Cansados de los constantes desalojos y excesivos aumentos del precio de la renta y quejándose de la falta de apoyo de su gobierno municipal, residentes afectados y activistas de la ciudad de Santa Ana, en el conservador Condado Orange, sostienen una intensa campaña de recaudación de firmas para someter a referendo en dos años una iniciativa de control de rentas. Con el reporte de esta insurgencia ciudadana, desde Santa Ana, California, Rubén Tapia.
Se escucha sonido de alguien dando instrucciones…
En una oficina de la clínica comunitaria Latino Health Access, al estudiante de la Universidad de Fullerton, Juan Flores lo instruyen sobre cómo recaudar firmas en favor de que Santa Ana, una ciudad mayormente latina donde poco más de la mitad de sus 300 mil residentes son inquilinos, establezca un control de rentas.
Durante dos años vivió Juan con otro estudiante en una casa de dos recámaras cerca de la escuela.
“Para irme más cercas de la escuela he vivido en Anaheim, pero al último batallé para completar la renta”, dijo Juan.
Pagaban casi 2 mil dólares mensuales. Para sostenerse vendía celulares por comisión, pero en ocasiones sólo ganaba mil dólares -le quedaban 15 dólares para los demás gastos del mes–, y por eso en su último año de graduación mejor se regresó a casa.
“Aunque sea tengo la oportunidad de que me recibieron pa tras mis padres”
Esta tarde nublada Juan sale a recoger firmas con Cynthia Guerra, otra joven activista con mayor experiencia.
Cynthia Toca puertas…
“Mire, estamos recaudado firmas…”
Le gusta hablar con la gente pero a veces es difícil convencerlos, dice:
“Gente que yo creo también se siente un poco incómoda porque si son inquilinos, que alguien se valla dar cuenta y que vaya a haber represalias”
Cynthia tiene 25 años, le apasiona esta causa porque la conoció cuando sus padres perdieron su casa durante la crisis hipotecaria.
“No damos cuenta que el problema es mucho más grande”, observa la joven.
Participa en esta campaña otra joven milenio, Mextli López, quien se graduó de la Universidad de Santa Cruz. A pesar de que sus padres trabajan muy duro -su papá es mecánico y su mamá trabaja en limpieza y cuida niños-, desde que tiene memoria han vivido en muchas casas.
“Nos teníamos que mover muchas veces, muchísimas veces. Nos quedábamos en la casa de un amigo o rentábamos un cuarto por un ratito…, o hubo un tiempo que estuvimos viviendo en un hotel”
Se oye una conversación telefónica…
Karla Juárez, le llama a una voluntaria y líder de una organización de vecinos para que recojan firmas el fin de semana. Pero ella antes le cuenta a su amiga la urgencia que tiene:
“No logro completar para la renta ¡ah! Los días primeros del mes son los más difíciles y me hacen falta 500 dólares. Le hablé a fulano y le dije que si me prestaba algo que tengo un reloj que vale 700 y una cadena que vale 500…”
A veces su mamá hacía lo mismo, le responde Karla, una inmigrante guatemalteca que llegó ‘sin papeles’ a Estados Unidos. Fueron muy difíciles sus primero años, recuerda:
“Rentábamos un closet debajo de las escaleras y después de allí nos fuimos a rentar un cuarto, un lado es de ella y el otro de nosotros, después la sala…”
Karla, de 35 años es directora de reparaciones de una compañía de piscina. Se casó, se hizo ciudadana, compró casa y pudo apoyar a su mamá. Está contenta pero no le gusta lo que está pasando en su ciudad.
“Ya no es la venta de una persona a otra o una familia a otra. Es más bien una compañía que compra todo”, dice.
“Estamos recibiendo llamadas diario de gente que la están desalojando, de un mes a otro le suben 300 a 400 dólares de renta”, señala Sarahí.
Otra de las voluntarias es Sarahí Apero, una veterana organizadora comunitaria.
