador Jerry Brown, de la Ley SB 10 “California reforma su sistema de libertad bajo fianza para que tanto ricos como pobres reciban un trato justo», dijo el mandatario.

Ahora, como en otros campos del acontecer cotidiano, California asume un papel de vanguardia sumándose a “un impulso nacional para evitar que los tribunales impongan una pesada carga financiera a los acusados antes de que se hayan enfrentado a un jurado”, reporta Los Angeles Times.

La legislación firmada ayer martes por Brown “prácticamente elimina el pago de dinero como condición de la liberación”. A partir de su entrada en vigor el 1 de octubre de 2019, se espera que la medida “diezme la industria de fianzas”. De hecho, algunas empresas prestamistas de fianzas “están pensando mudarse del California”, dijo a la fuente el agente de fianzas de Sacramento, Greg ‘Topo’ Padilla, presidente de la Asociación de Agentes de Golden State Bail.

Pero los partidarios del cambio, que incluyen a “altos funcionarios del estado, jueces, oficiales de libertad condicional y grupos de derechos civiles, aclamaron lo que llamaron un cambio de un sistema de prisión preventiva basado en la riqueza a uno centrado en la seguridad pública”.

Un grupo de magistrados, comandado por Tani Cantil-Sakuaye, presidente del Tribunal Supremo de California, elaboró la nueva ley durante un año de estudio y de trabajo. Partieron de la idea de que el sistema de fianzas de California era «obsoleto, inseguro e injusto».

Los jueces tendrán ahora mayor poder para decidir qué personas son un peligro para la comunidad y por tanto deben permanecer encerrados sin la posibilidad de salir libres, bajo una práctica conocida como «detención preventiva».

Tras firmarse la ley, en un comunicado el vice gobernador de California, Gavin Newsom dijo que «El saldo de la cuenta de cheques de una persona nunca debe determinar cómo son tratadas las personas según la ley».

Sin embargo, según el Times quedan aún muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, cómo este cambio alterará el sistema de justicia penal. La fuente reporta que «el proyecto de ley final no satisfizo a todos por igual». Algunos de los primeros patrocinadores se quejaron de que la versión final “permitirá a los jueces encarcelar a más personas, y no incluye suficiente supervisión sobre las herramientas legales de evaluación de riesgo, que son tendenciosas contra las comunidades de color”.

Un comunicado firmado por Abdi Soltani, director de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos en el norte de California, y en el sur del estado Héctor Villagra y Norma Chávez Peterson, representando a los condados de San Diego e Imperial, sostienen que «Nadie debería estar en la cárcel porque es demasiado pobre para pagar la fianza, pero tampoco deberían ser separados de su familia debido a una detención preventiva injusta».

Y hay quienes sostienen que la ley reemplazó un sistema injusto con uno potencialmente peor, «facultando a los jueces para quitarnos nuestra libertad en base a algoritmos sesgados y las propias elecciones subjetivas de los jueces, sin estándares y sin debido proceso», dijo al Times John Raphling, investigador principal de Human Rights Watch.

Con todo, la ACLU hizo un llamado ayer a los legisladores para “garantizar la imparcialidad en el sistema de justicia previa al juicio y para abordar, a través de una nueva legislación, posibles prejuicios raciales en las herramientas de evaluación de riesgos del nuevo sistema”.

Pero en declaraciones en el pleno del Senado y la Asamblea esta semana, los legisladores estatales hicieron hincapié en que “la legislación es sólo el primer paso para revisar el sistema de fianzas en su conjunto”■