El director de la Oficina de Correos había ordenado que los camiones de reparto del servicio postal salieran de sus oficinas aún si no habían cargado la correspondencia para el reparto. Foto: https://www.theusconstitution.org.

De la redacción

En medio de la controversia que tiene en el centro a los intentos de la administración Trump por desmantelar a la Oficina de Correos de Estados Unidos (USPS), disputa que hemos reportado ampliamente en estas páginas, un juez federal bloqueó el jueves los controvertidos cambios en el servicio postal estadunidense argumentando que son «un ataque con motivaciones políticas».

A través del Director de la Oficina de Correos, Louis DeJoy, se ha ralentizado o disminuido el tiempo de la entrega de la correspondencia del USPS en el país, y probablemente se retrasará la entrega de boletas en las próximas elecciones presidenciales, dicela agencia de noticias Reuters.

De esta suerte, el juez federal de distrito en Yakima, Washington, Stanley Bastian habría dicho estar emitiendo “una orden judicial a nivel nacional solicitada por 14 estados en un caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el director general de correos Louis DeJoy y el Servicio Postal de Estados Unidos, por cambios operados en el servicio en julio”.

Los 14 estados a los que se refiere el juez Bastian son encabezados por el estado de Washington, y habían presentado una moción para una orden judicial preliminar pidiendo a la corte que detuviera inmediatamente la política de «dejar el correo atrás», que requería de los camiones postales que salieran en ciertos momentos sin importar si el correo estaba cargado, dice la fuente.

Los estados también pidieron que todo el correo electoral sea tratado como servicio de primera clase, que se reemplacen las máquinas clasificadoras necesarias para procesar enormes volúmenes de correspondencia y paquetería, con énfasis no sólo en las boletas electorales sino también en las medicinas de que dependen millones de estadunidenses todos los días, así como sus cheques de retiro, para la manutención de los hijos, pagos de hipotecas y compras en línea, etcétera.

El tribunal ordenó entonces que se reviertan los cambios al USPS impuestos  por DeJoy con el pretexto de reducir costos de operación, y que el servicio postal cumpla con el compromiso de suspender dichos cambios hasta después de las elecciones del 3 de noviembre, luego de que demócratas lo acusaran de “intentar poner su pulgar en la balanza para ayudar a Trump”, lo que DeJoy ha negado.

Es evidente que, en medio de una pandemia de Covid-19 que ha cobrado la vida de casi 200 mil estadunidenses se espere un aumento en las boletas enviadas por correo durante este ciclo electoral a punto de comenzar -en algunos lugares ya empezó- para evitar exponerse al coronavirus.

«Los estados han demostrado que los acusados están involucrados en un ataque por motivos políticos a la eficiencia del servicio postal», dijo el juez según la fuente, después de aproximadamente dos horas y media de argumentos que Reuters dice haber escuchado por teléfono.

«También han demostrado que este ataque al servicio postal probablemente dañará irreparablemente la capacidad de los estados para administrar las elecciones generales de 2020».

El juez argumentó que la orden judicial preliminar se emitiría esencialmente como lo solicitaron los estados, y que presentaría una orden por escrito con detalles, probablemente a más tardar el próximo jueves.

El portavoz del Servicio Postal de Estados Unidos, Dave Partenheimer dijo que mientras la agencia estaba explorando sus opciones legales, estaba “lista y comprometida para manejar cualquier volumen de correo electoral que reciba”.

Según la fuente, el abogado Joseph Borson, que representó a los acusados dijo que “el servicio postal está preparado para entregar el correo electoral a tiempo y los problemas se han resuelto en gran medida… los estados están obligados a llevar el asunto a la Comisión Reguladora Postal, no a los tribunales… El servicio postal ha realizado y seguirá haciendo esfuerzos extraordinarios para garantizar que se entreguen todas las boletas”.

Además de Washington, los estados que se unieron a la demanda incluyen Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin. Demandas similares por parte de otros estados están pendientes en Pensilvania y Nueva York.

«La victoria de hoy protege una institución crítica para nuestro país… Los estadunidenses ahora pueden votar con confianza por correo y hacer que se escuchen sus voces», dijo de acuerdo con la fuente y después del fallo, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson■