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De la redacción
En medio de la pandemia de Covid-19 que vive el país, las comunidades inmigrantes podrán acceder de manera segura a la atención médica crítica y a la asistencia gubernamental, ordenó un juez federal, bloqueando la regla de la administración Trump sobre la «carga pública» como un agravante para los inmigrantes que buscan un ajuste de estatus migratorio.
Dos medidas cautelares de alcance nacional fueron emitidas por el Tribunal federal para el Distrito Sur en Manhattan, a nombre de una coalición de organizaciones pro inmigrantes en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En una de las órdenes judiciales del juez fedral George B. Daniels, «se impide al DHS hacer cumplir, aplicar, implementar o tratar como efectiva la regla de ‘carga pública’ durante cualquier período, mientras haya una emergencia de salud nacional declarada en respuesta al brote de COVID-19”. Y la emergencia existe: en Estados Unidos hay hoy casi 4.5 millones de casos de contagio y unas 152 mil defunciones.
Línea Abierta abordó el tema hoy e invitó al asambleísta demócrata de Los Ángeles, California, Miguel Santiago, para hablar sobre el memorando que inesperadamente dictó el presidente Trump ordenando purgar del censo a todos los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. La movida daría paso a un rediseño poblacional de los distritos electorales que determinan los escaños en el Congreso federal.
–¿De qué forma siente usted que esta medida del Presidente impactará a los latinos, y a los esfuerzos por diseñar distritos de mayorías latina? –preguntó al legislador, Samuel Orozco, Director de Noticias de Radio Bilingüe y conductor habitual del programa de Línea Abierta .
Escuche:
La exitosa argumentación del Juez Daniels señala que “la pandemia de COVID-19 ha hecho que la regla de carga pública del DHS sea letal para las comunidades inmigrantes, al reducir el uso de la atención médica y otros beneficios”. Además este juez ordenó al Departamento de Estado que “aplique su regla paralela de carga pública, incluida la proclamación de atención médica del presidente Trump a los solicitantes de visas en las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero”.
Como recordarán seguramente nuestros lectores, por la amplia y oportuna difusión que hemos dado al tema, en enero de este año la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la decisión que una corte de Nueva York emitió en octubre de 2019 para bloquear la regla de «carga pública» del DHS.
Como resultado, “el DHS comenzó a hacer cumplir la norma el 24 de febrero de 2020, justo antes de que el brote de coronavirus se convirtiera en una pandemia en todo el país”, sostiene el comunicado de la coalición pro inmigrante que demanda.
Esta nueva orden que el juez Daniels dictó ayer miércoles contra el DHS fue en respuesta a una moción conjunta presentada por abogados del Centro de Derechos Constitucionales; The Legal Aid Society; y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, que se unieron a la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, en representación de los Estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, y la Ciudad de Nueva York también. La orden argumenta que “los inmigrantes no deben ser disuadidos de acceder a servicios de salud, beneficios y servicios gubernamentales, especialmente durante esta crisis de salud sin precedentes”.
La segunda orden judicial que emitió el juez Daniels, tambié de alcance nacional, se refiere a un caso por separado que impugna la regla de carga pública del DOE, así como la Proclamación de Atención Médica del Presidente, que “requiere que los solicitantes de visa muestren prueba de seguro de salud privado” al solicitar la visa en sus países de origen.
La organización comunitaria pro inmigrante, y una de las demandantes, Make the Road NY, además de aplaudir la decisión del tribunal en Manhattan dice haber visto «el efecto devastador que la referida regla tiene en las familias, viviendo con miedo de buscar atención médica y formas básicas de asistencia; como las despensas de alimentos que se reparten a domicilio a todo mundo, e incluso los almuerzos escolares de los que muchas veces dependen en buena medida sus hijos… Seguiremos luchando para detener los ataques imprudentes e inhumanos de la administración Trump contra los inmigrantes”, declaró Javier Valdez, codirector de esta organización.
Hoy, debido a este imporante fallo judicial, “los inmigrantes que buscan pasar por el proceso consular no estarán sujetos a la prueba de carga pública utilizada por el Departamento de Estado”. El fallo de hoy es la primera decisión que aborda estas políticas por completo, ordenadas por el juez indefinidamente■
