Marnobia Juárez llegó a Estados Unidos desde Guatemala y vive en Maryland. Ella sueña con obtener su tarjeta de residencia, pero cada vez tiene más preocupaciones de que no sucederá bajo la política de Trump. Juárez fue diagnosticado con cáncer de mama en 2014 y recibe atención médica a través de un programa estatal de salud. (Foto: Paula Andalo / KHN)
La administración Trump está considerando un cambio de política que podría desalentar a inmigrantes que aplican para obtener la residencia permanente de utilizar servicios de salud respaldados por el gobierno, un escenario que es alarmante para algunos médicos, hospitales y defensores de pacientes.
Según un borrador del plan, publicado por The Washington Post, un inmigrante legal podría tener problemas para obtener la residencia permanente (green card) si usa, o ha usado en el pasado reciente, Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno. Incluso si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener una residencia legal, según el documento.
Los defensores de salud dicen que esta norma generaría miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que podrían optar por no usar cobertura de salud respaldada por el gobierno, algo que, aseguran, crearía problemas de salud pública que podrían ser terribles. Alrededor de 3 millones de personas recibieron la residencia permanente de 2014 a 2016, según registros del gobierno. Los inmigrantes con visas o aquellos que pueden no tener un estatus legal, pero planean buscar la ciudadanía o la green card a través de una relación familiar cercana, también se verían afectados.
«Estamos muy preocupados porque esta norma, si entra en vigor tendría un impacto significativo en la salud del país», dijo Erin O’Malley, principal directora de política de America’s Essential Hospitals, entidad que discutió el plan con funcionarios de la administración Trump a mediados de abril.
O’Malley dijo que teme que algunas personas con visa, y sus familias, no hagan sus citas para atención médica de rutina, y sólo recurran a las salas de emergencia. Este cambio «minaría la estabilidad de nuestros hospitales al generar pacientes más enfermos y costos de atención no compensados», explicó O’Malley.
Wendy Parmet (Cortesía de Northeastern University).
Por ejemplo, el cambio de política podría obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención hospitalaria para un recién nacido enfermo, contra la pérdida de su estatus migratorio legal, dijo Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University.
«En el borrador, la administración habla sobre la autosuficiencia», dijo. «Pero no esperamos eso de [bebés]» que son ciudadanos de Estados Unidos, porque nacieron en este país. «Es una norma extremadamente dura».
Gabrielle Lessard, abogada de políticas en Los Ángeles y quien trabaja con el National Immigration Law Center, dijo que el borrador de la propuesta parece ser una «puerta trasera» para implementar el plan de inmigración de Trump, basado en el mérito, sin pasar por el Congreso.
«Es un intento de hacer que las familias inmigrantes sientan que no pertenecen aquí, para obligarlas a elegir entre satisfacer las necesidades humanas básicas con servicios como Medicaid y SNAP [cupones de alimentos] y poder unirse con sus familiares», afirmó. «El propósito es cambiar la demografía del país y, en última instancia, quién será un votante».
Aunque se encuentra en las primeras etapas del proceso de reglamentación, la reacción para frenar esta propuesta ya ha comenzado.
El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee está enviando personal de su oficina para reunirse con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que está examinando la norma propuesta. Inslee envió una carta el 24 de abril para pedirle al director de la OMB, Mick Mulvaney, que considere el impacto en los inmigrantes legales que pagan impuestos.
El gobernador Jay Inslee (D-Wash). Foto: Cortesía de la Oficina del Gobernador de Washington.
«Esto indudablemente llevará a que personas de todos los Estados Unidos pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia económica e incluso se queden sin hogar», escribió Inslee.
Thu Quach, subdirectora de administración de Asian Health Services en Oakland, California, dijo que los «efectos escalofriantes» del borrador filtrado ya se están sintiendo.
Los centros de salud comunitarios informan que los pacientes inmigrantes y sus hijos están optando por dejar los programas públicos, y están limitando la utilización de los servicios de atención médica, dijo Quach. «Cuando nos vemos obligados a elegir entre mantener a las familias unidas y la propia salud, sabemos lo que los padres harían».
El borrador que se filtró a la prensa dice que los funcionarios de inmigración considerarían el uso de uno o más beneficios no monetarios por parte del solicitante dentro de los últimos tres años como un «factor negativo muy fuerte» a la hora de decidir si se le otorga o no la residencia permanente.
El 29 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional envió una versión de la propuesta a OMB, que la revisa en caso que haya conflicto con la ley existente. Luego, la norma propuesta se publicará para que las personas puedan comentar antes que se finalice.
Marilú Cabrera, funcionaria de asuntos públicos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, se negó a comentar si el borrador publicado por el Post refleja lo que la OMB está revisando.
Dra. Julie Linton. foto: Cortesía del Centro Médico Bautista Wake Forest.
