De la redacción
Mesara de restaurant. Foto: http://articles.aberdeennews.com.
La administración Trump ha venido buscando la manera de despojar de las propinas a los trabajadores de restaurantes, hoteles y otros servicios donde los empleados tienen cntacto con el público, una gratificación extra que data de siglos, dicen expertos. Pero esta aviesa intención de Trump y su adminstración se topa hoy con la decidida voluntad de 17 estados, liderados por California para proteger a los trabajadores de lo que consideran el robo de sus propinas.
Ya desde finales diciembre de 2017 en una entrevista de The Washington Post con Heidi Shierholz, el economista del Instituto de Política Económica y antes economista en jefe del Departamento de Trabajo en el equipo del Vicepresidente Joe Biden, señalaba como “pésimo” al plan impositivo que fraguaba desde entonces el Partido Republicano, encaminado a “golpear a la clase trabajadora”.
Hablaba de una regla propuesta por los economistas de lo que iba a ser el Departamento de Trabajo de la administración Trump, “en la que los empleadores pueden tomar el control de las propinas de los trabajadores”, dijo en esa oportunidad el destacado economista. “Rescinde partes de las reglamentaciones del Departamento de Trabajo, establecidas desde hace mucho tiempo -2011 bajo la administración Obama-, que prohíben a los empleadores quedarse con las propinas”.
Y es que la nueva regla propuesta por esta administración establece que “mientras los trabajadores que reciben propinas ganen el salario mínimo –el federal es de 7.25 dólares por hora-, el empleador puede embolsarse sus propinas legalmente”. Es decir, se trata de la legalización del despojo, como hemos visto que se trata casi todo en esta administración.
Hoy el gobierno federal impone esta regla con la presunta intención de repartir las propinas retenidas a sus trabajadoresd con los otros empleados de un mismo establecimiento que reciben sueldo por hora pero sin propinas; como los cocineros, los lavaplatos y los trabajadores de limpieza, por ejemplo. Se supone que esta nueva regla tendrá impacto en al menos unos 281 mil establecimientos del país, como bares y restaurantes, con meseros y camareros de hoteles y otros servicios.
Por eso es tan importante el esfuerzo iniciado este lunes con la extensa carta que el que el fiscal General del estado de California, Xavier Becerra envía a nombre de 17 estados al Departamento de Trabajo, a fin de detener la referida regulación que permitiría a los empleadores retener hasta 5 mil 800 millones de dólares de los ingresos de dichos trabajadores.
En su misiva, Becerra afirma que dicha regulación carece de toda justificación, pues eliminar esta práctica laboral que lleva siglos existiendo, “contraviene leyes laborales estatales, y crearía confusión en estados que cumplen con las leyes salariales vigentes”.
En otras palabras, Becerra sostiene que los empleados perderían sus propinas para subsidiar los gastos de producción de los empleadores, dice en su carta elfiscal estatal.
En un comunicado aparte, citado hoy por el periódico La Opinión de Los Ángeles, Becerra destaca que se trata de un acto injusto, “retener las propinas de los trabajadores, especialmente de quienes ganan poco y dependen hasta el último centavo para cubrir sus gastos, mantener a sus familias, o pagar por su educación o carreras” universitarias.
Agrega: “Hemos presentado nuestra oposición con un particular sentido de urgencia, porque el Departamento del Trabajo aparentemente tomó medidas para ocultar un análisis económico desfavorable”.
Becerra se refiere al Acta de Normas Laborales Justas (FLSA), “que obliga a las empresas a pagar al menos el salario mínimo federal, ya sea en su totalidad o mediante una combinación de un salario de al menos 2.13 dólares la hora complementado por un ‘crédito parcial’ proveniente de propinas”, dice la fuente.
Por su parte la publicación electrónica, Slate, indica que la semana pasada mostró “cómo Trump y su administración están trabajando a favor del capital y la propiedad y en contra de aquellos que carecen de ambos”.
Bajo el director interino de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB), Mick Mulvaney, “ha dejado de monitorear activamente la industria de servicios financieros por fraude y mala conducta”. El mes pasado, sostiene Slat, “de acuerdo con su llamado a la ‘humildad’ de la agencia, Mulvaney, quien también dirige la Oficina de Administración y Presupuesto, solicitó cero fondos para el segundo trimestre de 2018”.
Y la semana pasada, “despojó a la oficina de préstamos justos de la CFPB de sus poderes para hacer cumplir la ley, una medida que, según él, mejorará la eficiencia pero que críticos como la Senadora -demócrata- Elizabeth Warren dicen que podría dejar ‘vulnerables a los prejuicios, a los vecindarios y consumidores de todo el país’».
Christine Owens, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Leyes de Empleo (NELP), dijo a La Opinión que “si las empresas tienen dificultades para retener a buenos empleados porque pagan poco, la solución es aumentar los salarios, no que el gobierno cambie las reglas para que las empresas tengan licencia para robar sus propinas”.
Pero en su defensa el Departamento del Trabajo argumentó que “la práctica de compartir propinas… ayuda a los empleados que normalmente no las reciben porque no tienen contacto directo con el público; como los lavaplatos o ayudantes de meseros (busboys), y contribuye a disminuir las desigualdades salariales”.
Las grandes corporaciones y grupos como la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de Restaurantes y Hoteles de Oregon, «llevaban años presionando por la eliminación del reglamento de 2011», concluye la fuente■
