Suprema Corte de Justicia, Washington, DC. Foto: AP

De la redacción

La Corte Suprema dio hoy un duro golpe al trabajo organizado, que los sindicatos esperaban preocupados mientras se decidía el caso Janus v. AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees).

Con los jueces más conservadores en la mayoría, en una votación de 5 a 4 el máximo tribunal dictó que en algunos estados los trabajadores del sector público que no son miembros de sindicatos, no pueden ser forzados a pagar una cuota al órgano que los representa, para cubrir los costos de la negociación del contrato colectivo. La decisión significa entre otras cosas que las uniones podrían perder decenas de millones de dólares y ver disminuida su efectividad para organizar contratos colectivos.

Con esto la Suprema Corte revierte un precedente legal, sentado por este máximo tribunal en 1977, que había permitido a trabajadores de la administración pública como los maestros, los policías, los bomberos y otros empleados del gobierno, pagar una mensualidad llamada de “participación justa” en lugar de las cuotas que pagan mensualmente los miembros de un sindicato para financiar actividades no políticas.

El fallo del máximo tribunal se basó en la Primera Enmienda, aduciendo que exigir dichos pagos de los trabajadores a los sindicatos que negocian con el gobierno, obliga a los trabajadores a respaldar mensajes políticos que pueden estar en desacuerdo con sus creencias políticas. En su defensa, los sindicatos argumentan que “el razonamiento es defectuoso”, de acuerdo con The New York Times.

Los sindicatos afirman que quienes no son miembros del sindicato cuentan con el derecho a “reembolsos de las cuotas cuando este dinero se gasta en actividades políticas, como publicidad para apoyar candidatos a puestos de elección popular”.

Con todo, el Tribunal dictaminó que la obligación de pagar por aquellos que no son miembros, por más que se beneficien de la protección del contrato, viola sus derechos de libertad de expresión y asociación recogida por la Primera Enmienda de la Constitución.

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Juez Dana Sabraw. Photo: tinewsphoto.com

El Juez federal de distrito, Dana Sabraw emitió este martes en San Diego, California, un requerimiento preliminar para que todos los niños afectados por la política de inmigración de «cero tolerancia» de la administración Trump se reúnan con sus padres en un lapso que va de 14 a 30 días. El fallo de la corte derivó de una solicitud interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu).

Bajo esta orden, los niños menores de 5 años deben reunirse con sus padres en el lapso de los primeros 14 días, mientras que los mayores deben hacerlo en un periodo de un mes. Y dentro de los primeros 10 días las autoridades federales deben permitir que los padres llamen a sus hijos si aún no están en contacto con ellos.

El abogado de Aclu, Lee Gelernt, quien solicitó la medida cautelar como parte de su demanda colectiva presentada en nombre de dos mujeres que fueron separadas de sus hijos en la frontera, afirma que el proceso para que los padres descubran dónde se encuentran estos niños ha sido un desafío: “Un número de línea directa donde los padres pueden llamar regularmente pone a las personas que llaman en espera, por períodos hasta de 30 minutos”, un lapso que es «inviable para los padres detenidos». Últimamente, agrega Gelernt, “las personas que llaman han recibido una señal de ocupado”.

Aunque el presidente Trump había emitido una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones familiar, lo cierto es que el gobierno aún tiene que reunir a más de 2 mil niños con sus padres, y no está claro si siquiera tiene idea de cómo localizar a los menores.

En su fallo el juez Sabraw dijo que «Los hechos expuestos ante la corte retratan a un gobierno reaccionario, en su respuesta para abordar una circunstancia caótica creada por el propio gobierno». La Aclu desmiente la idea de que haya un gobierno ordenado y con eficiencia, que son “los elementos centrales para cumplir con el concepto del debido proceso consagrado en nuestra Constitución».

El juez culpa al gobierno federal de que la orden ejecutiva que firmó Trump el 20 de junio «no dice nada sobre el tema de la reunión de familias que ya han sido separadas o serán separadas en el futuro».

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Paul Ryan, congresista de Wisconsin, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en el Congreso de la Unión. Foto: www.commons.wikipedia.com.

La Cámara de Representantes rechazó por abrumadora mayoría una importante reforma migratoria, a pesar de una súplica de último momento del presidente Trump, ya que las divisiones no lograron superar a la desunión interna de los republicanos, que continuaron entorpeciendo los esfuerzos legislativos para proteger a los jóvenes inmigrantes no autorizados conocidos como Dreamers.

121 de los 301 votos se pronunciaron contra el proyecto de ley, que fue “una vergüenza tanto para Trump como para los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, que habían pasado semanas tratando de unir a los republicanos de línea dura y los moderados de inmigración, y terminaron por alejar a muchos en ambos bandos”.

La derrota proporcionó la última muestra de la desunión del Partido Republicano sobre inmigración en el Congreso. Y puso de relieve la continua incapacidad tanto de la Cámara de Representantes como del Senado para resolver el destino de los Soñadores, protegidos de la deportación bajo DACA, que Trump finalizó desde el año pasado, que se mantiene viva en los tribunales pero el hecho de que el Congreso no acuerde una solución legislativa significa que cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados continuarán enfrentando un futuro incierto.

Es probable que los republicanos en la Cámara de Representantes centren su atención en una legislación más estricta, que buscaría mantener juntas a las familias de inmigrantes separadas en la frontera, un tema que los senadores también buscan abordar. Pero con el acercamiento del 4 de julio y los legisladores cerca de regresar a casa para un receso, no está claro qué tan rápido podría avanzar una medida más estrecha.

Los líderes republicanos de la cámara baja retrasaron dos veces la votación sobre la reforma migratoria la semana pasada, para darse más tiempo y obtener apoyo. Pero hasta el día de ayer sus esfuerzos de último momento no habían producido ninguna nueva efusión de entusiasmo, y Trump no ayudó en nada, poniendo en entre dicho sus presumidas dotes de buen negociador.

La legislación siguió en gran medida los principios de inmigración perseguidos por la Casa Blanca en enero, de proporcionar 25 mil millones de dólares para el muro fronterizo del presidente Trump, y reducir la inmigración legal a cambio de otorgar a los jóvenes indocumentados –Dreamers- una oportunidad de obtener la ciudadanía. También permitiría a las familias migrantes permanecer juntas mientras están detenidas.

Atrapado por aliados y antagonista Trump tuiteó su apoyo al proyecto de ley. El tweet contrasta fuertemente sin embargo con uno que envió el viernes en el que dijo que los republicanos «deberían dejar de perder su tiempo en Inmigración» hasta después de las elecciones de mitad de período, cuando, pronosticó, se elegirían más legisladores del Partido Republicano.

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Por otro lado El juez Anthony Kennedy anunció que se retira del Tribunal Supremo, anuncio que le da al presidente Trump la oportunidad de crear una sólida mayoría conservadora de cinco miembros y fundamentalmente cambiar la dirección de la corte.