Aumenta el temor, pero también las demandas contra la regla de Carga Pública. Foto: Make The Road NY.
De la redacción
La administración Biden retiró una apelación del gobierno de Trump sometida a la Corte Suprema de la nación, y bloqueda por el tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, a nombre de una coalición de organizaciones pro inmigrantes y en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump.
La llamada regla de «carga pública» de la pasada administración impedía a los inmigrantes no autorizados y a los residentes legales solicitar beneficios públicos, que evitaban incluso que sus hijos aun siendo ciudadanos solicitaran atención médica, cupones de alimentos y hasta desayunos escolares, entre otras cosas, para lo que algunos de ellos estaban debidamente autorizados por la ley.
Como hemos publicado consistentemente en este espacio informativo, dicha regla atemoriza también a los residentes legales no ciudadanos para solicitar cualquiera de estos beneficios o servicios públicos aun teniendo derecho a ellos, entre otras cosas por temor a frustrar la posibilidad de poder ajustar su estatus migratorio en el futuro.
La medida de la pasada administración, de negar por ejemplo a los inmigrantes indocumentados tener acceso a los servicios públicos de salud, es particularmente peligrosa en estos tiempos de pandemia. Pues como son trabajadores esenciales, es decir que entran diariamente en contacto con el público exponiéndose a ser infectados, contradice los planes del sector salud, de que todo mundo acuda a un hospital en caso de infección o incluso a solicitar la vacuna.
Y aunque las autoridades comienzan a dar prioridad a estos trabajadores esenciales en las campañas oficiales de vacunación, la pandemia del miedo a las autoridades de Inmigración sigue estando en los inmigrantes bien arraigada, como si se tratara de una ‘subcultura’ del miedo.
Con todo, gracias a la decisión de la administración Biden, de bloquear en la Corte Suprema la infame regla de la falsa carga pública, los inmigrantes ahora pueden acceder a servicios que salvan vidas y contribuyen a combatir la pandemia, sin temor a ser castigados por Inmigración a partir de hoy 9 de marzo de 2021, dice un comunicado de la organización Se hace camino Nueva York , a nombre del siguiente grupo de organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Como hemos señalado aquí, la lista de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que litigan contra la ominosa regla de «carga pública», incluye a The Legal Aid Society; Center for Constitutional Rights y el bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; a nombre de Make the Road New York, African Services Committee, Asian American Federation, Catholic Charities Community Services y Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC).
El comunicado hizo hoy la siguiente declaración sobre el retiro solicitado por la administración Biden, de la apelación de Trump a la Corte Suprema, sometida por un tribunal inferior a nombre del gobierno de Trump.
Hoy el actual gobierno federal ordenó pues, que se declare ilegal la ominosa regla de carga pública del anterior Departamento de Seguridad Nacional, “despejando el camino por fin para que esta regla ilegal ya no se aplique”, dice el comunicado.
“Las familias inmigrantes ahora pueden acceder a asistencia médica, alimentos y vivienda que salvan vidas sin temor a perder la oportunidad de obtener la residencia permanente legal, porque las acciones de hoy significan que la dañina regla de carga pública de Trump volverá a ser obstruida”.
Y agrega que “El gobierno de Trump erigió un muro invisible en forma de prueba de riqueza”, es decir que para entrar al país había que demostrar tener dinero para venir a gastar, y “discriminaba a las personas por motivos de raza como condición para regularizar su estatus migratorio”.
Además, dicha regla “invitaba a tomar decisiones arbitrarias y sesgadas”, y debido a ella, “las familias inmigrantes han estado viviendo con el temor de usar beneficios esenciales como la atención médica, a pesar de servir como trabajadores de primera línea que se encuentran entre los más afectados por COVID-19”, como también hemos señalado en estas mismas páginas.
Desde 2019, dicen los demandantes, “hemos estado luchando contra la regla de carga pública descaradamente racista y xenófoba en los tribunales y a través de la educación comunitaria. Haremos todo lo posible para alentar a las comunidades de inmigrantes a buscar la asistencia médica, alimentaria y de vivienda a la que son elegibles, y les afirmamos que son especialmente importantes durante esta crisis económica y de salud pública”.
Enhorabuena■
Antecedentes:
- La regla de carga pública de la administración Trump creo una prueba de riqueza para los no ciudadanos que buscan el estatus de residente permanente, o la entrada legal a Estados Unidos.
- La regla redefinió ilegalmente el término «carga pública», transformándolo de un término que el Congreso pretendía aplicar sólo a una categoría limitada de personas que están institucionalizadas.
- O de otra manera, de personas que dependen principal o totalmente de la asistencia pública en efectivo, para incluir en su lugar a cualquier persona que el servicio de Inmigración considere que pueda recibir incluso pequeñas cantidades de una amplia gama de beneficios públicos.
- Los beneficios podían ser en efectivo o no, en cualquier momento en el futuro, incluso temporalmente e incluso después de convertirse en ciudadanos estadunidenses.
- Estos beneficios incluyen asistencia alimentaria, atención médica y asistencia para la vivienda.
- A los posibles recipientes de la carga pública se les negaría la entrada a Estados Unidos, o la residencia permanente legal, y no podrían cambiar o extender su estado migratrio dentro de este país.
- El juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, George B. Daniels ordenó el retiro de la regla sometida por el Departamento de Seguridad Nacional de Trump en octubre de 2019, pero la Corte Suprema suspendió la orden judicial el 27 de enero de 2020.
- La regla entró en vigencia un febrero de 2020.
- La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la orden judicial en agosto de 2020, y encontró que la regla de la administración Trump socavó la intención «inequívoca» del Congreso.
- La desestimación de la apelación en la Corte Suprema hoy, levanta la suspensión de la ominosa orden judicial en Nueva York, Connecticut y Vermont.
