Por Angela Hart
California Healthline, Sacramento, CA
Una iniciativa electoral en noviembre que subiría los impuestos a la propiedad de grandes empresas en California ha generado un apoyo político poco convencional: el de poderosas organizaciones del cuidado de salud y el de líderes de salud pública.
Para ellos, la Proposición 15 sería el potencial salvavidas para los departamentos de salud locales que sufren una crónica escasez de fondos y que luchan por responder a la peor crisis de salud pública en más de un siglo.
La iniciativa cambiaría el sistema de impuestos a la propiedad de California para gravar algunas propiedades comerciales con impuestos más altos que los residenciales; lo cual, según sus partidarios, generaría miles de millones para ayudar a los gobiernos locales a pagar por algo fundamental: la infraestructura y el personal de salud pública.
Sin fondos adicionales, estatales o federales, los gobiernos locales podrían verse obligados el año próximo a recortar más los presupuestos de sus departamentos de salud, y otras áreas, ya que la pandemia de COVID-19 sigue afectando las finanzas de las ciudades y los condados.
«Cuando se habla de atención médica, se habla de dinero», dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access California, un grupo de defensa del consumidor con sede en Sacramento. «Esta es la principal medida sobre ingresos en la votación de este año, y es una oportunidad para financiar la salud pública allí donde ésta es la principal responsabilidad, a nivel del condado».
Así es como quienes abogan por la salud pública caracterizan el alza de impuestos. Pero no hay garantía de que, si la iniciativa se aprueba, los condados usarán esos nuevos ingresos para hacer frente a COVID-19 u otras necesidades de salud. Además, algunos condados rurales temen perder dinero si la medida se aprueba, lo que podría socavar los esfuerzos a favor de la salud pública.
El apoyo del mundo de la salud y de los gobiernos locales no es unánime. La poderosa Asociación de Hospitales de California se opone a la medida porque resultaría en impuestos más altos para los hospitales privados y los que son propiedad de inversionistas, aseguró la vocera Jan Emerson-Shea.
Los hospitales sin fines de lucro, incluyendo los dirigidos por Sutter Health, Kaiser Permanente y Dignity Health están exentos del pago de impuestos a la propiedad a pesar de sus altos ingresos. Y permanecerían exentos con la iniciativa electoral. (KHN, que produce California Healthline, no está afiliada a Kaiser Permanente).
«Este nuevo impuesto significará que se perderán, para siempre, millones de dólares destinados al cuidado de los pacientes», señaló Emerson-Shea.
La Proposición 15 enmendaría la histórica iniciativa de impuestos a la propiedad en California de 1978, la Propuesta 13, que puso un tope a las tasas de impuestos a la propiedad comercial y residencial del 1 por ciento del valor tasado en el momento de la compra y que limitó los aumentos anuales a partir de entonces al 2%.
La caída de los impuestos sobre la propiedad, como resultado de la iniciativa, diezmó una importante fuente de ingresos para las escuelas públicas y los programas de bienestar social, dejando a muchos sin fondos.
Ahora se pide a los votantes que permitan impuestos más altos para los dueños de negocios con propiedades comerciales valoradas en más de 3 millones de dólares. Si se aprueba, la medida podría generar hasta 11 mil 500 millones de dólares al año, según la Legislative Analyst’s Office, una agencia estatal no partidista. Esto no aplicaría para las propiedades residenciales.
El 40% de los ingresos anuales se distribuiría entre las escuelas K-12 y los colegios universitarios, y el 60% se enviaría a ciudades y condados.
Nada en esta iniciativa requeriría que los nuevos ingresos locales se gasten en el cuidado de la salud, pero quienes la apoyan dicen que es su única esperanza, después de perder 134 millones de dólares en ingresos de salud pública estatal este año, al expirar los fondos emitidos por única vez para programas específicos.
Al mismo tiempo, golpeado por un déficit de 54 mil millones de dólares, según proyecciones, el gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales rechazaron aumentar los fondos para los departamentos de salud locales destinados a combatir COVID-19 y a reconstruir la infraestructura de salud pública.
Los patrocinadores de la Proposición 15, entre los que se encuentran la Asociación de Maestros de California y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California sostienen que es un cambio que debería haberse realizado hace tiempo y que gravaría a las empresas más ricas a cambio de la financiación de importantes programas escolares y de atención médica.
Señalan que la iniciativa, apoyada por Newsom y el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, exigiría a las escuelas y a los gobiernos locales hacer públicos los nuevos ingresos recibidos y cómo se gastaría el dinero.
Si se aprueba la iniciativa, el dinero empezaría a llegar a escuelas y condados en 2022, cuando muy pronto.