Mientras tanto, los médicos ya perciben el miedo en las comunidades de inmigrantes. La doctora Julie Linton, vocera de la Academia Estadunidense de Pediatría, trata a muchas familias de inmigrantes latinos en una clínica ambulatoria en Winston-Salem, Carolina del Norte. Linton contó que una mujer de México, con un bebé recién nacido y otros tres niños, le dijo que tenía miedo de mantener a su familia inscrita en el programa de nutrición para Mujeres, Infantes y Niños (WIC). «¿Es seguro usar WIC?», le preguntó la mujer.
Linton dijo que preguntas como esa ponen a los pediatras en una posición difícil. Dijo que la evidencia muestra que inscribirse en WIC conduce a mejores resultados de salud para los niños. Pero, ¿y si también pone a la familia en riesgo de separarse?
«Genera temor tener a una familia frente a mí, con un hijo con tanto potencial (…) y no saber cómo aconsejarles» sobre si aceptar o no los beneficios públicos, dijo Linton.
María Gómez, presidenta de Mary’s Center, que administra clínicas de salud en Washington, D.C. y Maryland, dijo que ve entre tres y cuatro personas a la semana que no solicitan WIC y cancelan sus citas para volver a inscribirse en Medicaid, aunque son elegibles.
María Gómez. Foto: Cortesía de Mary’s Center.
El borrador de la propuesta que se filtró se centra en quién se considera una «carga pública» (public charge). El concepto surgió en la ley de inmigración de 1882, cuando el Congreso buscó prohibir la permanencia en el país de inmigrantes que eran «idiotas, lunáticos» o aquellos que podrían convertirse en una carga para el gobierno.
La noción de «carga pública» resurgió en 1999, cuando el Servicio de Inmigración aclaró el concepto. Desde entonces, un inmigrante es considerado una “carga pública” si es probable que dependa del gobierno para obtener ingresos, o viva por mucho tiempo en una institución financiada por el gobierno.
Sin embargo, la directriz publicada en 1999 aclaró que los residentes legales tenían libre acceso a beneficios no monetarios como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para facturas de calefacción. «Estos beneficios a menudo se brindan a familias trabajadoras de bajos ingresos para mantener y mejorar su capacidad de ser autosuficientes», dice la guía.
La nueva propuesta, tal como está redactada, suspendería esto.
Según el documento filtrado, cualquier persona que esté utilizando, o haya usado en los 36 meses anteriores, un beneficio gubernamental no monetario será considera una «carga pública» y, por lo tanto, será inadmisible para Estados Unidos. El uso de estos beneficios por parte de un cónyuge, un padre dependiente o un hijo también serían tomados en cuenta.
Los solicitantes que tienen «costosas condiciones de salud», como cáncer, enfermedades del corazón o «trastornos mentales» y que han utilizado un programa subsidiado también recibirán una “muy fuerte” calificación negativa en su solicitud, indica el borrador.
Marinoba Juárez. Foto: Paula Andalo / KHN.
Marnobia Juárez, de 48 años, es sobreviviente de cáncer y espera que su marido pronto obtenga su residencia. Ella misma sueña con tenerla algún día. Pero piensa que es algo cada vez más lejano. La mujer, que vive en Maryland dijo que nunca quiso solicitar beneficios públicos hasta que le diagnosticaron cáncer de seno en 2014. Desde entonces, ha sido tratada sin costo bajo un programa administrado por el estado.
«Estoy viva gracias a este programa», dijo Juárez, quien es voluntaria de salud con un grupo de defensa de inmigrantes. «Están jugando con la vida».
El borrador dice que los inmigrantes pueden pagar 10 mil dólares para ayudar a superar la determinación sobre que podrían ser una «carga pública».
De concretarse, estos cambios afectarían a las personas patrocinadas por un familiar que sea ciudadano o residente, la mayoría de los inmigrantes con visas de trabajo, inmigrantes con visas de diversidad y «ciertos personas no inmigrantes», indica el borrador. En 2016, 1.2 millones de personas obtuvieron su residencia permanente. De ellas, 566 mil eran parientes inmediatos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 238 mil más fueron patrocinados por la familia, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Algunos inmigrantes, como refugiados y asilados, no se verán afectados.
«Estamos hablando de familias de clase media y trabajadoras», dijo Madison Hardee, principal abogada de políticas del Center for Law and Social Policy, que ha organizado una coalición para luchar contra la propuesta. «Esto realmente podría poner a los padres en una situación imposible entre buscar asistencia médica para sus hijos y obtener un estatus legal permanente»
El borrador dice que la propuesta pretende garantizar que las personas que buscan «cambiar su estatus de no inmigrantes sean autosuficientes». Toma nota de «declaraciones políticas relevantes del Congreso», incluyendo una que dice que «la disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo», para la inmigración a Estados Unidos».