“Hay una gente que no le han cambiado la alfombra por 10 años y no hay una ley que le diga que la tiene nque cambiar. Pero ya el inquilino dice: mis hijos ya tiene alergias tiene asma. Entonces por ir a quejarse, les quitan las viviendas también”
Hace más de dos años Carolina Sarmiento y Revel Sims, una pareja de académicos de la Universidad de Wisconsin-Madison dieron a conocer el estudio, ‘Lacy in Crisis and in Action’, conocido popularmente como ‘La Data del Pueblo’, que reporta sobre Lacy, un barrio latino en el este de Santa Ana con 400 residentes y que está en la mira de las compañías inmobiliarias. Del estudio de 20 páginas, esta es una de las cifras que más le impacto dice Laura Pantoja organizadora de Latino Health Access:
“Para que una familia pueda alquilar un departamento de dos recamaras, una persona tendría que trabajar 140 horas a la semana con el salario mínimo. Eso significa que para pagar un departamento tiene que trabajar toda la familia o vivir muchas familias en un solo apartamento”
Preocupados acudieron al Concejo Municipal de la ciudad -compuesto de 6 concejales y un alcalde-, todos de origen latino. Para que hicieran algo y controlaran las rentas.
“Hablamos con los concejales, les pedimos el apoyo para que ellos lo pusieran y no tuviéramos que mandarlo a votación y no quisieron”, dice Laura.
En respuesta, los concejales ordenaron un estudio que rechazó el control de rentas y les propuso que construyeran vivienda accesible. Laura no les tiene confianza a los concejales:
“Sabemos que ellos si están comprometidos con la gente que invierte en la construcción, con los desarrolladores. Son los que les dan el dinero para sus campañas”
Buscamos la opinión del Alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, y de los concejales, Michelle Martínez y Vicente Sarmiento, pero al cierre de este reporte no habían respondido.
Ante el rechazo, TU Santa Ana (Tenants United Santa Ana), una coalición de 11 organizaciones escribió una propuesta de Control de Rentas. Si consiguen 10 mil firmas se presentará a referendo popular en las elecciones del 2020. Tres son sus aspectos principales, dice Laura Pantoja:
“La renta no subiría más de 5 por ciento anual. Segundo que no te pueden desalojar por causas injustificada, y va a haber un Comité de Vigilancia para asegurarnos que el control de renta se aplique y el comité tendría una mayoría de vecinos con integrantes de la ciudad”
Iniciativas ciudadanas parecidas a la de Santa Ana están floreciendo en todo el país, señala Elizabeth Blaney, codirectora de la Unión de Vecinos:
“En Pasadena, en Glendale, en Long Beach en Inglewood… Está pasando en Seattle, en Portland Oregón, en Chicago en Nueva York, en Miami; este es un movimiento nacional de inquilinos, porque la vivienda es un derecho humano”
Blaney rechaza que el control de rentas afecte la economía, argumento de la industria inmobiliaria y de los políticos aliados, sostiene.
“Hemos tenido control de renta desde el ‘78 aquí en Los Ángeles, y fue el mecanismo para tener vivienda económica aquí en esta ciudad. Así es que ya tiene más de 30 años de prueba que esto no es la verdad”
Lo que sí es un serio problema para la economía y que causa el aumento de la pobreza y más gente viviendo en las calles son las rentas fuera de control, señala Blaney, quien considera que para que una familia pueda vivir sin sobresaltos una tercera parte de su sueldo mensual debería de cubrir la renta, pero no es así.
“La gente está pagando, 50 hasta el 75 por ciento de su sueldo para pagar la renta. No hay otro dinero para pagar los otros ‘billes”
Por su parte los inquilinos de Santa Ana, entusiasmados porque, sin recursos, están a punto de conseguir las firmas para que califique su iniciativa, esperan mantener esta insurgencia cívica más allá del control de rentas, concluye Laura Pantoja:
“Lo que queremos lograr es crear un movimiento de inquilinos organizados que se sepan defender”■
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde Santa Ana, California, Guion y foto de Rubén Tapia.
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