Quienes se oponen a la medida, incluyendo la Cámara de Comercio de California, el Partido Republicano de California y la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, dicen que aumentar los impuestos a las propiedades comerciales perjudicaría a las empresas en dificultades, muy afectadas por los cierres relacionados con COVID.
«Esto se está impulsando como una panacea para curarlo todo, pero al final del día, no hay responsabilidad sobre a dónde van estos fondos», expresó Michael Bustamante, vocero de la campaña No a la Prop 15. «Hay, sin duda, un número infinito de necesidades, pero no hay nada específico sobre en qué se puede o no se puede gastar».
Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Funcionarios de Salud de California, que representa a 61 funcionarios de salud locales del estado y que no se ha pronunciado sobre la iniciativa electoral, aseguró que los ingresos continuos, y sin restricciones, podrían en realidad beneficiar a los condados permitiéndoles liderar programas de salud pública que aborden las necesidades locales.
En la actualidad, los condados están limitados en lo que pueden hacer con sus dólares para la salud pública, dijo. La mayoría de los fondos adicionales, en los últimos años, se han destinado en gran medida a programas o enfermedades específicas, como la hepatitis C y el VIH; y los condados no están autorizados a gastarlos en su respuesta a COVID-19 o en otras actividades de salud pública.
«Tal vez la mayor prioridad de una comunidad no es algo que se financie fácilmente por una de estas subvenciones. Muchas zonas rurales de nuestro estado no tienen acceso a agua potable, por ejemplo», explicó DeBurgh. «Y nuestra mayor demanda, más trabajadores de salud pública, no se puede financiar con subvenciones o fondos para un gasto de una sola vez».
Líderes de la atención médica también sostienen que la iniciativa podría ayudar a apoyar a las clínicas comunitarias y hospitales públicos que brindan atención a personas sin seguro, que también han sufrido económicamente durante la pandemia.
«Lo que realmente estamos tratando de evitar es tener que equilibrar el presupuesto a costa de las personas que necesitan los servicios», puntualizó Jodi Hicks, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Affiliates of California. «Nuestro sistema de salud pública tiene claras desigualdades que debemos abordar, y el financiamiento adicional puede ayudar a llenar los vacíos a nivel de condados».
Hicks dijo que Planned Parenthood, que ofrece educación sexual en las escuelas públicas de California apoya la iniciativa no sólo para mejorar la salud pública sino también porque le preocupa que programas como la educación sexual estén en la cuerda floja, cuando el estado experimenta pérdidas económicas y laborales sin precedentes.
«Ese tipo de programas son los primeros en cancelarse cuando no hay suficientes fondos», añadió.
Los condados pequeños y rurales también podrían perder fondos, según asesores.
Aunque la iniciativa probablemente aumentaría los impuestos a los grandes propietarios comerciales, que han visto cómo sus tierras y propiedades se han revalorizado a lo largo de los años, también eliminaría los impuestos sobre la propiedad de otros activos empresariales, como maquinaria y equipos, por los primeros 500 mil de dólares de su valor.
Los condados que no han experimentado un aumento en el valor de la propiedad, como ha ocurrido en los de las regiones costeras, incluyendo el área de La Bahía, podrían no recaudar más impuestos sobre la propiedad y, al mismo tiempo, perderían ingresos por el recorte de impuestos sobre otros activos comerciales.
Chuck Leonhardt, asesor elegido para el condado rural de Plumas, proyecta que su condado podría ser uno de los perdedores.
«Al principio, esto tomaría 90 millones de dólares en valor tasado de nuestra lista de impuestos, y luego se tendrían que reevaluar 2 mil propiedades comerciales», indicó. «Muchos de nosotros, en los condados rurales, no creemos que nos beneficie hacer estas reevaluaciones y temo que podríamos perder algo de dinero».
Incluso entre los partidarios de la salud pública, algunos temen que cualquier ganancia potencial para los condados se asigne en base a los caprichos de la política local.
«Aunque lo apoyo, soy escéptico de que este dinero vaya a los programas de salud pública y a la infraestructura básica que tan desesperadamente necesitamos, porque la salud pública no es un distrito electoral», dijo Bruce Pomer, experto en salud pública y principal cabildero de la Asociación de Directores de Laboratorios de Salud Pública de California.
Puso como ejemplo al condado de Sacramento, donde el Departamento del Sheriff recibió la mayor parte de los 181 millones de dólares del dinero federal para el alivio de COVID-19, más que el Departamento de Salud Pública del condado.
«Me preocupa que ocurra lo mismo que ocurrió en el condado de Sacramento», concluyó Pomer■
